Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Càritas Diocesana de Barcelona) A raíz de la aprobación, este jueves, por parte del Gobierno del Estado, del RD-ley 27/2012 de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, Cáritas Diocesana de Barcelona quiere manifestar su profunda decepción por la pérdida de la nueva oportunidad de conseguir un acuerdo de consenso entre todos los agentes sociales y los grupos políticos para articular una verdadera solución a los problemas más angustiosos y dolorosos que tiene, hoy, nuestra sociedad y que son la desocupación y la pérdida de la vivienda por parte de las familias endeudadas o arrendatarias. Estas familias han visto caer sus ingresos y no pueden hacer frente al coste de la vivienda.

Tal y como hemos manifestado esta semana, las medidas que deberían tomarse tienen que abordar el nuevo fenómeno para conseguir equilibrar el coste de la vivienda con los ingresos familiares. Cualquier otra fórmula provocará que aumente y se perpetúe el problema.

No nos encontramos ante un problema coyuntural sino ante un fenómeno íntimamente vinculado a la crisis económica que exige, en consecuencia, medidas estructurales.

Cáritas Diocesana de Barcelona viene reclamando desde el año 2009 la moratoria en los desahucios para dar tiempo a resolver con rigor, justicia y equidad todos los aspectos relacionados con el sobreendeudamiento de las familias a causa de la vivienda principal. También venimos reivindicando la necesidad de ofrecer una segunda oportunidad y de establecer uno mini FROB para las familias sobreendeudadas para que puedan seguir adelante.

A pesar de reconocer la necesidad de la moratoria, Cáritas Diocesana de Barcelona lamenta que se haya perdido una nueva oportunidad de abordar el problema con valentía y que se haya dictado una norma que deja graves e importantes interrogantes abiertos:

-Para poder acogerse a la moratoria, la condición de ingresos máximos familiares (19.200 euros anuales) sólo se toma en consideración si se trata de familias con condiciones muy especiales de estructura familiar o de características de todos sus componentes. ¿Cómo se sentirán las familias con hijos, que constituyen el 52% de las atendidas por el Servicio de Mediación en Vivienda de Cáritas Diocesana de Barcelona y que se encuentran en riesgo de exclusión social por la pérdida de su vivienda?

-Los dos años de moratoria empiezan a contar desde ayer pero no desde el momento en que se vayan produciendo futuras ejecuciones. Por lo tanto, ¿tenemos que suponer que la moratoria de las próximas ejecuciones se irá acortando a medida que vayan pasando los dos años y que asistiremos a derechos desiguales de familias iguales?-¿Cómo afectará la demora del desahucio en la evolución de los procesos judiciales?

-¿No se tratará de una dilación en el tiempo de los compromisos, agravándolos por la acumulación de intereses de demora y que harán todavía más insoportable la situación al final del periodo?

-¿Por qué sólo se aborda el problema de los desahucios provenientes de deudas hipotecarias? ¿No se sentirán discriminadas las familias en proceso de desahucio provenientes de dificultades de pago de contratos de alquiler cuando el dramatismo de las situaciones de pérdida de la vivienda es idéntico en ambos casos?

-¿Hasta cuando se pospone la adopción de medidas de efecto inmediato y de limpieza inmediata de la situación económica de las familias afectadas que los permitan rehacer su vida y reiniciar su proceso de inserción laboral y de restructuración personal y familiar?

-¿Por qué se aborda el tema del fondo social de viviendas como una simple declaración de intenciones, sin concretar de qué viviendas se habla, de quiénes las gestionarán y de cuáles serán las condiciones de acceso?

Por lo tanto, desde Cáritas Diocesana de Barcelona exigimos una revisión inmediata del RD Ley y la adopción de las medidas que hemos hecho públicas en la nota de prensa del martes 13 de noviembre.