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Por Jordi Llisterri i Boix .

Me van a perdonar porque no tenía ganas de volver a escribir sobre el tema. Era previsible que un año después de la primera noticia sobre los abusos denunciados en escuelas de los maristas este domingo se volviera a hablar del tema. Sobre todo a remolque del libro opportunity sobre el tema.

Debo confesar que esperaba más ruido mediático. Pero muchos medios ya no se han metido en el tema y en El Periódico el tema ya no aparece destacado entre los contenidos más visitados. También con lo que he ido leyendo no aparece ningún elemento nuevo que no hubieran leído en su momento. Así, no es necesario repetir lo que ya está escrito.

Pero lo que me ha llamado la atención es que uno de los temas que destaca El Periódico de este domingo es el del concierto económico. Pide explicaciones a los grupos parlamentarios y a las administraciones sobre porqué no han retirado el concierto a maristas. El hecho que la investigación del Consorcio de Educación de Barcelona concluyera que no procedía retirar el concierto debe responder a un contubernio.

Ya hace un año, dos de los artículos más ilustrativos sobre el caso se publicaron en El Periódico y El País para cuestionar la Iglesia en general y el sistema de conciertos educativos en particular. Hoy en Catalunya Radio se insinuaba que si no se llegó más lejos es por el "poder de los maristas".

Recordemos, pues, tres cosas.

Primera. Si los maristas fueran una institución poderosa hubieran tenido un ejército de abogados y un departamento de comunicación como el de las grandes empresas que les hubiera ayudado a superar el temporal de otra manera. E, incluso, la influencia para taparlo. Y, después de los casos que aparecieron el año pasado, tampoco ha habido una ola de denuncias contra otras escuelas o instituciones religiosas que cabría esperar si existiera una red de encubrimiento organizada como en Boston. Hay casos en los que no se hizo lo suficiente para proteger a los niños. Nada menos grave que eso. Que no es lo mismo que hablar de encubrimiento institucional y sistemático. Esto lo han reconocido los mismos maristas. Y no se puede olvidar lo que hacen hoy.

Segunda. La generalización que se ha hecho del caso de los maristas, no la misma que se hace de otros casos. Los últimos datos de 2016 hablan de más de 450 denuncias de abusos a menores en Catalunya. ¿Recuerdan alguno de estos 450 casos? Quizas uno o dos más. No se criminaliza a las familias, los clubes deportivos, o las escuelas de música para que también haya casos de pederastia. No andamos por la calle mirando mal a los padres aunque la mayoría de abusos se produzcan en el ámbito familiar. Y esto no quita gravedad a cada uno de los abusos. En el 2011 fueron 345 denuncias; en el 2012, 351; en el 2013, 360; en el 2014, 391, y en el 2015, 410; según datos de la Conselleria d’Interior. Un ejemplo elocuente que no ha tenido mucho eco mediático es el de un profesor que a pesar de estar condenado por abusos a menores estuvo ocho años dando clases en centros de enseñanza pública. Es evidente que hubo errores en este caso, pero a nadie se le ocurre afirmar que la administración pública es una red para encubrir pedófilos.

Y tercera. Los únicos perjudicados por retirar el concierto educativo en las escuelas maristas serían los padres que ha optado por llevar alli a sus hijos (y recordemos que los padres que hoy están en las escuelas de los Maristas siempre los han defendido en vez de salir corriendo de lo que sería Sodoma y Gomorra). Es necesario repetir constantemente que el dinero que va a los centros conciertos no es para enriquecer las instituciones sin ánimo de lucro que promueven estas escuelas. Es dinero finalistas. Todo se destina a pagar los servicios educativos que ofrecen estos centros. Los beneficiarios de estos servicios y de que se pague una parte con dinero público son los alumnos, no las instituciones sociales o religiosas que promueven los centros. Retiren el concierto que quien lo pagará son los padres que han elegido esa escuela. Pagando justos por pecadores.

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