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El bloqueo de los accesos a diferentes centros penitenciarios catalanes por parte de grupos de funcionarios de prisiones, que se viene repitiendo últimamente, es una actuación absolutamente intolerable que se puede calificar ya de criminal.

Ni el conflicto laboral con el Departamento de Justicia, ni ninguna negociación colectiva, ni ningún derecho sindical justifican, ni ética ni legalmente, esta actuación innaceptable que, al impedir el acceso del personal, está poniendo en grave peligro la vida y la integridad física de los internos de los centros penitenciarios afectados. De la misma manera, supone una grave violación de sus derechos fundamentales, al impedir o dificultar las comunicaciones con sus abogados y familiares, los traslados a centros hospitalarios o a juzgados (anulando trámites procesales muy importantes que pueden decidir su libertad) o causándoles graves molestias al interferir en el normal funcionamiento y en las actividades de los centros. En algunos casos, estos bloqueos han obligado al confinamiento de los internos durante largas horas en sus celdas.

Los responsables del Departamento de Justicia (algunos de los cuales parece que incluso han sido agredidos) deben detener radicalmente toda negociación sindical y tomar drásticas medidas disciplinarias. La fiscalía y la justicia deberían investigar urgentemente los hechos, como posibles delitos de coacciones, detención ilegal, desorden público, entre otros. Los Mossos d'Esquadra deberían practicar detenciones. Sorprende la extraña pasividad del Consejero de Interior en este caso. Y los sindicatos deberían condenar immediatamente estas actuaciones y tomar medidas para pararlas radicalmente.

La opinión pública no debe ofrecer ningún tipo de comprensión a una actuación tan irresponsable, que utiliza como moneda de cambio a personas inocentes y en situación muy vulnerable (los presos), violando sus derechos y su dignidad, para coaccionar a la Administración.

Desgraciadamente, estas actuaciones no son de hoy ni de hace un mes, sino una práctica utilizada en el pasado durante muchas negociaciones colectivas por parte de sectores de funcionarios de prisiones, que sólo se explica por una increíble tolerancia por parte del Administración catalana y los tribunales de justicia, inédita en el resto de España y absolutamente impensable en otros países.