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(Fundación Escola Cristiana de Cataluña) El Gobierno de la Generalitat aprobó el martes una medida excepcional de reducción de los gastos de personal, por la que aplicará a los empleados públicos una reducción equivalente al 3% de las retribuciones íntegras anuales. El Gobierno incluirá, entre los afectados por esta medida, al profesorado de niveles concertados de las escuelas privadas concertadas. El importe total de esta reducción por profesor se situará, en su mayoría, entre los 820 y los 1300 euros.
 
Una vez más, tal y como hizo el anterior gobierno, el profesorado de la concertada se iguala al de la pública a la hora de los recortes, pero se ignora la radical diferencia de que se trata de trabajadores que no gozan ni de la seguridad del puesto de trabajo ni de otros beneficios propios de la función pública.
 
No podemos negar la legalidad de la medida -que viene avalada por una habilitación que contempla la Ley de presupuestos de 2012, recientemente promulgada-, y debemos reconocer la excepcionalidad de la presente situación económica pero no podemos considerar justo ni equitativo el trato que se da al profesorado de la escuela concertada.
 
Las titularidades de la escuela concertada se encuentran sin recursos legales ni económicos para paliar esta situación.
 
Sin concertada, el sistema se colapsa
 
La misma ley de presupuestos contempla, por primera vez. una reducción de los módulos de gastos de funcionamiento del concierto. Una reducción en un bajo porcentaje, pero que agrava su reconocida insuficiencia, alejando a los citados módulos, más aún, del coste real de la plaza escolar.
 
No se puede pedir más solidaridad ni tensionar tanto, con medidas como las descritas, a un sector que acumula años de discriminación y que se ha ido empobreciendo fruto de un modelo de concierto educativo sin garantías para las escuelas, un sector que ha sufrido, en determinadas épocas, una política de auténtico ahogo económico. En estos momentos, todavía se encuentran pendientes de liquidar subvenciones de cursos anteriores.
 
La escuela concertada tiene su fundamento en el ejercicio del derecho a la educación en un marco de libertad, pero hoy, además, es un elemento fundamental para evitar el colapso del sistema educativo, contribuyendo a la prestación del servicio de interés público de la educación con unos costes para la administración mucho menores que los de la escuela pública.
 
Si ponemos en peligro la escuela concertada, estamos poniendo en peligro todo el sistema. Sin escuela concertada, el servicio educativo de Cataluña no podrá mantener su nivel cualitativo ni atender toda la demanda de plazas escolares financiadas con fondos públicos. Ni el Gobierno de la Generalitat ni la opinión pública pueden olvidar esta realidad.
 

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