¿Por qué Omella no ha ido al Parlamento?

Ya me perdonarán porque la pregunta debe responderla el cardenal Juan José Omella y no un servidor. En realidad, ya la respondió con la carta que envió a la presidenta del Parlament el pasado viernes argumentando porque no comparecería ante la Comisión de Investigación sobre la Pederastia en la Iglesia. Pero más allá de los argumentos jurídico-constitucionales que de forma técnica y poco empática recoge la carta, ha habido varios factores que seguramente han pesado en la balanza para valorar si era necesario acudir al Parlamento.

-La comisión claramente sobrepasa las competencias del Parlament. Las comisiones de investigación son un mecanismo para depurar responsabilidades políticas y, en su caso, trasladar las conclusiones a la fiscalía para que emprenda las acciones legales que considere oportunas. Pero ni Omella es un servidor público, ni la comisión puede convertirse en un tribunal popular.

-El alcance de la comisión es también discutible y ya fue tema de debate durante su constitución. Todo terminó con un acuerdo singular entre grupos parlamentarios. Se mantuvo el nombre de “Comisión de Investigación sobre la Pederastia en la Iglesia” para los que querían seguir planteando la iniciativa como una investigación sobre la Iglesia. Y se añadieron otros campos en el objeto de trabajo como el escolar, el deportivo y el ocio para que pudiera decirse que lo que preocupaba era la protección de los menores, y no la Iglesia.

-A pesar de preocuparse por todos los ámbitos institucionales en los que los menores pueden ser (y son hoy) víctimas de abusos, curiosamente la lista de comparecencias se focaliza en la Iglesia. Y, aún más relevante, la Iglesia es la única entidad de la que se cita a sus máximos responsables. Si nos preocupa qué pasa en el mundo del deporte (Caso Benaiges), ¿no debía citarse al presidente del Barça? Si en las escuelas públicas también hay abusos (que los hay), ¿no debía citarse a la consellera de Educación? Si las víctimas también han denunciado las carencias actuales del sistema sanitario, policial y judicial a la hora de recibir respuestas, ¿no deberíamos pedir explicaciones a los máximos responsables de estas instituciones que sí dependen del Parlamento? No. Sólo a los obispos.

-Ahora nadie se acuerda, pero también fue objeto de debate qué obispos se debería citar en la comisión. Además de Omella se propuso el arzobispo de Tarragona, pero no se sabe por qué también el obispo de Vic y el de Solsona. ¿Y por qué no el de Lleida? ¿O el de Tortosa? Un misterio. Pero los equilibrios en las votaciones parlamentarias acabaron aprobando que en la comisión del Parlament de Catalunya (Cataluña) compareciera sólo el presidente de la Conferencia Episcopal Española (Española) y no el presidente del organismo que agrupa a los obispos catalanes, la Conferencia Episcopal Tarraconense (o conocida también como catalana). A nadie se le escapa que existe una lista de agravios muy anteriores a la comisión y al margen de los abusos a menores entre el arzobispo de Barcelona y algunos sectores políticos que han llevado a focalizar en Omella el tema de comparecencia. Probablemente, éste ha sido un tema determinante de todo este espectáculo mediático, tanto para los que convocaron como para el que no ha comparecido. [Dicho sea de paso, que todo esto llevó a que este lunes la única persona que compareció ante la soberanía catalana –y a título personal- fue un vicesecretario de la Conferencia Episcopal Española y ningún representante de la Iglesia catalana] .

-En este factor de carácter más político seguramente también ha pesado otra valoración. Si Omella fuera sólo el arzobispo de Barcelona, el hecho seria que un obispo local comparecía en un parlamento autonómico. Pero acudir como presidente de la Conferencia Episcopal Española (así estaba citado) creaba el precedente para ser citado por cualquier otro parlamento autonómico. Valga como ejemplo paralelo, que también se citó en la comisión del Parlament al Defensor del Pueblo y en la Síndica de Greuges de Catalunya. Solo estuvo la síndica catalana.

-En la sesión del lunes, la mayoría de diputados lamentaron que Omella dejas pasar la oportunidad de pedir perdón a las víctimas. A mí ya me van a perdonar, pero la consideración moral del perdón creo que tampoco es competencia del Parlament. Y además en la comisión a veces confunde lo que dicen las víctimas con mayor recorrido mediático que han comparecido en el Parlamento con la complejidad de la verdadera atención y reparación a las víctimas que han explicado los expertos a la misma comisión. Y un perdón forzado por un tercero no sé si es lo que esperan las víctimas que quieren ser escuchadas y reconocidas.

-¿Y Omella estaba obligado a comparecer? Con el reglamento del Parlament en mano, sí, porque estaba citado como testigo, no como experto. Pero tampoco se conoce a ninguna persona física o jurídica que haya terminado en prisión por no comparecer ante el Parlament de Catalunya. Lo que no puede hacer el Parlament es enviar a los Mossos a buscar al incomparecido y llevarlo al Parlament como si fuera un juzgado. La comisión puede informar a la Mesa del suceso para que el máximo órgano de gobierno del Parlament valore si debe llevarse el caso a Fiscalía. Y en caso de que en la Mesa existan las mayorías políticas para hacerlo, la fiscalía se ve que siempre lo afina.

-En todo este contexto también existían alternativas a la no comparecencia. Por ejemplo, este lunes el vicesecretario realizó una exposición muy clara e ilustrativa sobre el trabajo que está realizando la Conferencia Episcopal Española en la prevención de abusos. Y parece que los grupos parlamentarios quedaron suficientemente satisfechos. Si algo puede explicar hoy la Iglesia es que es la institución que más ha trabajado en los últimos años el tema de la prevención de abusos en el ámbito institucional. Con todas sus carencias, reticencias e incompetencias que todavía existen hoy dentro de la Iglesia. No hay otro ámbito institucional que acoja a menores que en los últimos años haya dedicado más esfuerzos a la prevención.

-Ciertamente, el Parlament no es un tribunal, el lugar en el que rendir cuentas del pasado o el que debe recoger la petición de perdón a las víctimas. Pero también podía ser el lugar al que ir a explicarse. En realidad, uno de los problemas de los argumentos que ha dado Omella para no ir al Parlamento es que se ampara más en el aspecto jurídico que en la respuesta que la Iglesia quiere dar a las víctimas. A la hora de sospesar los platos en la balanza habría que valorar si debían pesar más las contradicciones de lo que pretende esta comisión, o transmitir la voluntad de dar respuestas, que con todas sus limitaciones la Iglesia ya ha empezado a dar. Y que lo único que ha quedado mediáticamente en no acudido al Parlamento es que la Iglesia no hace nada y que no quiere dar explicaciones, ni pedir perdón.