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Es sabido que el pasado 25 de julio el Parlamento de Cataluña aprobó, por amplísima mayoría (CiU, ERC, IC, más un independiente y parcialmente el PSC), una resolución que insta al Gobierno a negociar y acordar con el Estado un nuevo modelo de financiación del sistema de autogobierno de nuestro país (el denominado popularmente "pacto fiscal").

El Parlamento considera que este nuevo modelo debe basarse, en síntesis, en dos principios:

a) el principio de que la Generalitat debe ser la administración competente y responsable de la regulación legal (de acuerdo con la normativa europea y el principio de progresividad) de todos los impuestos soportados en Cataluña, así como, mediante una Agencia Tributaria Catalana, de su gestión, es decir, exacción, gestión, recaudación, liquidación, revisión, inspección y sanción (la "caja propia"), en colaboración con el resto de administraciones del Estado, europeas e internacionales.

b) el principio de que la Generalitat aportará al Estado una cantidad anual (que se fijará bilateralmente cada cinco años) para financiar todos los servicios estatales comunes y prestados que afecten a Cataluña y, además, una cantidad en concepto de cooperación (solidaridad) con el resto de territorios del estado, dirigida a financiar los servicios básicos del estado del bienestar (salud, educación, servicios sociales...), sin que ello le suponga como resultado "la pérdida de posiciones" en términos de capacidad fiscal.

Ante esta petición, algunos altos dirigentes políticos españoles han expresado su oposición, otros su desprecio y también insultos. Sin embargo, por ahora no hay una respuesta formal por parte del presidente del Gobierno español.

Tratando de juzgar con la máxima objetividad (la que me sea posible desde mi condición de ciudadano catalán y nacido en Cataluña), pienso que la petición del Parlamento de Cataluña es justa, razonable y plenamente democrática y, por tanto, merece una actitud positiva del Gobierno estatal, a fin de hacer el esfuerzo sincero para llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

Creo sinceramente que la petición es justa y razonable desde muchos puntos de vista.

Desde un punto de vista democrático, la petición expresa una decisión mayoritaria del órgano que representa legítimamente la voluntad política de los ciudadanos de Cataluña (es decir, su Parlamento). Cabe decir que una versión similar de esta petición encabezaba el programa electoral del partido que obtuvo el mayor apoyo en las pasadas elecciones (CiU) y cuyo candidato tiene hoy el encargo parlamentario de presidir y gobernar la Generalitat. Además, todas las encuestas muestran el apoyo de una amplia mayoría de la población.

Desde un punto de vista de justicia histórica, hay que recordar que las instituciones políticas catalanas ostentaban competencias financieras equivalentes, desde su creación hasta 1714, año en el que fueron suprimidas, gracias al poder conquistado con violencia, mediante los Decretos de Nueva Planta. No consta que Cataluña haya renunciado nunca expresamente a recuperar ese poder financiero que le fue arrebatado.

En tercer lugar, desde un punto de vista de justicia económica en las relaciones actuales entre los pueblos que integran el Estado, el actual modelo de financiación (como los anteriores) no es adecuado ni equitativo. No lo es porque no garantiza la correcta financiación de las competencias de la Generalitat, conlleva un déficit fiscal para Cataluña a todas luces excesivo (se calcule como se calcule), que deteriora su capacidad productiva, la perjudica comparativamente en relación a otros territorios con menos capacidad fiscal y favorece actuaciones del Estado desleales con el gobierno de Cataluña, que generan costes económicos y financieros dificílments asumibles y suponen una injerencia en el ejercicio de sus competencias.

Numerosos informes y expertos juristas avalan que no existen obstáculos jurídicos constitucionales a un modelo de financiación como el que se reclama (siempre y cuando se haga una interpretación abierta y flexible de la Constitución). Por otra parte, ningún argumento jurídico en contra parece serio mientras España mantenga un modelo de financiación para los territorios vascos y para Navarra basado en una altísima capacidad normativa y de plena gestión autónoma de los tributos, pero sin destinar fondos en concepto de cooperación o solidaridad con el resto de territorios.

Al mismo tiempo, el logro de un nuevo modelo de financiación más justo, basado en los principios expresados ​​por el Parlamento, podría corregir la creciente insatisfacción y malestar de una gran parte de la población catalana en relación a la pertenencia a España, y favorecería la buena convivencia y la mejor integración de Cataluña dentro del Estado.

En cambio, el rechazo de pleno a esta petición puede deteriorar, todavía más, de forma muy grave y difícilmente reversible, las relaciones entre Cataluña y el Estado español, generando unos niveles de tensión muy difíciles de gestionar y provocando una voluntad mayoritaria de secesión.

Sin duda, pueden discutirse los detalles, los conceptos y las concreciones del nuevo modelo de financiación. Son posibles varias fórmulas dentro del respeto sustancial a los dos principios expresados ​​por el Parlamento. La negociación puede ser larga y los tiempos de crisis pueden dificultar y alargar la consecución de este acuerdo.

Ahora bien, lo que no sería de ninguna manera admisible éticamente sería el rechazo global por parte del Estado español a esta demanda, o bien un aplazamiento "sine die" de la negociación, ni tampoco una oferta de un nuevo modelo que no respete fundamentalmente los dos principios reclamados por el Parlamento.