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Esta semana se ha conocido el incomprensible segundo indulto del Gobierno español (a propuesta del cada vez más polémico Ministro Gallardón) a cuatro agentes del cuerpo de Mossos d'Esquadra que habían sido condenados judicialmente a cuatro años y medio de prisión, más inhabilitación, por actos de tortura muy graves contra dos personas detenidas por error.

Digo "segundo" indulto, porque era la segunda vez que el Gobierno los indultaba. Primero los indultó rebajando la condena a dos años y una suspensión de funciones, en previsión de que el tribunal dejaría en suspenso la pena de prisión (como se suele hacer con condenas no superiores a dos años). En este caso, el tribunal consideró que, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, no había motivos para suspenderla y acordó el ingreso en prisión. Los condenados volvieron a pedir el indulto. La respuesta, sin precedentes, del Gobierno Rajoy es volverlos a indultar, sustituyendo la pena de prisión por una simple multa. Es decir, que el Gobierno central ha decidido que estos delitos no deben ser castigados con la pena de prisión.

Es inevitable preguntarse: ¿ Es que el Gobierno español, contraviniendo todos los compromisos internacionales en la materia, cree que una vulneración tan grave de la dignidad humana como es la tortura, no es un delito que haya combatir duramente y que puede quedar prácticamente impune (o ser castigado como una simple infracción de tráfico)?

Una vez más (y se podría hacer una amplia antología) se utiliza de forma arbitraria e injustificable el mecanismo legal del indulto (en este caso "doble" indulto) para favorecer la impunidad por delitos cometidos por funcionarios de policía. Es un caso claro de desviación de poder, como ya ha denunciado un importante colectivo de más de 200 jueces.

El indulto envía un peligroso mensaje de tolerancia hacia la tortura, dejando indefensos a los ciudadanos ante posibles arbitrariedades y abusos policiales. Al mismo tiempo, es un acto de desprecio del poder judicial y su necesaria independencia, garantía última de los derechos y libertades de las personas.

Y el Gobierno de la Generalitat, y en particular su Consejero de Interior, ¿acepta o ve correcto estos indultos de delitos cometidos por funcionarios suyos en el ejercicio de sus funciones? ¿Defendió o hizo alguna gestión política en favor de este indulto? Y si la respuesta es negativa (como quiero creer), ¿piensa entonces readmitir de nuevo los agentes en el servicio o buscará algún mecanismo legal para impedir que personas con conductas tan reprobables vuelvan a servir en la policía catalana, o al menos para impedir que asuman funciones policiales de cara al público?

De forma más general: ¿Ha tomado o tomará el Consejero Puig alguna medida para prevenir que se repitan este tipo de acciones? Tras esta y otras condenas posteriores, ¿todavía le parece que no es necesario extender los sistemas de videovigilancia en todas las dependencias y actuaciones policiales donde se traten personas detenidas?

Empieza a ser altamente preocupante el alto número de Mossos condenados por malos tratos en los últimos años, y más preocupante aún los repetidos indultos otorgados, incluso con el apoyo de los sindicatos policiales. Sinceramente, da miedo.