Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

El cardenal Antonio M. Rouco, cuando pronunció su discurso inaugural de la CII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), apeló a la moral para defender «la unidad de la nación española» y el respeto a la Constitución. José María Gil Tamayo, secretario general de la CEE, fue aún más contundente: «Poner en peligro la convivencia de los españoles negando unilateralmente la soberanía de España sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear no sería prudente ni moralmente aceptable. Pretender unilateralmente alterar este ordenamiento jurídico en función de una determinada voluntad de poder local o de cualquier tipo es inadmisible.» No han faltado respuestas. El P. Salvador Plans, monje de Montserrat, afirmó: «Nos duele que el camino que sigue nuestro pueblo sea considerado por algunos cristianos imprudente y moralmente inaceptable.» Cinto Busquet, sacerdote y teólogo, en este mismo semanario, con fecha de 29 diciembre, reflexionó en la misma línea con excelente argumentación.
 
La moral se preocupa sobre todo de la convivencia de los ciudadanos, cuyas decisiones políticas pueden ser muchas y diversas. La estructuración en estados no responde a una única fórmula. Si Escocia decidiera convertirse en estado independiente no constituiría problema moral alguno. Las afirmaciones de las dos figuras relevantes de la CEE se exceden de su campo propio y se convierten en correa de transmisión de los partidos políticos. No se ha observado anteriormente ninguna preocupación cuando se han producido manifestaciones de catalanofobia, se han realizado boicots comerciales, se ha utilizado el ataque a Cataluña como rédito electoral, se ha pugnado por destruir la unidad lingüística del catalán en contra de la Constitución tan invocada (art. 3.3), se han llevado a cabo campañas mediáticas difamatorias, se han ultrapasado los límites de la mal llamada solidaridad… Todas ellas situaciones de convivencia, moralmente reprobables. Por respuesta, un silencio responsable, acaso cómplice. 
 
El gobierno de España, con la ayuda de los poderes mediáticos y las élites extractivas, no ha analizado aún las razones por las cuales muchos ciudadanos de Cataluña piden la independencia, ya que defiende sus intereses de grupo envuelto en la bandera rojigualda. Con argumentos falaces, se utiliza una Constitución democrática para negar la democracia. Una consulta, sea la que sea, jamás puede ser inconstitucional. Cuando se conozca su resultado, se verá si encaja o no en la Constitución. Momento para dialogar, entonces. sobre la conveniencia de reformarla. En caso contrario, se aboca a la negación de la democracia como voluntad popular y a la parálisis política y social. Tanto la manifestación como la vía catalana fueron exponente de una ilusión colectiva, sin agresividad hacia los ciudadanos españoles. La creación de un Estado independiente podría beneficiar tanto a España como a Cataluña. La convivencia es más importante que el dinero. Mejor ser buenos vecinos que malos hermanos.