(Bernabé Dalmau-CR) Esta tercera parte de la Pacem in Terris trata especialmente del respeto de la personalidad colectiva de los grupos sociales constituidos en comunidades políticas. Los cuatro valores sociales esenciales (verdad, justicia, amor y libertad), que nos van acompañando a lo largo de la encíclica, en esta parte son presentados como centros de interés. El amor es designado como solidaridad, porque expresa mejor la actitud común indispensable para solucionar los dos grandes problemas tratados aquí: la ayuda a los países subdesarrollados y la renuncia a la guerra, sobre todo a través del desarme. Dentro del capítulo de la verdad deberíamos incluir la doctrina de los derechos fundamentales de los Estados, especialmente la defensa de los derechos de las pequeñas naciones.
En su momento, el tratamiento del tema de las minorías étnicas tuvo una gran repercusión en Cataluña, hasta el punto de que alguna edición de la encíclica destacó tipográficamente los párrafos 88-91. La doctrina posterior, especialmente la de Juan Pablo II, sobre las nacicionalidades, ha hecho evolucionar el pensamiento, hasta el punto de dejar de considerarse minoría étnica los propios catalanes, que son simplemente los ciudadanos del país, y ver como tales a los inmigrantes.
Aparte el tema de las minorías, siempre actual debido al crecimiento del sentido nacional en muchos países, esta parte también trata de los prófugos políticos (nn. 98-102). El tema se ha ido acentuando recientemente por la crisis económica y por las constantes guerras intestinas. Hoy ha tomado nuevas dimensiones al atravesar los continentes. Muy recientemente la Santa Sede ha dado orientaciones para la acogida cristiana de estos refugiados y desplazados forzosos.
Una actualidad constante, aunque quizá mortecina en la opinión pública, es el tema del desarme, cuestión que producía pánico universal en el tiempo de la guerra fría. Pero, lejos de estar solucionado, continúa actual. Juan XXIII en la presente encíclica superó la doctrina clásica de la guerra defensiva, simplemente porque la guerra moderna hacía estallar los límites que aún podían justificar una cierta legitimidad. Netamente el papa se pronunció proscribiendo la guerra como medio adecuado en la era atómica para obtener justicia de una violación de los derechos. Este es el centro de los signos de los tiempos que cierran esta parte, la cual también detecta, en conclusión, que las controversias entre los pueblos no deben ser resueltas recurriendo a las armas sino mediante negociaciones.
Tercera parte
Relaciones entre las comunidades políticas
Sujetos de derechos y de deberes
75. Nos complace confirmar ahora con nuestra autoridad las enseñanzas que sobre el Estado expusieron repetidas veces nuestros predecesores, esto es, que las naciones son sujetos de derechos y deberes mutuos y, por consiguiente, sus relaciones deben regularse por las normas de la verdad, la justicia, la activa solidaridad y la libertad. Porque la misma ley natural que rige las relaciones de convivencia entre los ciudadanos debe regular también las relaciones mutuas entre las comunidades políticas.
76. Este principio es evidente para todo el que considere que los gobernantes, cuando actúan en nombre de su comunidad y atienden al bien de la misma, no pueden, en modo alguno, abdicar de su dignidad natural, y, por tanto, no les es lícito en forma alguna prescindir de la ley natural, a la que están sometidos, ya que ésta se identifica con la propia ley moral.
77. Es, por otra parte, absurdo pensar que los hombres, por el mero hecho de gobernar un Estado, puedan verse obligados a renunciar a su condición humana. Todo lo contrario, han sido elevados a tan encumbrada posición porque, dadas sus egregias cualidades personales, fueron considerados como los miembros más sobresalientes de la comunidad.
78. Más aún, el mismo orden moral impone dos consecuencias: una, la necesidad de una autoridad rectora en el seno de la sociedad; otra, que esa autoridad no pueda rebelarse contra tal orden moral sin derrumbarse inmediatamente, al quedar privada de su propio fundamento. Es un aviso del mismo Dios: Oíd, pues, ¡oh reyes!, y entended; aprended vosotros los que domináis los confines de la tierra. Aplicad el oído los que imperáis sobre las muchedumbres y los que os engreís sobre la multitud de las naciones. Porque el poder os fue dado por el Señor, y la soberanía por el Altísimo, el cual examinará vuestras obras y escudriñará vuestros pensamientos.
