La asfixia de la infrafinanciación

Dos noticias publicadas recientemente en la prensa. Primera noticia: «El colegio del Sagrado Corazón, del barrio del Fort Pienc de Barcelona, cerrará por completo a final de curso». Este centro fue creado en 1939 para atender a las jóvenes obreras y la educación de sus hijos en un momento de gran industrialización en Cataluña. Las religiosas explican la razón del cierre: «La escuela tiene un 27% de alumnado vulnerable frente al 14% del global del Servicio de Educación de Cataluña. Este hecho significa un esfuerzo extraordinario de recursos humanos y económicos. A pesar del gran esfuerzo de la institución religiosa y de la escuela, el descenso demográfico y la infrafinanciación no hacen viable la continuidad de estas etapas». Segunda noticia: «La dirección del Mater Salvatoris de Lleida hizo una reunión con familiares de alumnos que el año que viene cursarán primero de ESO para informarles de que pasará a ser privado no concertado. Será el inicio de una desvinculación del concierto para toda la ESO que se completará el curso 2027/2028.»

Es patente el contraste de estas dos noticias que tienen, al margen de la natalidad, un elemento profundamente en común: la infrafinanciación del concierto educativo, que se ha visto incrementado por una determinada aplicación del Plan de inclusión: falta de recursos para atender adecuadamente a los alumnos con necesidades educativas especiales y así como también a los alumnos con vulnerabilidad económica. Ante estas situaciones, los centros concertados tienen tres salidas: (a) la lucha por la permanencia hasta su desaparición, (b) la absorción por la Administración, que implica dejar el concierto para transformarse en escuela pública, y (c) pasarse al modelo de escuela privada no concertada. Estas tres salidas desembocan inevitablemente en la eliminación del concierto, porque las tres reflejan que forman parte de la crónica de una muerte anunciada.

El incumplimiento de la Ley por parte de la Administración convierte el concierto en papel mojado a pesar de que la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación «hace del concierto educativo el instrumento jurídico preciso para aquellos centros privados que quieren impartir la educación básica en régimen de gratuidad, satisfaciéndose así en los niveles obligatorios y gratuitos, el derecho a la educación, así como a escoger, sin discriminación alguna, centro docente distinto de los creados por los poderes públicos». Tal y como afirmaba Maria Segurola, experta en segregación escolar Fundación Bofill en el Telenoticias mediodía (TV3) del 22 de febrero de este año: «Toda la cuestión del decreto de conciertos hace años que está en un cajón. Hay centros concertados que lo están haciendo muy bien, y lo están haciendo muy bien porque tienen buena voluntad. Y eso no puede ser así». Nos están abocando a la polarización educativa: pública y privada, perdiendo el puente de la escuela de iniciativa social que ha optado por la medida del concierto para abrirse a todos sin discriminación. Cataluña cometerá un grave error si prescinde de este puente.