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Mariano Rajoy está haciendo un flaco servicio a la Constitución española. Afirmar que la consulta solicitada por el Parlamento de Cataluña no se va a celebrar porque es «inconstitucional» demuestra la falsedad de este argumento. Un referéndum consultivo o una consulta no vinculante jamás pueden ser inconstitucionales. Los resultados acaso entren en conflicto con ese texto legislativo. Si es así, llega el momento para determinar si se sigue el modelo vigente o se acepta la propuesta votada democráticamente. Las interpretaciones literales olvidan que «la letra mata» (2 Co 3,6). Hace falta magnanimidad política para vivir los valores a los que la ley debe servir. Suárez demostró en su tiempo mucha más cintura y habilidad.
 
Toda nueva propuesta de reforma constitucional, al principio, es inconstitucional. Si alguien dijera que el varón no debe tener prioridad en la línea sucesoria real del mismo grado (art. 57.1), iría contra la Constitución, pero no sería discriminatorio. En esta misma línea, ¿se permitiría que algún partido político se llamase republicano, en contra de la Constitución que defiende la monarquía (Título 2)? ¿Por qué se tolera? Existen acusaciones arbitrarias de inconstitucionalidad.
 
Una lectura atenta del texto constitucional pone en evidencia los flagrantes incumplimientos que se producen. Cuando en el art. 3.3 se afirma que las modalidades lingüísticas gozarán de «especial respeto y protección» y se ve cómo el partido en el Gobierno pugna por destruir la unidad lingüística del catalán en contra de académicos y lingüistas, y por eliminar la llamada inmersión lingüística, ¿qué hacer? Cuando se afirma que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» (art. 47) y la realidad demuestra lo contrario, ¿a quién apelar? ¿Quién ha permitido la burbuja inmobiliaria, que ha enriquecido a unas élites y ha promovido la corrupción? ¿Alguien se cree que los magistrados y jueces son independientes y están sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117.1)? Basta ver cómo se nombran los miembros del Tribunal Constitucional y las presiones políticas existentes. Sacralizar la Constitución e incumplirla cuando conviene es caer en la hipocresía y en la incoherencia.
 
Una Constitución es importante como marco democrático de convivencia. La actual fue un paso adelante respecto a la situación anterior, pero el clima de miedo y de amenaza durante su redacción y la lectura restrictiva a partir del 23F, así como las medidas regresivas que se están implantando, no auguran nada bueno. Tal como se esgrime actualmente en la Constitución, se la enfrenta a la democracia cuando tendría que ser su resultado natural. Como en informática, hay que hacer un reset. Malo era vivir una dictadura, pero aquellos gobernantes eran coherentes con ella. Peor es vivir en una falsa democracia porque, como afirma la expresión latina «corruptio optimi pessima», «la corrupción de lo mejor es lo peor». En esas estamos.