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Lourdes Sellarès es trabajadora social de la Fundación El Maresme. Mataró

Ahora hace un año, 15.000 familias de personas con discapacidad intelectual, y más de 200 entidades, se movilizaron en Barcelona bajo el lema: "Eso sí que no. Si nos recortan, nos abandonáis" .

La situación, pasado este tiempo, no sólo no ha mejorado sino que ha empeorado y sigue en una indefinición que, poco a poco, va erosionando familias y entidades que atienden y trabajan con las personas con discapacidad intelectual. Por eso ahora tenemos que decir "Si nos recortáis, desaparecemos". Desde diciembre de 2012, la Generalitat no da respuesta a ninguna nueva demanda de servicio para personas con discapacidad intelectual, lo que supone la exclusión social, sobre todo para aquellas personas que necesitan un lugar de trabajo o acceder a servicios asistenciales (centros de día/residencias).

Las entidades sin ánimo de lucro nos encontramos con una situación de ahogo económico:

No se han regularizado pagos pendientes desde 2010.
Se han reducido a la mínima expresión las subvenciones al empleo con apoyo.
Se han recortado los importes de los módulos de atención de un 3 a un 4,5% .
Se ha reducido el módulo del servicio de apoyo a la autonomía en el propio hogar un 20% .
La dotación económica de los servicios de atención diurna está congelada desde 2010.
Está todavía pendiente de pago la subvención a todas las entidades, de julio del 2012.
Los Centros especiales de trabajo no reciben subvenciones para nuevos puestos de trabajo.

Las familias se encuentran en una situación de asfixia por los recortes en servicios y en la dependencia:

Hay más de 80 casos urgentes pendientes de plaza residencial.
Más de 175 personas están pendientes de recibir el servicio de apoyo a la autonomía en el propio hogar.
El acceso a los servicios de atención diurna está parado, hay más de 200 personas esperando una plaza.
Más de 250 personas que, debido al envejecimiento, deben dejar de trabajar en el CET, no tienen plaza de atención diurna.
Hay un goteo de recortes y las herramientas que garantizaban la igualdad de oportunidades del colectivo están colapsadas o desapareciendo.

Sin casi darnos cuenta, vamos a un cambio de modelo. La administración está desmontando el estado del bienestar y están desapareciendo algunos de los derechos que costaron mucho conseguir. Únicamente, quien pueda pagar el servicio lo tendrá; quien no pueda, se quedará en casa. El colectivo de personas con discapacidad intelectual es un colectivo pequeño. En Cataluña son 47.268 personas. Esto nos da poca fuerza, poca visibilidad. Es un colectivo vulnerable que no puede hablar por sí solo y que depende de los demás para hacer valer sus derechos. La administración no puede desentenderse. Hasta ahora había confiado en las entidades de iniciativa social, haciéndonos creer que formábamos parte de la red de servicio público; ahora nos lleva a crear servicios privados o desaparecer, haciéndonos cómplices de un modelo discriminatorio, injusto e insolidario, al que sólo tendrán acceso aquellos que lo puedan pagar. Por supuesto que no obviamos el escenario de recursos limitados que tiene hoy la Generalitat, pero los recursos se pueden priorizar y, en este caso, priorizar significa asegurar unos mínimos para las personas que más necesidades y menos opciones tienen.

Y a todo esto hay que añadir la falta de comunicación, de diálogo, de información, que no se diga nada, que las entidades nos enteramos de las decisiones una vez ya tomadas, que sean las propias entidades quienes deben informar a las familias. En una situación como la actual es imprescindible gestionar las organizaciones con un mínimo de seguridad administrativa que hoy no tenemos. Reclamamos al menos una actitud de diálogo y de análisis conjunto, lo que en estos momentos no se está dando. Si la situación se mantiene vamos a un retroceso de 30 años en los derechos de las personas con discapacidad intelectual.

 
Si nos recortan, desaparecemos. Eso sí que no...