(CR) Después de 14 años, el Tribunal Constitucional ha resuelto a favor de la Generalitat el conflicto sobre más de un centenar de obras de arte del Monasterio de Sigena (Huesca). Las piezas están repartidas entre el MNAC y el Museo de Lleida.
La sentencia ha sido mal recibida por les autoridades aragonesas, como el alcalde la Sigena, Alfonso Salillas, según informaba este jueves El Heraldo de Aragón. Salillas hablaba de sentencia "vergonzosa". El defensor del ayuntamiento de este municipio asegura que "hay otras maneras de recuperar las obras".
En el marco de la polémica sobre la propiedad de las obras del Museo de Lleida, los editoriales publicados los últimos días en El Heraldo muestran el malestar por la sentencia. Uno, titulado "Sentencia sin justicia", otro "Un patrimonio disperso y arrebatado". El Heraldo de Aragón afirma que "En su desmedido afán por apropiarse del patrimonio aragonés y retenerlo sin atender a razones, la Generalitat promovió anet el Constitucional un conflicto contra el gobierno aragonés". Y que "Eugeni Gay, magistrado conocido por sus posiciones nacionalistas, ha sido el autor de esta polémica sentencia".
Mientras el diario El Segre habla de "satisfacción en cultura por otro litigio favorable". Y afirma que el consejero de Cultura, Ferran Mascarell ve "elementos de similitud" entre Sigena y el litigio con Barbastro. Catalunya tiene abierto un litigio por la propiedad de 113 obras de arte sacro que reclama el Obispado de Babastro.
En 1976, un pequeño grupo de monjas de la orden de San Juan de Jerusalén que vivía en Sigena se trasladó en Valldoreix (Sant Cugat del Vallès). En aquella época, el monasterio pertenecía al Obispado de Lleida y el centenar de obras de arte que tenían las dejaron en el Museo de Lleida. A principios de los ochenta el obispo Ramón Malla pidió a la Generalitat que comprara las obras. La compra se completó en 1992. En total el gobierno de Jordi Pujol se gastó 50 millones de pesetas. En 1997 el gobierno de Aragón se enteró de esta adquisición y en 1998 pidió el derecho de retracto. La Generalitat planteó al Constitucional un conflicto de competencias que, después de 14 años, se ha resueltoa su favor.
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