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 Es pronto  para saber si el rescate "suave" de España acordado por el Eurogrupo el pasado sábado resolverá la grave crisis de deuda que sufrimos. Muchos expertos dudan de ello (porque el acuerdo significa, de hecho, incrementar tanto el déficit como la deuda pública española) y las próximas elecciones griegas pueden complicar aún más la situación.

Lo que sí es evidente es que la salida por la que apuesta el Gobierno español y los de la zona euro es continuar transformando la enorme deuda privada de los bancos españoles (fruto de la burbuja inmobiliaria) en deuda pública del Estado hacia sus socios de la UE. Por lo tanto, una deuda que pagaremos los contribuyentes y que conllevará seguramente mantener o incrementar los recortes en el gasto público.

Nos dicen que el dinero que pondrá el Estado (prestado por los países de la UE) no es dinero a fondo perdido, sino que los bancos afectados lo tienen que devolver, o bien el Estado se convertirá  en propietario del banco. Pero nadie puede negar que difícilmente se recuperará la inversión pública total que se está haciendo y que más bien conllevará pérdidas enormes.

Es de suponer que nuestros gobernantes son conscientes, y han valorado como inviables o más costosas otras alternativas, como dejar caer los bancos insolventes. Es cierto que la caída de grandes entidades financieras perjudica en cadena a otras entidades que son acreedoras (generando una grave inestabilidad y dificultades para todo el sistema), además de pérdidas para los accionistas, pequeños ahorradores y clientes (estos últimos están asegurados, asumiendo el estado la pérdida, si es que puede). Pero también hay voces que apuntan a que finalmente la deuda conjunta del Estado y de los bancos españoles es impagable a largo plazo en el actual escenario de larga recesión económica.

Sea como sea, la conversión de la deuda privada bancaria en deuda de todos los ciudadanos es el resultado de una política que, durante muchos años, favoreció una peligrosa burbuja inmobiliaria y que permitió una gestión irresponsable de las entidades financieras por parte de sus directivos.

Por ello, ha llegado la hora de que los dirigentes políticos o institucionales que permitieron este inmenso desastre paguen las consecuencias de sus errores. Esto quiere decir: los principales dirigentes de los últimos gobiernos españoles y de los partidos políticos a que pertenecían, los responsables del Banco de España y otros reguladores, así como los dirigentes de las comunidades autónomas que durante todos estos años contribuyeron a la gestión imprudente de algunas cajas de ahorros. Hay que analizar rigurosamente los errores cometidos, determinar responsabilidades y aprobar medidas para que esto no vuelva a pasar. Los dirigentes que hayan sido responsables del desastre deberían dar muchas explicaciones públicamente por los errores y por el daño que han hecho, y algunos quizá deberían ser excluidos de cargos políticos actuales o futuros.

Pero muy especialmente, hay que exigir responsabilidades a los administradores de las entidades bancarias y cajas de ahorros que se encuentran actualmente intervenidas o en riesgo de insolvencia. Por un lado, la Fiscalía y la Justicia deben investigar a fondo todos los delitos y gestiones fraudulentas realizadas durante estos años y pedir la imposición de las sanciones penales o administrativas adecuadas.

Ahora bien, hay que ir más allá, porque en la mayoría de los casos quizá no se han cometido delitos o ilegalidades (o no se podrán probar), pero sí parece evidente que se hizo una gestión irresponsable o imprudente. Por lo tanto, es lógico que el Estado, las mismas entidades o los perjudicados por esta gestión reclamen fuertes indemnizaciones a sus ex dirigentes por los daños causados. Es inaceptable que estas personas se  hayan enriquecido durante su actuación, recibiendo enormes cantidades de dinero (retribuciones, comisiones, primas, fondos de pension ...) por una gestión que objetivamente ha supuesto un grave perjuicio para la hacienda pública, para toda la economía y, en definitiva, para cada uno de los ciudadanos. Deben compensar económicamente con su patrimonio por los perjuicios causados.