GLORIA BARRETE -CR Ataque en la mezquita de Moncada i Reixach, protesta feminista en una misa católica, pintadas antisemitas durante una manifestación, consignas islamófobas en Twitter del partido político VOX, apedrean el Salón del Reino de El Vendrell. Son sólo algunos de los ochenta casos registrados en el informe de la Cátedra de Libertad Religiosa del Observatorio Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura de la Universidad Ramon Llull.
Se trata del primer análisis del grado de reconocimiento, respeto, protección y cumplimiento de la libertad religiosa en el país que durante el último año y medio ha realizado un equipo de veinte investigadores e investigadores. El informe y la Cátedra es un encargo de la Dirección General de Asuntos Religiosos del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña y se suma al conjunto de iniciativas diversas de la Cátedra, como han sido una formación en verificación de datos para periodistas , varios focus groups, el impulso de unos Premios y la celebración, en julio, del Primer Congreso Internacional sobre Libertad Religiosa.
El informe, presentado este miércoles por la mañana, localiza ochenta casos que vulneran la libertad religiosa, la mayoría de los cuales están relacionados con la COVID-19 y las restricciones en los centros de culto, ya que el período de estudio que contempla este informe va desde el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021. Se ha estudiado la situación de la libertad religiosa en el ámbito educativo, funerario, sanitario, laboral, de centros de culto, y la vía pública, entre otros. La comunidad musulmana es la más afectada, seguida de la católica y judía.
Pese a los ochenta casos registrados, muchos recogidos de las redes sociales y los medios de comunicación, desde la Cátedra se insiste en remarcar que "Catalunya no sufre restricciones graves ni violaciones en libertad religiosa, ni existe persecución por motivos religiosos". Sí se detectan vulneraciones en algunos ámbitos que se presentan, afirman, "como un camino a recorrer cara a la mejora de la protección de este derecho en el país".
Un informe que para la directora general de Asuntos Religiosos, Yvonne Griley, es un instrumento "para seguir creando estrategias de mejora en este ámbito y seguir desarrollando mecanismos para poder denunciar las vulneraciones". Unas vulneraciones de derecho, reconoció Griley, que a menudo no tienen un eco público y que se convierten "en realidades silenciadas". La secularización del país, afirma, ha propiciado que la sociedad "no viva a menudo ese abuso o falta de libertad religiosa como una pérdida de derecho".
La directora de la Cátedra de Libertad Religiosa, Míriam Díez , también remarcó que la mayoría de casos registrados en el informe fueron perpetrados por desconocidos y que hay que reconocer también cómo han crecido "los discursos de odio de ciertos partidos políticos". La Cátedra ha creado un mapa digital con los casos registrados y ha elaborado una Escala Interconfesional de Libertad Religiosa para medir la percepción social sobre el ejercicio de este derecho.
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