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La noticia es diáfana: «El Ministerio de Educación ha fijado en 6.057 euros la compensación para las familias que escolaricen a sus hijos en centros privados para estudiar en castellano. Un gasto que asumirá inicialmente el Ministerio y que posteriormente irá a cargo del Gobierno de la Generalitat.» Esta decisión se incluye en la disposición adicional 38 de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

Primero, si un puesto escolar cuesta 6.057 euros, el Estado está incumpliendo gravemente la Constitución al fijar los conciertos educativos en unas cantidades muy inferiores al coste, ya que «la enseñanza básica es obligatoria y gratuita» (art. 27,4). Urge revisar muy al alza la financiación educativa de los centros concertados para adecuarse al coste real.

Segundo, si el art. 3.2 de la Constitución afirma que «las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos», en esos ámbitos territoriales debieran gozar también del mismo requisito que el castellano: «Deber de conocerla y derecho de usarla.» Se ataca de este modo la raíz democrática que «propugna la igualdad» (art. 1).

Tercero, si el art. 3.3 dice «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección», se quebranta este mandato constitucional cuando no se garantiza a las familias este derecho para la educación de sus hijos, por ejemplo y citando un solo caso en la Comunidad Valenciana.

Cuarto, si la inmersión lingüística busca generar una comunidad social integrada, las medidas del ministro Wert, cara visible del PP y de las FAES, atacan directamente al «respeto a los principios democráticos de convivencia» (art. 27.3). El objetivo es fragmentar la sociedad catalana para debilitarla y hacerla más permeable a los intereses de los grupos de poder.

Quinto, si «el rey Felipe VI llama a enorgullecerse del catalán porque enriquece el patrimonio de España», se produce una contradicción flagrante entre este enunciado y las acciones del gobierno. El gran avance no es hablar catalán en Cataluña para contentar a la parroquia, sino hablarlo desde las tribunas del Estado y para todos. Así se hará visible y audible que España es plurilingüística. Su primer discurso constituyó en este terreno una oportunidad perdida.

Sexto, si en los últimos años se ha producido en Cataluña un incremento muy fuerte de la inmigración, urge intensificar la inmersión lingüística para compensar los déficits y favorecer que todos los alumnos salgan del circuito educativo básico con el conocimiento de las dos lenguas. 

Séptimo, si se ignora la realidad, como hizo el rey Juan Carlos al afirmar que «nunca se obligó a hablar en castellano», si se propugnan políticas de imposición y de ahogo, se está fortaleciendo una convicción: las lenguas dejan de ser problemáticas cuando tienen un Estado detrás. El independentismo lo sabe.