79. Finalmente, es necesario recordar que también en la ordenación de las relaciones internacionales la autoridad debe ejercerse de forma que promueva el bien común de todos, ya que para esto precisamente se ha establecido. Entre las exigencias fundamentales del bien común hay que colocar necesariamente el principio del reconocimiento del orden moral y de la inviolabilidad de sus preceptos. El nuevo orden que todos los pueblos anhelan... hade alzarse sobre la roca indestructible e inmutable de la ley moral, manifestada por el mismo Creador mediante el orden natural y esculpida por El en los corazones de los hombres con caracteres indelebles... Como faro resplandeciente, la ley moral debe, con los rayos de sus principios, dirigir la ruta de la actividad de los hombres y de los Estados, los cuales habrán de seguir sus amonestadoras, saludables y provechosas indicaciones, sí no quieren condenar a la tempestad y al naufragio todo trabajo y esfuerzo para establecer un orden nuevo.
En la verdad
80. Hay que establecer como primer principio que las relaciones internacionales deben regirse por la verdad. Ahora bien, la verdad exige que en estas relaciones se evite toda discriminación racial y que, por consiguiente, se reconozca como principio sagrado e inmutable que todas las comunidades políticas son iguales en dignidad natural. De donde se sigue que cada una de ellas tiene derecho a la existencia, al propio desarrollo, a los medios necesarios para este desarrollo y a ser, finalmente, la primera responsable en procurar y alcanzar todo lo anterior; de igual manera, cada nación tiene también el derecho a la buena fama y a que se le rindan los debidos honores.
81. La experiencia enseña que son muchas y muy grandes las diferencias entre los hombres en ciencia, virtud, inteligencia y bienes materiales. Sin embargo, este hecho no puede justificar nunca el propósito de servirse de la superioridad propia para someter de cualquier modo a los demás. Todo lo contrarío: esta superioridad implica una obligación social más grave para ayudar a los demás a que logren, con el esfuerzo común, la perfección propia.
82. De modo semejante, puede suceder que algunas naciones aventajen a otras en el grado de cultura, civilización y desarrollo económico. Pero esta ventaja, lejos de ser una causa lícita para dominar injustamente a las demás, constituye más bien una obligación para prestar una mayor ayuda al progreso común de todos los pueblos.
83. En realidad, no puede existir superioridad alguna por naturaleza entre los hombres, ya que todos ellos sobresalen igualmente por su dignidad natural. De aquí se sigue que tampoco existen diferencias entre las comunidades políticas por lo que respecta a su dignidad natural. Cada Estado es como un cuerpo, cuyos miembros son los seres humanos. Por otra parte, 1a experiencia enseña que los pueblos son sumamente sensibles, y no sin razón, en todas aquellas cosas quede alguna manera atañen a su propia dignidad.
84. Exige, por último, la verdad que en el uso de los medios de información que la técnica moderna ha introducido, y que tanto sirve para fomentar y extender el mutuo conocimiento de los pueblos, se observen de forma absoluta las normas de una serena objetividad. Lo cual no prohíbe, ni mucho menos, a los pueblos subrayar los aspectos positivos de su vida. Pero han de rechazarse por entero los sistemas de información que, violando los preceptos de la verdad y de la justicia, hieren la fama de cualquier país.
Según justicia
86. Como las comunidades políticas tienen derecho a la existencia, al propio desarrollo, a obtener todos los medios necesarios para su aprovechamiento, a ser los protagonistas de esta tarea y a defender su buena reputación y los honores que les son debidos, de todo ello se sigue que las comunidades políticas tienen igualmente el deber de asegurar de modo eficaz tales derechos y de evitar cuanto pueda lesionarlos. Así como en las relaciones privadas los hombres no pueden buscar sus propios intereses con daño injusto de los ajenos, de la misma manera, las comunidades políticas no pueden, sin incurrir en delito, procurarse un aumento de riquezas que constituya injuria u opresión injusta de las demás naciones. Oportuna es a este respecto la sentencia de San Agustín: Si se abandona la justicia, ¿qué son los reinos sino grandes latrocinios?
