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El debate sobre el IBI y la Iglesia católica es extraño. Lo es porque los promotores de la iniciativa de cobrar el IBI a la Iglesia católica han tenido bastante tiempo de gobierno del país para haber promovido esta medida y no lo hicieron. En ningún momento se lo plantearon. También es extraño porque parece que, de todas las religiones, sólo sea la Iglesia católica la que esté exenta de este impuesto. Cuando lo están todas. Continúa siendo extraño por el argumentario de apostolado social que algunos católicos esgrimen para justificar esta exención. El grueso de los presupuestos de Cáritas, cómo han dicho sus responsables, tienen otra vía de financiación diferente a los presupuestos ordinarios de los obispados católicos. Finalmente, también es extraño porque han aparecido importantes disidencias entre las filas de las organizaciones políticas promotoras de la iniciativa. Por todo esto, no entiendo el por qué de esta propuesta ni su utilidad política. Me parece estéril y destinada a entretenernos.

Personalmente creo que es un debate desafortunado. Primero porque se formula en términos de anticatolicismo que no se corresponde a la realidad social sentida por una mayoría de la ciudadanía. En segundo lugar porque puede inducir a pensar que sus promotores consideran en último término que las religiones son socialmente irrellevantes y por eso no hay que favorecer su presencia social. Por eso no quieren la exención del IBI de los lugares de culto y todo lo que está asociado al culto porqué consideran que la religión es una cuestión privada. Esta visión nos volvería a repensar el valor social de las religiones en las sociedades contemporàneies. Debate que creía  superado a favor de la sana laicidad o laicidad positiva según el Tribunal Constitucional. Escoger el camino de la revisión del IBI comportaría denunciar los acuerdos internacionales Iglesia-Estado con todas las consecuencias asociadas a iniciar una modificación de tal envergadura. Pero, dado que el precepto constitucional de no discriminación también prevalece en esta cuestión, la revisión de los acuerdos, aunque sea sólo las relaciones económicas con la Iglesia católica, también comportaría la revisión de los acuerdos del 1992 con las otras confesiones.
 
Alrededor de este tema hay mucho ruido inducido. De tal manera que se habla por los codos sin matizar nada, hay mucha brocha gorda que alimenta la idea de que contra la Iglesia católica cabe todo. Cuando la manera más razonable de abordar esta y otras cuestiones es a partir de la serenidad y no de la agitación sentimental de las opiniones opuestas. Es evidente que hace falta una revisión del IBI. Pero a partir de datos objetivos y con conocimiento. Estos días todo el mundo opina y algunos opinadores, con cierta frivolidad y desconocimiento alimentan actitudes enfrentadas. No es bueno. Porque no es bueno creer que la Iglesia católica vive en un paraíso fiscal. Este paraíso no existe. La Iglesia católica paga aquello que debe tributar como otras instituciones y entidades, exceptuando aquello que, de manera explícita, está exenta. Por cierto, no estaría de más incorporar a la memoria colectiva el valor social y económico que tienen las obras humanitarias y sociales que día a día hacen las instituciones católicas.
 
Los argumentos antireligiosos debilitan la conciencia moral de la sociedad. Probablemente el acuerdo podría alcanzarse sobre una revisión ordenada del reglamento del IBI, pero afectando a todo el mundo y sobre razones objetivas. Una visión unilateral de la cuestión puede parecer interesada. Por eso me duele profundamente las expresiones de algunos de los promotores políticos de esta iniciativa porque con sus actitudes de última hora, las cuales sigo encontrando incomprensibles, pueden alterar la convivencia cívica de la sociedad.