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(Jordi Llisterri-CR) Una veintenta de entidades cristianas ha abierto una llamada para formalizar una adhesión conjunta de grupos e instituciones católicas o de inspiración cristiana al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. Este grupo promotor invita al resto de entidades a sumarse a la demanda por "la celebración de una consulta sobre el futuro político de Cataluña" que propone el Pacto Nacional promovido por una amplia mayoría del Parlamento de Cataluña. El objetivo es mostrar el apoyo dentro de la Iglesia catalana a la celebración de una consulta. Este apoyo se visualizará a finales de octubre con un acto en el Parlamento en el que la presidenta Núria de Gispert recibirá a los representantes de las entidades cristianas adheridas.

Esta invitación -se puede ver aquí- quiere reunir a un número relevante y significativo de entidades cristianas que apoyen el derecho a decidir y la celebración de una consulta, más allá de "la legitimidad moral de todas las opciones políticas" y de su posición final. Entre las entidades que inicialmente hacen este llamamiento está el Grupo Sant Jordi de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Justicia y Paz, la Fundación Joan Maragall, la Federación de Cristianos de Cataluña, la Fundación Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes, la Fundación de Escuelas Parroquiales, la Fundación Dr. Albert Bonet, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona, la Liga Espiritual de la Virgen de Montserrat, o la Legión de María. También hacen la llamada inicial desde el mundo de los religiosos la Junta directiva de la Unión de Religiosos de Cataluña, y órdenes como los Escolapios o los Claretianos, y asociaciones de laicos como el Movimiento de Cristianos de Pueblos y Comarcas de Cataluña y el Movimiento de Profesionales Católicos de Barcelona.

Con esta iniciativa se quiere mostrar públicamente el apoyo que también tiene el derecho a decidir dentro de la Iglesia de Cataluña. Hasta el 25 de octubre se recogerán las nuevas adhesiones al Pacto Nacional para poder presentarlas conjuntamente y mostrar la diversidad y la extensión del apoyo a la celebración de una consulta entre los colectivos cristianos. También quieren representar un conjunto de trayectorias y sensibilidades eclesiales diversas.

La llamada que hacen las entidades quiere responder a "la trayectoria de arraigo en el país" y el reconocimiento de Cataluña como nación que tradicionalmente ha mantenido la Iglesia catalana. Los promotores recuerdan que los obispos de Cataluña en el documento Raíces Cristianas de Cataluña declaraban que "La existencia de la nación catalana exige una adecuada estructura jurídico-política que haga viable el ejercicio de (sus) derechos". Es un texto de 1985 que diez años más tarde recibió el aval de la Santa Sede dentro del reconocimiento doctrinal de las resoluciones del Concilio Provincial Tarraconense de 1995. Hace dos años, los obispos catalanes también avalaron de nuevo la actualidad de Raíces Cristianas de Cataluña con la carta pastoral Al servicio de nuestro pueblo.

Según los promotores, ante la reclamación de una consulta sobre el futuro político de Cataluña "el pensamiento social de la Iglesia ilumina esta realidad con la afirmación del pueblo como sujeto de la autoridad política, con la defensa de la democracia como sistema y con el reconocimiento de los derechos de los pueblos y de las naciones, entre los cuales el de la autodeterminación".

Hasta ahora no ha habido un pronunciamiento conjunto de los obispos catalanes sobre el ejercicio del derecho a decidir, aunque siempre han reconocido la identidad nacional de Cataluña y la legitimidad de cualquier opción sobre la articulación política de la que se tiene que dotar el país. Pero este septiembre tanto el obispo de Girona como el de Solsona publicaron una carta dominical pronunciandose a favor de la celebración de una consulta. También el abad de Montserrat reiteró este 11 de septiembre su apoyo a la consulta.

Francesc Pardo desde Girona argumentaba que "es del todo necesario conocer la opinión 'real' de todos o de la mayoría de ciudadanos de Cataluña, que tenemos el deber y el derecho de manifestar la propia opinión y decisión en cuestiones importantes y esenciales". Y Xavier Novell, en Solsona, afirmaba que "siendo ampliamente mayoritaria la voluntad de los ciudadanos de Cataluña de decidir el propio futuro, sólo se alcanzarán las 'soluciones justas y estables' que pedíamos los obispos, si se llega a un acuerdo entre los gobiernos del Estado y de la Generalitat que permita dicha consulta".

Por su parte, el abad Josep Maria Soler afirmaba que "ante el deseo y el derecho de una buena parte de los ciudadanos de ser consultados sobre el futuro del país, y amparándose en la Doctrina Social de la Iglesia" sólo "a través de la consulta se puede llegar a tener un conocimiento real y objetivo. Las objeciones legales no pueden ser nunca una excusa para rechazar el diálogo y, por tanto, hay que trabajar y apostar por la cohesión social, es necesario un gran esfuerzo y una gran pedagogía para evitar una posible fractura social que sea irreparable y deje heridas abiertas".