87. Puede suceder, y de hecho sucede, que pugnen entre sí las ventajas y provechos que las naciones intentan procurarse. Sin embargo, las diferencias quede ello surjan no deben zanjarse con las armas ni por el fraude o el engaño, sino, como corresponde a seres humanos, por la razonable comprensión recíproca, el examen cuidadoso y objetivo de la realidad y un compromiso equitativo de los pareceres contrarios.
El tratamiento de las minorías
88. A este capítulo de las relaciones internacionales pertenece de modo singular la tendencia política quedes de el siglo XIX se ha ido generalizando e imponiendo, por virtud de la cual los grupos étnicos aspiran a ser dueños de sí mismos y a constituir una sola nación. Y como esta aspiración, por muchas causas, no siempre puede realizarse, resulta de ello la frecuente presencia de minorías étnicas dentro de los límites de una nación de raza distinta, lo cual plantea problemas de extrema gravedad.
89. En esta materia hay que afirmar claramente que todo cuanto se haga para reprimir la vitalidad y el desarrollo de tales minorías étnicas viola gravemente los deberes de la justicia. Violación que resulta mucho más grave aún si esos criminales atentados van dirigidos al aniquilamiento de la raza.
90. Responde, por el contrario, y plenamente, a lo que la justicia demanda: que los gobernantes se consagren a promover con eficacia los valores humanos de dichas minorías, especialmente en lo tocante a su lengua, cultura, tradiciones, recursos e iniciativas económicas.
91. Hay que advertir, sin embargo, que estas minorías étnicas, bien por la situación que tienen que soportar a disgusto, bien por la presión de los recuerdos históricos, propenden muchas veces a exaltar más de lo debido sus características raciales propias, hasta el punto de anteponerlas a los valores comunes propios de todos los hombres, como si el bien de la entera familia humana hubiese de subordinarse al bien de una estirpe. Lo razonable, en cambio, es que tales grupos étnicos reconozcan también las ventajas que su actual situación les ofrece, ya que contribuye no poco a su perfeccionamiento humano el contacto diario con los ciudadanos de una cultura distinta, cuyos valores propios puedan ir así poco a poco asimilando. Esta asimilación sólo podrá lograrse cuando las minorías se decidan a participar amistosamente en los usos y tradiciones de los pueblos que las circundan; pero no podrá alcanzarse si las minorías fomentan los mutuos roces, que acarrean daños innumerables y retrasan el progreso civil de las naciones.
Solidaridad eficiente
92. Como las relaciones internacionales deben regirse por las normas de la verdad y de la justicia, por ello han de incrementarse por medio de una activa solidaridad física y espiritual. Esta puede lograrse mediante múltiples formas de asociación, como ocurre en nuestra época, no sin éxito, en lo que atañe a la economía, la vida social y política, la cultura, la salud y el deporte. En este punto es necesario tener a la vista que la autoridad pública, por su propia naturaleza, no se ha establecido para recluir forzosamente al ciudadano dentro de los límites geográficos de la propia nación, sino para asegurar ante todo el bien común, el cual no puede ciertamente separarse del bien propio de toda la familia humana.
93. Esto implica que las comunidades políticas, al procurar sus propios intereses, no solamente no deben perjudicar a las demás, sino que también todas ellas han de unir sus propósitos y esfuerzos, siempre que la acción aislada de alguna no baste para conseguirlos fines apetecidos; en esto hay que prevenir con todo empeño que lo que es ventajoso para ciertas naciones no acarree a las otras más daños que utilidades.
94. Por último, el bien común universal requiere que en cada nación se fomente toda clase de intercambios entre los ciudadanos y los grupos intermedios.
95. Porque, existiendo en muchas partes del mundo grupos étnicos más o menos diferentes, hay que evitar que se impida la comunicación mutua entre las personas que pertenecen a unas u otras razas; lo cual está en abierta oposición con el carácter de nuestra época, que ha borrado, o casi borrado, las distancias internacionales. No ha de olvidarse tampoco que los hombres de cualquier raza poseen, además de los caracteres propios que los distinguen de los demás, otros e importantísimos que les son comunes con todos los hombres, caracteres que pueden mutuamente desarrollarse y perfeccionarse, sobre todo en lo que concierne a los valores del espíritu. Tienen, por tanto, el deber y el derecho de convivir con cuantos están socialmente unidos a ellos.
