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Llevamos meses oyendo el mismo discurso: es necesario un ajuste drástico -recortes- en los presupuestos de las administraciones públicas. Sentimos cada día que los "mercados financieros", primeros responsables -recordémoslo- desde hace unos años de la crisis actual, se niegan a comprar deuda soberana -de los estados- y de esta manera presionan para encarecerla. Por otra parte, las bolsas mundiales siguen con una tendencia sostenida a la baja. El paro, especialmente en España, llega a cuotas muy altas. La recaudación del estado y de las administraciones públicas -IVA, IRPF, Impuesto de Sociedades- cae por el menor consumo y los menores ingresos individuales y empresariales.
 
En este contexto, los ajustes de las administraciones públicas son necesarios: si recabamos menos y, además, pagamos mucho más por la deuda, no nos queda más remedio que reducir los gastos. Debemos aumentar la recaudación con nuevos impuestos, especialmente para aquellos que tienen más recursos. Pero con estos nuevos ingresos no es suficiente. Entiendo, por tanto, los recortes. No hay margen.
 
Pero, cuidado, estos recortes se tienen que realizar con criterios que no conlleven el desmantelamiento del modelo social que hemos construido todos juntos desde la democracia. Se tienen que realizar, también, con una planificación y desde el diálogo con los sectores implicados. Los recortes y la redefinición del gasto público debe velar por los sectores más débiles de nuestra sociedad, el acceso al trabajo y el mantenimiento de los mecanismos de cohesión social de nuestro país.

Sé que no es nada fácil. Pero estos son precisamente los momentos de la gran política, de los grandes acuerdos, de aplicar y concretar el mejor principio de la alta política: un principio que nos recuerda que, por encima de los intereses partidistas, existe el interés de país, el interés público, el bien común. Desde esta óptica la pregunta es muy precisa: ¿Cómo orientamos los recortes buscando el bien común?