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Incapaz el PSOE de sacar un nuevo líder de su partido tras el descalabro electoral de las últimas generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras triunfar sobre Carme Chacón, clamó en febrero de 2012 en Sevilla por la revisión del Concordato con la Santa Sede. Acababa de ser vicepresidente de Gobierno y no había movido un dedo en esta línea, al igual que su compañera de gabinete. Ambos eran responsables de la situación. Hay temas que se abordan mejor desde la oposición, porque se sabe que no van a seguir adelante, pero contentan al personal y echan carnaza a las fieras. Incapaces de afrontar con rigor la economía, planteada de manera social y sin medidas populistas, tienen siempre el recurso de meterse con la Iglesia. Tarea que no cuesta nada y da votos. Ahora han vuelto a las andadas. En un desayuno informativo, Elena Valenciano ha afirmado: «Si el PP va a ir de la mano de los obispos para cambiar la Ley del aborto, el PSOE exigirá que se denuncien los acuerdos con la Santa Sede.» 
 
La propuesta es clara: nosotros no tocaremos el Concordato si vosotros no tocáis la Ley del aborto. Se trata de castigar a la Iglesia por manifestarse en contra del aborto. Aprobar la Ley no incumbe a la Iglesia, pero puede influir en ella como hacen todos los demás. Para Valenciano y sus correligionarios, el Concordato es la contrapartida del aborto. Se plantea como extorsión. Si la Iglesia sucumbiera a esta amenaza, traicionaría gravemente su identidad y su misión. Los católicos, como los demás ciudadanos, tienen derecho a exponer sus puntos de vista y a intentar que queden recogidos en las normas de convivencia social en función del bien común. Con respeto y democráticamente. Todos los colectivos, movimientos sociales incluidos, hacen lo mismo. La defensa de la vida, propugnada por la Iglesia, no busca privilegios propios sino atender a los derechos de las personas más indefensas. Ser voz de los sin voz, como lo es su compromiso en muchos otros ámbitos de pobreza y marginación. Lástima que bastantes propuestas de la izquierda podrían encontrar buenos aliados en la Iglesia, pero la postura anticlerical crea distancias y desencuentros.
 
El PP lo tiene en su programa: «Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores.» Si el PP decide cumplir este punto, que está por ver, será una novedad ante tanto incumplimiento.
 
La dimensión jurídica del aborto, con ser importante, es secundaria. El valor ético de la vida es clave. Cabe intensificar más el diálogo y el discernimiento en las situaciones fronterizas que se producen en la vida, pero en la inmensa mayoría de los casos el aborto representa una salida fácil, aunque traumática a nivel de conciencia y de psicología, a una falta grave de responsabilidad. Ignorancia, cada vez menos. Evitar con el aborto las consecuencias de un comportamiento frívolo no ayuda a madurar.