Equilibrio entre poblaciones, tierra y capitales
96. Es un hecho de todos conocido que en algunas regiones existe evidente desproporción entre la extensión de tierras cultivables y el número de habitantes; en otras, entre las riquezas del suelo y los instrumentos disponibles para el cultivo; por consiguiente, es preciso que haya una colaboración internacional para procurar un fácil intercambio de bienes, capitales y personas
97. En tales casos, juzgamos lo más oportuno que, en la medida posible, el capital busque al trabajador, y no al contrario. Porque así se ofrece a muchas personas la posibilidad de mejorar su situación familiar, sin verse constreñidas a emigrar penosamente a otros países, abandonando el suelo patrio, y emprender una nueva vida, adaptándose a las costumbres de un medio distinto.
El problema de los prófugos políticos
98. El paterno amor con que Dios nos mueve a amar a todos los hombres nos hace sentir una profunda aflicción ante el infortunio de quienes se ven expulsados de su patria por motivos políticos. La multitud de estos exiliados, innumerables sin duda en nuestra época, se ve acompañada constantemente por muchos e increíbles dolores.
99. Tan triste situación demuestra que los gobernantes de ciertas naciones restringen excesivamente los límites de la justa libertad, dentro de los cuales es lícito al ciudadano vivir con decoro una vida humana. Más aún: en tales naciones, a veces, hasta el derecho mismo a la libertad se somete a discusión o incluso queda totalmente suprimido. Cuando esto sucede, todo el recto orden de la sociedad civil se subvierte; por que la autoridad pública está destinada, por su propia naturaleza, a asegurar el bien de la comunidad, cuyo deber principal es reconocer el ámbito justo de la libertad y salvaguardar santamente sus derechos.
100. Por esta causa, no está demás recordar aquí a todos que los exiliados políticos poseen la dignidad propia de la persona y se les deben reconocer los derechos consiguientes, los cuales no han podido perder por haber sido privados de la ciudadanía en su nación respectiva.
101. Ahora bien, entre los derechos de la persona humana debe contarse también el de que pueda lícitamente cualquiera emigrar a la nación donde espere que podrá atender mejor a sí mismo y a su familia. Por lo cual es un deber de las autoridades públicas admitir a los extranjeros que llegan y, en cuanto lo permita el verdadero bien de su comunidad, favorecerlos propósitos de quienes pretenden incorporarse a ella como nuevos miembros.
102. Por estas razones, aprovechamos la presente oportunidad para alabar públicamente todas las iniciativas promovidas por la solidaridad humana o por la cristiana caridad y dirigidas a aliviarlos sufrimientos de quienes se ven forzados a abandonar sus países. Y no podemos dejar de invitara todos los hombres de buen sentido a alabar las instituciones internacionales que se consagran íntegramente a tan trascendental problema.
Desarme
103. En sentido opuesto vemos, con gran dolor, cómo en las naciones económicamente más desarrolladas se han estado fabricando, y se fabrican todavía, enormes armamentos, dedicando a su construcción una suma inmensa de energías espirituales y materiales. Con esta política resulta que, mientras los ciudadanos de tales naciones se ven obligados a soportar sacrificios muy graves, otros pueblos, en cambio, quedan sin las ayudas necesarias para su progreso económico y social.
104. La razón que suele darse para justificar tales preparativos militares es que hoy día la paz, así dicen, no puede garantizarse sí no se apoya en una paridad de armamentos. Por lo cual, tan pronto como en alguna parte se produce un aumento del poderío militar, se provoca en otras una desenfrenada competencia para aumentar también las fuerzas armadas. Y si una nación cuenta con armas atómicas, las demás procuran dotarse del mismo armamento, con igual poder destructivo.
