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Catalunya Religió

(Laura Mor –CR) Desde las escuelas cristianas se preguntan si el mes de febrero es el mejor momento para anunciar cambios en el calendario escolar. Así lo ha explicado en entrevista con Catalunya Religió Meritxell Ruiz, secretaria general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, al día siguiente del polémico anuncio por parte del presidente de la Generalitat y del conseller de Educación. Ahora será necesario que el Gobierno publique la orden y que el Consejo Escolar analice y emita un dictamen sobre la modificación. Pero el caso es que ningún agente del sistema educativo tenía constancia ni había sido consultado sobre esa decisión.

La Escola Cristiana cree que hay que "buscar alternativas en un curso que ya comienza con muchas novedades". Ruiz se refiere al nuevo currículo que deberá implementarse el curso 2022-2023 y del que todavía no existe una propuesta definitiva. Una incertidumbre que se suma a la sentencia que obliga a los centros a dar el 25% de las clases en castellano. Ruiz recuerda que la noticia ha llegado en plena campaña de puertas abiertas, y esto implica que las escuelas recibirán a las familias con estos interrogantes pendientes de resolver.

Todo ello, en un contexto en el que los centros educativos han visto acentuados los efectos de la pandemia: con los cambios de protocolos por la Covid-19 y, en el último mes, con la dificultad de gestionar las bajas de los docentes que, en algunos casos, han llegado a suponer el 20% de la plantilla. "Justo ahora empezábamos a respirar; hay mucha tensión y cansancio en los claustros".

"El cambio horario en este país no puede empezar en la escuela"

"La escuela debe trabajar con más previsión y tranquilidad", reclama Ruiz. Desde la comunidad educativa se preguntan lo que ha motivado el cambio. Y si responde a la conciliación laboral y familiar y no a criterios pedagógicos. La secretaria general de Escola Cristiana cree que "el cambio horario en este país no puede empezar en la escuela" y que en el ámbito de la conciliación "el problema es de los horarios laborales".

"El sistema educativo no debe poner sobre la mesa el elemento de conciliación, sino el aprendizaje de los niños", defiende Ruiz. Si se hace un cambio en el calendario, dice, debería ser para "responder a una necesidad educativa". Y por eso cree que "si queremos solucionar la conciliación familiar y atender al alumno vulnerable, nos podríamos plantear alternativas que respondan a estos retos".

Por ejemplo, facilitar el acceso gratuito a actividades de ocio educativo en el mes de septiembre, desde las asociaciones y esplais que ofrecen casales. Y hacer una apuesta y valorar "el ocio educativo de este país". Esto implicaría financiar estas actividades, especialmente, "para las familias vulnerables y también para la clase media que es la gran olvidada de este país".

¿Cómo se pagará la atención por la tarde?

En el anuncio de este jueves el Gobierno también dijo que garantizarían la gratuidad de una hora al día para que las escuelas puedan atender a los alumnos más allá de la una de la tarde. Una nueva incógnita sobre la mesa. Desde la concertada no saben si también recibirán esta financiación y cómo podrán cubrir la tarde hasta poder completar la sexta hora. "La decisión no debe suponer un incremento del coste de las familias y estamos a la espera de que el departamento concrete cómo se hará efectiva la gratuidad de esta hora por la tarde", añade Ruiz a los elementos pendientes de resolver.

Desde la concertada también apuntan a las consecuencias prácticas de modificar el calendario escolar. Además de afectar a las relaciones laborales, que deberán modificarse, habrá que definir también dos calendarios: cuadrar los horarios de todo el claustro para el mes de septiembre en jornada intensiva, y hacerlo de octubre a junio.

Y, como ya dijeron en el comunicado conjunto de todo el sector concertado, Ruiz lamenta el proceso para llegar a esta decisión: "El anuncio se ha hecho sin que nadie del sistema educativo tuviera conocimiento, no ha habido debate, ni un proceso de reflexión ni diálogo". Es un mínimo que defiende, consciente de que "en este tema será difícil el consenso".

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