Ocho años después de la división se cierra el reparto de propiedades entre Barcelona, ​​Terrassa y Sant Feliu

(Jordi Llisterri-CR) En un comunicado conjunto, los tres obispados surgidos de la división del arzobispado de Barcelona han anunciado este viernes que han cerrado el reparto de bienes. Ocho años después de la división, anunciada el 15 de junio de 2004, la Congregación para los Obispos ha aprobado desde Roma el acuerdo que han negociado los tres obispados.

La nota justifica la lentituddel proceso porque "las nuevas diócesis fueron creadas sin que hubiera ningún estudio preparatorio sobre la división de los bienes de la archidiócesis de Barcelona". En ese momento, la Congregación para los Obispos estableció que en el reparto de los bienes inmuebles (casas, fincas o terrenos) de la antigua archidiócesis de Barcelona "cada diócesis tendría aquellos que se encontraban en su respectivo territorio" y que por los bienes muebles se hiciera "proporcionalmente al número de habitantes de cada diócesis en el momento de la partición (56'85% Barcelona, ​​24'04% Terrassa y 19 '11% Sant Feliu de Llobregat)".

En las primeras valoraciones, las nuevas diócesis de Terrassa y Sant Feliu consideraron que esta distribución las perjudicaba ya que muchas de las propiedades del antiguo arzobispado están situadas en la ciudad de Barcelona. Por ello, pidieron a Roma que también aplicara el criterio de proporcionalidad a los bienes inmuebles. En el momento de la división, las nuevas diócesis recibieron una aportación extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española para poner en marcha los nuevos organismo diocesanos, pero consideraron que no compensaba los costes que representaba iniciar una nueva diócesis.

Esto ha representado negociar a tres bandas como se hacía el reparto de las propiedades. De hecho, hasta 2006 no se dispuso de un largo inventario completo de las propiedades afectadas. A partir de aquí, se ha tenido que decidir una a una qué propiedades se quedaba cada diócesis para llegar a una distribució proporcionada.

En el acuerdo hecho público este viernes se detalla que la Residencia Sacerdotal Sant Josep Oriol, situada en Barcelona, ​​"seguirá estando al servicio de los sacerdotes de los tres obispados". En cambio, estabñe que "los bienes propiedad del Seminario Conciliar de la archidiócesis de Barcelona en el momento de la división se repartan entre las tres diócesis según el número de habitantes".

En 2004, las rentas del patrimonio propiedad del arzobispado de Barcelona representaban unos dos millones de euros de ingresos -sin descontar los gastos de mantenimiento-, sólo un 5% del presupuesto anual del arzobispado (la partida más importante, el 80%, proviene de las aportaciones de los fieles).

Pero las propiedades recibidas por herencias o donativos son un patrimonio que pueden utilizar las diócesis para tener ingresos extraordinarios con su venta y afrontar inversiones como nuevas parroquias o cubrir un déficit ordinario. También hay propiedades que están cedidas o arrendadas a bajo coste a entidades e iniciativas sociales y religiosossas vinculadas a la Iglesia y que, por tanto, no generan beneficios. En otros casos, tampoco se pueden vender porque el legado por el que se recibieron establece explícitamente los fines sociales o religiosos a las que se destinarán los posibles beneficios que genere su gestión. Este es un caso habitual para las propiedades vinculadas a los seminarios, a Cáritas, o a otras fundaciones diocesanas.

La división del arzobispado de Barcelona la aprobó la Congregación para los Obispos en 2004, coincidiendo con nombramiento de Lluís Martínez Sistach -como sucesor de Ricard Maria Carles- y de Josép Àngel Sáiz y Agustí Cortés como obispos de Terrassa y de Sant Feliu. En un proceso impulsado desde la nunciatura por Manuel Monteiro -entonces nuncio y hoy cardenal- para decidir los límites de los nuevos obispados se utilizó el mapa de las demarcaciones episcopales pero no se concretó cómo se resolvería la división de propiedades. Esta improvisación ha llevado a un largo proceso, no exento de tensiones, que ha tardado ocho años en resolverse.

Sin embargo, finalmente se ha llegado a un acuerdo que ha sido aprobado por Roma sin necesidad de iniciar un proceso canónico de reclamación de las propiedades como ha ocurrido en otras divisiones de territorios diocesanos. Desde 2004 las tres diócesis han funcionado con economías independientes, aunque comparten algunos servicios.