105. La consecuencia es clara: los pueblos viven bajo un perpetuo temor, como si les estuviera amenazando una tempestad que en cualquier momento puede desencadenarse con ímpetu horrible. No les falta razón, porque las armas son un hecho. Y si bien parece difícilmente creíble que haya hombres con suficiente osadía para tomar sobre sí la responsabilidad de las muertes y de la asoladora destrucción que acarrearía una guerra, resulta innegable, en cambio, que un hecho cualquiera imprevisible puede de improviso e inesperadamente provocar el incendio bélico. Y, además, aunque el poderío monstruoso de los actuales medios militares disuada hoy a los hombres de emprender una guerra, siempre se puede, sin embargo, temer que los experimentos atómicos realizados con fines bélicos, si no cesan, pongan en grave peligro toda clase de vida en nuestro planeta.
106. Por lo cual la justicia, la recta razón y el sentido de la dignidad humana exigen urgentemente que cese ya la carrera de armamentos; que, de un lado y de otro, las naciones que los poseen los reduzcan simultáneamente; que se prohíban las armas atómicas; que, por último, todos los pueblos, en virtud de un acuerdo, lleguen a un desarme simultáneo, controlado por mutuas y eficaces garantías. No se debe permitir -advertía nuestro predecesor, de feliz memoria, Pío XII- que la tragedia de una guerra mundial, con sus ruinas económicas y sociales y sus aberraciones y perturbaciones morales, caiga por tercera vez sobre la humanidad.
107. Todos deben, sin embargo, convencerse que ni el cese en la carrera de armamentos, ni la reducción de las armas, ni, lo que es fundamental, el desarme general son posibles si este desarme no es absolutamente completo y llega hasta las mismas conciencias; es decir, si no se esfuerzan todos por colaborar cordial y sinceramente en eliminar de los corazones el temor y la angustiosa perspectiva de la guerra. Esto, a su vez, requiere que esa norma suprema que hoy se sigue para mantenerla paz se sustituya por otra completamente distinta, en virtud de la cual se reconozca que una paz internacional verdadera y constante no puede apoyarse en el equilibrio de las fuerzas militares, sino únicamente en la confianza recíproca. Nos confiamos que es éste un objetivo asequible. Se trata, en efecto, de una exigencia que no sólo está dictada por las normas de la recta razón, sino que además es en sí misma deseable en grado sumo y extraordinariamente fecunda en bienes.
108. Es, en primer lugar, una exigencia dictada por la razón. En realidad, como todos saben, o deberían saber, las relaciones internacionales, como las relaciones individuales, han de regirse no por la fuerza de las armas, sino por las normas de la recta razón, es decir, las normas de la verdad, de la justicia y de una activa solidaridad.
109. Decimos, en segundo lugar, que es un objetivo sumamente deseable. ¿Quién, en efecto, no anhela con ardentísimos deseos que se eliminen los peligros de una guerra, se conserve incólume la paz y se consolide ésta con garantías cada día más firmes?
110. Por último, este objetivo es extraordinariamente fecundo en bienes, porque sus ventajas alcanzan a todos sin excepción, es decir, a cada persona, a los hogares, a los pueblos, a la entera familia humana. Como lo advertía nuestro predecesor Pío XII con palabras de aviso que todavía resuenan vibrantes en nuestros oídos: Nada se pierde con la paz; todo puede perderse con la guerra
111.
Por todo ello, Nos, como vicario de Jesucristo, Salvador del mundo y autor de la paz, interpretando los más ardientes votos de toda la familia humana y movido por un paterno amor hacia todos los hombres, consideramos deber nuestro rogar y suplicar a 1a humanidad entera, y sobre todo a los gobernantes, que no perdonen esfuerzos ni fatigas hasta lograr que el desarrollo de la vida humana concuerde con la razón y la dignidad del hombre.
112. Que en las asambleas más previsoras y autorizadas se examine a fondo la manera de lograr que las relaciones internacionales se ajusten en todo el mundo a un equilibrio más humano, o sea a un equilibrio fundado en la confianza recíproca, la sinceridad en los pactos y el cumplimiento de las condiciones acordadas. Examínese el problema en toda su amplitud, de forma que pueda lograrse un punto de arranque sólido para iniciar una serie de tratados amistosos, firmes y fecundos.
