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(Jordi Llisterri-CR) En un breve comunicado el Arzobispado de Barcelona manifiesta su disposición a poner "los bienes de la Fundación a disposición de las necesidades del Hospital, mientras no se reconduzca la situación económica y social de la que cuidan los poderes públicos".

La nota hace así referencia al patrimonio histórico del hospital de Sant Pau i de la Santa Creu que desde su fundación en 1401 ha ido acumulando donaciones, herencias y legados. Con esta disposición quiere responder a "los acontecimientos por los que atraviesa el Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, en estos momentos tan delicados de la economía de nuestro país". El arzobispado considera que és "un deber moral ineludible".

Actualmente, la gestión del Hospital de Sant Pau está controlada por la Generalitat de Catalunya a través de la Fundación de Gestión Sanitaria donde el arzobispado sólo tiene un representante en el patronato. Es la junta que dimitió hace pocos días. Así, el arzobispado no decide sobre la gestión económica del centro sanitario.

En cambio, la titularidad del hospital pertenece al patronato que históricamente había gestionado el centro, la Muy Ilustre Administración (MIA), fundada por el capítulo de la Catedral de Barcelona y por el Consell de Cent. En 1990 se amplió el patronato con la participación de la Generalitat. Así, actualmente la MIA está formada por dos representantes de la Generalitat, dos del Ayuntamiento de Barcelona y dos canónigos de la Catedral. Este organismo es el que decide, por unanimidad, sobre el patrimonio histórico del Hospital de Sant Pau.

Con el comunicado del Arzobispado, se expresa la voluntad de que este patrimonio histórico y las rentas que genera se destine a solucionar las problemas de financiación y la deuda que acumula la gestión del Hospital. Asi lo habían planteado algunos de los sectores implicados en el conflicto laboral y de gestión que vive el hospital. 

Es una decisión, sin embargo, que se deberá tomar conjuntamente con las administraciones públicas que también participan en la MIA. Pero el arzobispado adelanta su posición e interviene por primera vez en el conflicto con un comunicado público. La decisión que se tome también deberá respetar los fines fundacionales de la MIA y las finalidades de las herencias y legados que gestiona.