El arzobispo de Tarragona y presidente de la Conferència Episcopal Tarraconense, Joan Planellas, afirma que la Iglesia "debe aceptar y ver que estamos en un país democrático" y que "no debe interferir". En una entrevista a la ACN, Planellas defiende que los obispos catalanes formen parte de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y que él se siente "próximo". El último año ha matizado diversas declaraciones del presidente de la CEE, Luis Argüello, advirtiéndole que no pueden hacer "política partidista". En otro orden, el arzobispo avisa que los "recortes" de Europa y Estados Unidos a las ONG del Tercer Mundo provocarán un aumento de la inmigración y advierte que, si se "polariza" este debate, "se puede acabar en el desastre".
Este año el presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense ha recriminado en diversas ocasiones al arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, por declaraciones que han contrariado a los obispos catalanes. La última semana, a causa de unas declaraciones de Argüello en 'La Vanguardia' donde pedía una cuestión de confianza, una moción de censura o ir a elecciones teniendo en cuenta la situación de bloqueo político en el estado español.
Planellas dice que tienen una buena relación personal, con el presidente de la CEE, que "lo aprecia mucho". Ahora bien, el arzobispo de Tarragona le recuerda que la Iglesia no puede hacer "política partidista". "Debemos ser muy cuidadosos en determinar la democracia hacia un lado o hacia el otro", explica. "La Iglesia debe aceptar y debe ver que estamos en un país democrático y que no debe interferir en toda esta situación [política]. Debe ser muy respetuosa con el ordenamiento jurídico, civil y con todo lo que ello conlleva", insiste en la ACN.
El presidente de los obispos catalanes defiende que estos deben formar parte de la Conferencia Episcopal Española, pese a estas divergencias. "Yo me siento muy próximo", subraya Planellas. "Hay muchas ventajas en muchos aspectos, la Conferencia Episcopal Española es un potencial único para poder incidir en muchas cosas", indica. "Hay maneras de ver y talantes diversos, pero en las grandes cuestiones que afectan el concepto de persona humana y de hacer presente el Evangelio, estamos absolutamente de acuerdo", subraya. Una de estas es la inmigración, asegura.
Evitar "polarizar" el debate de la inmigración
El arzobispo ha lamentado el desalojo de 400 personas inmigrantes del instituto B9 de Badalona. También que un grupo de unas cincuenta personas bloquearan el domingo la entrada a una parroquia donde debían pernoctar los desalojados. "¿Nos hemos vuelto locos?", exclama mientras invita a la ciudadanía a preguntarse "por qué emigra tanta gente". "Es por una situación muy precaria que tienen en sus países", exclama.
Planellas cree que es necesario "regular positivamente" la inmigración, pero advierte que si se "polariza" este debate "se puede acabar en el desastre". El arzobispo es partidario de abordarlo desde los países de origen, pero insiste en las consecuencias de los "recortes" de Europa y Estados Unidos a las ONG que trabajan en el Tercer Mundo. Cree que comportará un "aumento" de la migración.
Preguntado por los postulados de la extrema derecha alrededor de la inmigración, el presidente de los obispos catalanes dice que "cuesta mucho aceptar que la realidad es muy plural". Y pide "diálogo" y "mucho encuentro" para evitar la "polarización". Considera que los partidos de ultraderecha quieren un "círculo cerrado". "Estamos volviendo a un punto de décadas pasadas, a una mentalidad muy medieval", lamenta. Planellas afirma que "necesitamos" a las personas inmigrantes porque hay "baja natalidad" y los "trabajos más precarios" los realizan estas personas.
La vivienda, "un problema de país"
El arzobispo de Tarragona ha afirmado que el acceso a la vivienda es "un problema de país" que el Gobierno y las "instituciones" deben abordar "seriamente". Explica que la Iglesia catalana está "teniendo conversaciones" con la administración pública para hacer frente a esta cuestión. Planellas comenta que las diócesis tienen viviendas y solares que se podrían "plantear" como vivienda social. Pero advierte que "si se quiere solucionar, se requiere una década con un gran acuerdo de país".
