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Uno tema de fondo de la situación actual es la lucha por la soberanía. Siempre lo ha sido, pero ahora adquiere unos ribetes determinados. Cada escenario tiene sus propias pugnas. Asistimos a la confrontación entre política y economía. La política se ha ido debilitando frente a una economía que está imponiendo sus reglas de mercado. Los partidos políticos, sus líderes y sus programas están a la baja. Ellos mismos se han ganado a pulso esta valoración negativa, pero el problema se ha agudizado por corrientes sociales que no han dudado en dinamitar su prestigio. El riesgo es evidente: crear un vacío que nadie sabe quién lo va a llenar; poner en peligro los logros de la democracia, con la aparición de caudillajes, extremistas y salvadores de la patria; debilitar la fuerza política ante la contundencia de la economía; fragmentar a la sociedad y polarizarla aun más. Política y economía tienen profundas relaciones, pero las decisiones corresponden en teoría al mundo político. En la práctica, “poderoso caballero es don dinero”, que manda y ordena. Mientras la economía se mueve sin grandes fronteras y construye un mercado global, la política está aprisionada en el ámbito estatal, que se resiste a abrirse de verdad al ámbito europeo y mundial.  

El presidente del gobierno español está atrapado entre soberanías externas (UE, FMI; BCE, Alemania…) e internas (autonomías y, en menor grado, corporaciones municipales). Si se somete a las presiones externas, propiciará que la sociedad española lo considere una marioneta y se promueva un gobierno de tecnócratas, como sucede en Italia. Por esto, cuando España fue rescatada hubo tanta confusión e, incluso, rechazo en decir las cosas por su nombre. Las medidas pedidas por el FMI y otros organismos se ralentizan para demostrar quién manda, pero tarde o temprano se acabarán aplicando. Para no encontrarse entre dos fuegos, la tentación está en suprimir la soberanía inferior, las autonomías, produciéndose así una regresión constitucional. Como no hubo valentía en los inicios, que consagraron la fórmula del café para todos y que crearon nuevas estructuras autonómicas sin redimensionar las estatales ya sin competencias ni contenidos, las duplicidades han sido evidentes. No hubo cambio de modelo, sino superposición de modelos. El clamor popular en Cataluña para obtener un pacto fiscal es generalizado. Los partidos dependientes de sus centros de decisión, ubicados en Madrid, están también entre dos fuegos. En Navarra, el País Vasco e incluso Andalucía no tienen dudas, pero aquí siempre supeditan el interés de Cataluña a las consignas e intereses de sus partidos.
 
Política y economía, por un lado, y ética, por otro, también mantienen una pugna sin cuartel. El abandono de los valores éticos ha hecho prevalecer el interés de los grupos políticos por encima del bien común; la avaricia de los organismos financieros por encima de la justicia y de la solidaridad; la codicia de unos cuantos por encima del bienestar colectivo. El desmoronamiento de la ética junto con la total impunidad de especuladores sin conciencia y de gobiernos incompetentes nos ha conducido a la situación actual, a cuya creación no es ajena cada persona que, a menudo, no ha respetado tampoco la ética en el ámbito de su actuación. La jerarquía comienza en la ética, sigue en la política y acaba en la economía, que por definición se centra en los recursos escasos. Por haberla roto, estamos pagando un precio muy alto, que recaerá también, sin lugar a dudas, sobre la espalda de las futuras generaciones.