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El pasado día 23 de enero, el Parlamento de Cataluña acordó "iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir para que los ciudadanos de Cataluña puedan decidir su futuro político colectivo", de acuerdo con determinados principios.. Esta resolución viene precedida de otra aprobada por el anterior Parlamento en su última sesión plenaria (09/27/2012), por la que "el Parlamento constata la necesidad de que el pueblo de Cataluña pueda determinar libremente y democráticamente su futuro colectivo e insta al Gobierno a realizar una consulta, prioritariamente dentro de la próxima legislatura ". Estas resoluciones han sido rechazadas por el Gobierno del Estado y por los principales partidos españoles, negando la existencia del derecho de Cataluña a decidir al margen o unilateralmente de la voluntad del conjunto pueblo español, considerado el único titular de una soberanía indivisible de acuerdo con la Constitución.

En estas circunstancias considero interesante recordar algunas de las principales afirmaciones del pensamiento social de la Iglesia en torno a la cuestión de las culturas y naciones, los nacionalismos y los derechos de los pueblos y de las minorías étnicas. La doctrina social de la Iglesia puede ser, en esta como en otras cuestiones, un útil referente a tomar en consideración. Por ello, sería bueno que todos los católicos e instituciones eclesiales, en Cataluña y España, conocieran esta doctrina o la tuvieran más presente.

Existe una larga tradición de pensamiento social de la Iglesia en torno a esta cuestión, desgranada en una multitud de pronunciamientos (un buen resumen se puede encontrar en Oriol y Costa, "Hecho nacional y magisterio social", Proa, 2009). Entre estos pronunciamientos destacan las consideraciones contenidas en la encíclica "Pacem in terris" de Juan XXIII (1963) o la constitución conciliar "Gaudium et Spes" (1965) así como el impresionante magisterio de Juan Pablo II, recogido en sus encíclicas y múltiples discursos, como los que dirigió a la UNESCO (1980), las Naciones Unidas (1995) o al Cuerpo diplomático, y un sinfín de pronunciamientos hechos en sus viajes y dirigidos a diferentes naciones: los pueblos autóctonos de América, los pueblos africanos, los aborígenes australianos, el pueblo gitano, a varias naciones europeas, algunas recientemente constituidas en Estados (Chequia y Eslovaquia, países balcánicos, países bálticos ...) o de otros como Bélgica, Suiza o la Alemania reunificada.

Esta doctrina parte de la afirmación del alto valor y primacía de las culturas desarrolladas por los grupos humanos en diferentes territorios, pues son la forma peculiar en que los humanos se relacionan con la Creación, con Dios y entre ellos. Las culturas están llamadas al diálogo y al intercambio entre ellas, evitando el cierre o impermeabilización, así como la homologación o asimilación de unas a otras. Partiendo de esta premisa, el pensamiento social de la Iglesia entiende las naciones como aquellas comunidades humanas de personas unidas por lazos diversos, especialmente por la cultura. Por ello, las naciones existen por la cultura y para la cultura. Las naciones son aquellas comunidades que poseen una historia que supera la historia del individuo y de la familia, en las que tiene un papel fundamental la lengua.

En este sentido, la Iglesia alaba a los pueblos que han mantenido su cultura, lengua e identidad a pesar de las invasiones y agresiones. Por ello, hace una positiva valoración del nacionalismo o patriotismo, entendido como el amor que se debe a la propia patria y la dedicación a su servicio en favor del bien común. Al mismo tiempo, rechaza con fuerza aquel nacionalismo exacerbado, impositivo o violento, que consiste en la dominación, el abuso de derechos o la opresión de minorías, así como condena el terrorismo en cualquier forma.

De acuerdo con esta visión, la doctrina social subraya que las naciones disfrutan de una serie de derechos de los que no se les puede privar, que son los mismos derechos humanos considerados a escala comunitaria: el derecho a la existencia como naciones, a la libertad, a ser sujetos socio-políticos, a ser responsables y gestionar sus propios asuntos, al señorío real en todos los campos, al propio destino, al futuro, a mantener y desarrollar la propia identidad a fin de cooperar libremente con los demás, a la propia lengua y cultura y a disfrutar de una "soberanía espiritual" que les permita modelar la propia vida y cultura de acuerdo con sus tradiciones, lo que exige una grado suficiente y equitativo de autogobierno. El respeto de estos derechos es fundamento de la justicia y la paz.

Ciertamente, afirma la Iglesia que estos derechos no equivalen necesariamente a disponer de soberanía política y constituirse en la forma jurídica de un Estado: varias naciones pueden compartir un mismo Estado, siempre que se respete un clima de libertad, garantizada por el respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos. Los derechos de las naciones no son ilimitados, como no lo es ningún derecho, ya que están sometidos al bien común y a la dignidad y a los derechos de las personas y de las minorías. Por tanto, no existe un derecho unilateral e ilimitado de secesión, pero en determinadas circunstancias y condiciones (requiere un juicio ético particular de cada caso), valorando todas las consecuencias y respetando el bien común, puede ser admisible que una nación se constituya en Estado, ya que tampoco existe un derecho unilateral e ilimitado de los Estados existentes a imponer unilateralmente cualquier tipo de unidad política.

Estos derechos son válidos para todas las naciones, tengan o no Estado propio, ya que no descansan sobre normas jurídicas (por ejemplo una Constitución), sino sobre principios morales. Son derechos naturales y en consecuencia, originarios e inalienables. Por eso hay que distinguir netamente entre nación y Estado. Un Estado puede reunir diferentes naciones, al igual que una nación puede extenderse en diferentes estados. Diferentes fórmulas son posibles mientras se respeten los derechos de los pueblos y el bien común y, en caso de conflicto, se busquen soluciones mediante el diálogo sincero.

La doctrina social de la Iglesia pide que se apruebe una regulación internacional del derecho a la autodeterminación de los pueblos, que permita una resolución justa de los conflictos que se dan. Esta es una laguna importante del derecho internacional. Y apela a la resolución de los conflictos entre pueblos mediante el diálogo, basado en la verdad, la justicia, el perdón y la reconciliación.

Vale la pena concluir que los obispos catalanes afirmaron en 1985 en su documento "Raíces cristianas de Cataluña", ratificado recientemente, que "Cataluña es una realidad nacional, modelada con mil años de historia, con su lengua y cultura , que tiene plena conciencia de su historia y personalidad propia ".

En consecuencia, lo mínimo que se puede decir es que la voluntad mayoritaria de este pueblo es digna de respeto y de seria consideración por parte del Estado español y la comunidad internacional.