San Juan de Dios: "Emerge la beneficencia como paliativo del derecho"

(CR) La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios se muestra radicalmente en contra de las medidas que excluyen los inmigrantes en situación irregular y otros colectivos de la atención sanitaria pública. En un documento preparado por el Comité de Ética en Intervención Social argumentan que es comprensible una revisión de la eficiencia del sistema sanitario, pero que "esta nueva ordenación agrava la exclusión y dificulta de manera considerable el derecho a la salud de personas que son ciudadanas que viven en nuestro territorio nacional y que además se encuentran en situación de grave fragilidad social".

Desde San Juan de Dios se cree que la medida "es un planteamiento falaz y peligroso. (...) Poner la inmigración irregular como 'chivo expiatorio' de los problemas macro-económicos, que han sido fruto de un capitalismo sin ética y que han conducido al país a la actual crisis que atraviesa es injusto y peligroso en la medida en que promueve actitudes y razonamientos xenófobos ".

Segun el texto, esta exclusión que también afecta a otros colectivos, conlleva que "transformamos la universalidad del derecho, que como sociedad hemos alcanzado, en la atención discrecional en función de la situación económica. Emerge otra vez la beneficencia como paliativo del derecho ".

Este es el texto del documento del Comité de Ética en Intervención Social (CEIS) de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de Abril "de Medidas urgentes para garantizando la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y Mejor la calidad y Seguridad de suspensión prestaciones"

El Comité de Ética en Intervención Social de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios suscribe este escrito con la intención de sumarnos a las numerosas muestras de preocupación que han hecho patentes otras organizaciones de nuestro país, ante las medidas que desde el día 1 de septiembre se aplican, a raíz de la entrada en vigor del RDL 16/2012, de 20 de abril, de "Medidas urgentes para garantizando la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y Mejor la calidad y Seguridad de suspensión prestaciones ".

Y lo hacemos como institución y organización comprometida con el sistema sanitario, integrada, entre otros, por profesionales del ámbito sanitario y de la asistencia social que atendemos trayectorias y situaciones personales a menudo gravemente afectadas, y a partir de nuestra firme convicción del ejercicio humanizador de nuestra labor.

En este contexto, creemos oportuno aportar unas notas de sentido común, interpelar la conciencia social y política, y reflexionar sobre cómo afecta la aplicación de este RDL a muchas de las personas que atendemos.

Podemos entender que, especialmente ante la situación de crisis actual, un esfuerzo de revisión y de reestructuración del Sistema Sanitario era imprescindible. Estamos seguros de que hay muchas cosas que hacer para que el sistema de salud funcione mucho mejor de lo que lo hace y su gestión sea más eficiente. Pero esta nueva ordenación agrava la exclusión y dificulta de manera considerable el derecho a la salud de personas que son ciudadanas que viven en nuestro territorio nacional y que además se encuentran en situación de grave fragilidad social.

Creemos que obligar a un importante número de personas, que quedan excluidas de la coapertura sanitaria pública, a utilizar las urgencias hospitalarias como única vía de atención es incompatible con una "mejora de la sostenibilidad del sistema". Sobre todo porque urgencias es uno de los niveles de atención más complejos y de mayor coste económico, al que la mayor parte de planes de salud autonómicos intentan encontrar alternativas basadas fundamentalmente en la prevención y en la atención primaria. Y es precisamente de estos niveles de atención que quedan excluidas un gran número de personas con estas nuevas medidas.

No atender un conjunto importante de ciudadanos dentro del sistema de atención primaria y excluirlos de los programas de prevención de determinadas enfermedades infecciosas puede hacer que éstos queden sin control, convirtiéndose en un problema de Salud Pública. Al mismo tiempo que esta exclusión también supone un mayor gasto económico y una mayor carga social de enfermedad al no permitir el control y seguimiento de las personas con enfermedades crónicas.

