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En la democracia, el ciudadano transfiere al Estado determinadas competencias personales, entre ellas el ejercicio de la violencia y el uso del dinero para servicios públicos. A partir del pacto social, el Estado concentra el monopolio de la violencia, tal como lo define el sociólogo Max Weber. El ejército, la policía, la guardia civil… son concreciones de este monopolio. Las implicaciones son más amplias, ya que afectan también el sistema judicial y penitenciario. El respeto a los derechos de las personas, su razón de ser como servicio, la búsqueda del bien común, el uso proporcionado de la fuerza, la prioridad de la convivencia social, la transparencia en el uso de recursos públicos, los principios de la justicia y de no discriminación… son requisitos indispensables para que no se corrompa esta transferencia de la ciudadanía al Estado. La violencia puede tener muchos rostros. Puede ser física, fiscal, moral, judicial, cultural, lingüística… En el campo económico, sucede algo parecido. El uso de términos como impuestos o tributos no es inofensivo. El sentido de obligación prevalece a menudo sobre el valor de la solidaridad.
 
Continuamente los gobiernos están tentados de utilizar los instrumentos del Estado en beneficio propio o para la expansión de sus políticas. Creo que en los últimos tiempos el gobierno del Estado español manipula sus competencias, fuera del marco democrático, para contrarrestar las iniciativas que han surgido en Cataluña sobre el derecho a decidir y la aspiración a la independencia. La violencia económica como antesala de otras violencias que esperan su turno. Para debilitar a sus líderes, en especial al presidente de la Generalitat, y para provocar el rechazo de los ciudadanos catalanes hacia sus propios gobernantes atenaza económicamente al país, reparte arbitrariamente los déficits permitidos por Bruselas, presta como dádiva y limosna una parte de los dineros que antes ha recaudado vorazmente, no paga lo que debe, provoca atrasos para agudizar la angustia, incumple las inversiones previstas en los presupuestos, paga generosamente desde el centro, puenteando la autonomía, para transmitir la idea de que ellos son los únicos fiables, impulsa una sangría impositiva comúnmente entendida como expolio fiscal, aplica medidas erróneas de austeridad tal como imponen distintos organismos internacionales…
 
Los errores propios de los catalanes (gestión parcialmente irresponsable de la economía en la época del tripartito, inhibición en la acción de gobierno por los partidos políticos para no quemarse…) agudizan el problema, cuya principal causa está en manos del Estado.
 
Los resultados están a la vista: los pilares del bienestar se están dinamitando en perjuicio de los pobres, el agobio tributario se encarniza en los ciudadanos catalanes, los pagos a colegios y farmacias se alargan… Violencia contra los ciudadanos. El pacto democrático hecho añicos.