En la libertad
113. Hay que indicar otro principio: el de que las relaciones internacionales deben ordenarse según una norma de libertad. El sentido de este principio es que ninguna nación tiene derecho a oprimir injustamente a otras o a interponerse de forma indebida en sus asuntos. Por el contrario, es indispensable que todas presten ayuda a las demás, a fin de que estas últimas adquieran una conciencia cada vez mayor de sus propios deberes, acometan nuevas y útiles empresas y actúen como protagonistas de su propio desarrollo en todos los sectores.
114. Habida cuenta de la comunidad de origen, de redención cristiana y de fin sobrenatural que vincula mutuamente a todos los hombres y los llama a constituir una sola familia cristiana, hemos exhortado en la encíclica Mater et magistra a las comunidades políticas económicamente más desarrolladas a colaborar de múltiples formas con aquellos países cuyo desarrollo económico está todavía en curso.
115. Reconocemos ahora, con gran consuelo nuestro, que tales invitaciones han tenido amplia acogida, y confiamos que seguirán encontrando aceptación aún más extensa todavía en el futuro, de tal manera que aun los pueblos más necesitados alcancen pronto un desarrollo económico tal, que permita a sus ciudadanos llevar una vida más conforme con la dignidad humana.
116. Pero siempre ha de tenerse muy presente una cautela: que esa ayuda a las demás naciones debe prestarse de tal forma que su libertad quede incólume y puedan ellas ser necesariamente las protagonistas decisivas y las principales responsables de la labor de su propio desarrollo económico y social.
117. En este punto, nuestro predecesor, de feliz memoria, Pío XII dejó escrito un saludable aviso: Un nuevo orden, fundado sobre los principios morales, prohíbe absolutamente la lesión de la libertad, de la integridad y de la seguridad de otras naciones, cualesquiera que sean su extensión territorial y su capacidad defensiva. Si es inevitable que los grandes Estados, por sus mayores posibilidades y su poderío, tracen el camino para la constitución de grupos económicos entre ellos y naciones más pequeñas y más débiles, es, sin embargo, indiscutible -como para todos en el marco del interés general- el derecho de éstas al respeto de su libertad en el campo político, a la eficaz guarda de aquella neutralidad en los conflictos entre los Estados que les corresponde según el derecho natural y de gentes, a la tutela de su propio desarrollo económico, pues tan sólo así podrán conseguir adecuadamente el bien común, el bienestar material y espiritual del propio pueblo.
118. Así, pues, es necesario que las naciones más ricas, al socorrer de múltiples formas a las más necesitadas, respeten con todo esmero las características propias de cada pueblo y sus instituciones tradicionales, e igualmente se abstengan de cualquier intento de dominio político. Haciéndolo así, se contribuirá no poco a formar una especie de comunidad de todos los pueblos, dentro de la cual cada Estado, consciente de sus deberes y de sus derechos, colaborará, en plano de igualdad, en pro de la prosperidad de todos los demás países.
Signos de los tiempos
119. Se ha ido generalizando cada vez más en nuestros tiempos la profunda convicción de que las diferencias que eventualmente surjan entre los pueblos deben resolverse no con las armas, sino por medio de negociaciones y convenios.
120. Esta convicción, hay que confesarlo, nace, en la mayor parte de los casos, de la terrible potencia destructora que los actuales armamentos poseen y del temor a las horribles calamidades y ruinas que tales armamentos acarrearían. Por esto, en nuestra época, que se jacta de poseer la energía atómica, resulta un absurdo sostener que la guerra es un medio apto para resarcir el derecho violado.
121. Sin embargo, vemos, por desgracia, muchas veces cómo los pueblos se ven sometidos al temor como a ley suprema, e invierten, por lo mismo, grandes presupuestos en gastos militares. justifican este proceder -y no hay motivo para ponerlo en duda- diciendo que no es el propósito de atacar el que los impulsa, sino el de disuadir a los demás de cualquier ataque.
122. Esto no obstante, cabe esperar que los pueblos, por medio de relaciones y contactos institucionalizados, lleguen a conocer mejor los vínculos sociales con que la naturaleza humana los une entre sí y a comprender con claridad creciente que entre los principales deberes de la común naturaleza humana hay que colocar el de que las relaciones individuales e internacionales obedezcan al amor y no al temor, porque ante todo es propio del amor llevar a los hombres a una sincera y múltiple colaboración material y espiritual, de la que tantos bienes pueden derivarse para ellos.