Creemos que afirmar que la sostenibilidad del sistema sanitario pasa por excluir del sistema público a las personas inmigradas en situación irregular, un número aproximado de 140/150.000, es un planteamiento falaz y peligroso en un momento de crisis como el actual, en que una gran parte de la población sufre los efectos del paro. Poner la inmigración irregular como "chivo expiatorio" de los problemas macro-económicos, que han sido fruto de un capitalismo sin ética y que han conducido al país a la actual crisis que atraviesa es injusto y peligroso en la medida en que promueve actitudes y razonamientos xenófobos.

Pero no son sólo los inmigrantes irregulares quienes quedan fuera del sistema. También los ciudadanos españoles mayores de 26 años que residan en España y nunca hayan estado en situación de alta en el Sistema de Seguridad Social se quedan sin la condición de asegurados. Entre ellos muchos becarios que trabajan bajo un sistema que podríamos llamar de "trampa legal" y que permite que dediquen muchas horas y esfuerzos sin unas mínimas condiciones laborales dignas.

En estos casos y otros que se van poniendo en evidencia, no así en el caso de los inmigrantes en situación irregular, parece que la ley prevé algunos mecanismos que devuelvan el derecho a la asistencia sanitaria de estas personas mientras demuestren que no superan un determinado límite de ingresos. Transformamos la universalidad del derecho, que como sociedad hemos alcanzado, en la atención discrecional en función de la situación económica. Emerge otra vez la beneficencia como paliativo del derecho.

La aplicación del Decreto Ley hace que, desde el 1 de septiembre, la asistencia médica sea más compleja. Se rompe la unidad del Sistema Nacional de Salud, apareciendo soluciones diferentes, en función de la sensibilidad de cada Comunidad Autónoma. De esta manera observamos cómo se aplican moratorias u otros mecanismos que intentan mantener la atención sanitaria a los colectivos más afectados por esta reforma.

Igualmente, cada vez hay más profesionales sanitarios que, en coherencia con su código deontológico, expresan su preocupación por el hecho de que la atención a algunos pacientes pueda estar más condicionada por su situación administrativa que por la problemática de salud.

Creemos que uno de los objetivos del"Legislador" en un estado de Derecho y Social debe ser procurar el bien de las personas y más de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. No podemos dejar de pensar en la incertidumbre de miles de personas que hoy se encuentran recibiendo tratamientos que son imprescindibles para su salud. La información que va apareciendo en relación con la asistencia sanitaria es confusa para la población en general, indefinida para los propios proveedores de la asistencia sanitaria e incluso contradictoria para los mismos profesionales que han de llevarla a cabo. Este hecho da pie a respuestas diferentes en función del profesional afectado y de su papel dentro del sistema de atención: administrativo, médico, enfermero, etc.

El pasado 18 de desdiciembre de 2012, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado a través de un Auto, avalando la atención sanitaria al colectivo de inmigrantes en situación irregular que defiende el Gobierno Vasco, y argumenta que excluirlo del acceso a la sanidad puede afectar no sólo su salud sino la de toda la sociedad. También considera que el derecho a la salud que recoge la Constitución debe prevalecer por encima del posible beneficio económico que suponga el ahorro de excluir el colectivo de inmigrantes en situación irregular.

Queremos identificar en esta acción del Tribunal Constitucional un punto de esperanza en la resolución de este conflicto, que creemos necesario trasladar al desarrollo normativo.

El Comité de Ética en Intervención Social de la OHSJD pide a las administraciones implicadas que tengan presentes estas reflexiones, y tengan en cuenta en sus resoluciones el derecho a la salud por delante del beneficio económico, promuevan las medidas de racionalización y ahorro necesarias para hacer realmente efectivo este derecho a la salud, y sean especialmente sensibles con aquellas personasy colectivos que más sufren las consecuencias de esta grave crisis económica y social.

G. Pascual Piles Ferrando, Presidente del CEIS y provincial de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Anna Maria Prats Malras, coordinadora del CEIS