Todos salen ganando. Esta es la idea del acuerdo que han presentado este lunes el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense, Joan Planellas. La Iglesia cede a la administración pública el uso de inmuebles que actualmente no están en condiciones para hacer viviendas sin perder la propiedad. Y la Generalitat hace la inversión necesaria o los trámites para el cambio de usos y pone estos inmuebles en alquiler social. La Iglesia soluciona la gestión de edificios que requieren una fuerte inversión o que es difícil darles un uso social y la Generalitat incrementa la bolsa de vivienda social.
Esta mañana Illa y Planellas han firmado el protocolo que regula esta colaboración en un acto en el Palacio de la Generalitat, una de las primeras apariciones públicas de Salvador Illa tras la baja médica. Planellas ha firmado el protocolo como presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense en nombre de los diez obispados de Cataluña y también como representante de las congregaciones religiosas agrupadas en la Unión de Religiosos de Cataluña (URC). La firma por parte del presidente de la Generalitat muestra la implicación de varios departamentos de la Generalitat en este proyecto, como Territorio, Justicia o Derechos Sociales. En la firma también han asistido los consejeros Sílvia Paneque y Ramon Espadaler, el obispo de Lleida, Daniel Palau, y el director general de Asuntos Religiosos, Ramon Bassas.
Un tema de país
“El tema de la vivienda es un tema de país, del Gobierno. Y como tema de país tenemos que involucrarnos todos: tenemos que sumar”. Así resumía Planellas el espíritu del acuerdo, en unas palabras en plena sintonía con las del presidente de la Generalitat. Ambos coincidieron en resaltar la “capilaridad” de la Iglesia por su presencia territorial y por su conocimiento directo de la realidad social del país.
Planellas destacó que este tipo de acuerdos demuestran que “la Iglesia no es meramente una institución privada: tiene un fin público”, que sobre todo se visualiza con un patrimonio “al servicio de la Iglesia pero sobre todo de la sociedad”. El arzobispo enmarcó este acuerdo en “el ingente trabajo” que realiza desde hace siglos la Iglesia en el ámbito social y que “es poner nuestro grano de arena en solucionar el gran déficit de vivienda de nuestro país”.
El presidente Illa reveló que este acuerdo se ha ido gestando durante meses y en conversaciones con varios obispos. Especialmente por una demanda directa que le hicieron los responsables de las diez Cáritas de Cataluña en una reunión con el obispo Xabier Gómez. Allí Cáritas reiteró que “la raíz de la desigualdad en Cataluña es la vivienda” y solo hicimos tres demandas al Gobierno: “vivienda, vivienda y vivienda”.
Illa reiteró “el agradecimiento por la disposición de la Iglesia a sumar” y por coincidir en tener “una visión de país”. Al mismo tiempo valoró el patrimonio material de la Iglesia que ahora se pone a disposición de la vivienda social, pero también “el patrimonio moral de la Iglesia y la reivindicación de los valores del humanismo cristiano. Por eso se ha llegado a un acuerdo “ambicioso, pero viable”.
Un acuerdo a desplegar
Ahora el siguiente paso es poner en marcha los mecanismos que permitan materializar esta manifestación de intenciones. Por ahora no se puede dar ninguna concreción de cuántos inmuebles pueden incluirse en este plan.
Primero cada obispado o congregación religiosa debe concretar qué inmuebles son susceptibles de convertirse en viviendas sociales. Se tendrá que tratar caso por caso y cerrando un acuerdo concreto en cada titularidad, sea un obispado o una congregación religiosa. Cada uno tiene una personalidad jurídica propia y deberá firmar el acuerdo de cesión con la Generalitat.
Para ponerlo en marcha se creará una mesa de trabajo, integrada por cinco miembros designados por la Conferencia Episcopal Tarraconense, y cinco miembros designados por la Generalitat de Cataluña, entre ellos, cuatro miembros designados por el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica (dos del ámbito de la vivienda y dos del ámbito de urbanismo) y un miembro designado por el Departamento de Justicia y Calidad Democrática, de donde dependen los Asuntos religiosos.
Este grupo de trabajo se reunirá cada semestre para impulsar la firma de convenios de colaboración entre las administraciones públicas y las diócesis o congregaciones titulares de los bienes eclesiásticos. También realizará el seguimiento del uso de estas viviendas para garantizar que se destinen a familias o colectivos vulnerables. La cesión de uso de los inmuebles de la Iglesia se prevé que sea a largo plazo, en períodos de hasta 70 años.
También se creará una Comisión de Seguimiento de este Protocolo integrada por tres miembros designados por la Conferencia Episcopal Tarraconense y por tres representantes de la Generalitat de Cataluña. Se reunirá al menos una vez al año para examinar los resultados de la colaboración realizada. La duración inicial del Protocolo es de 4 años con la voluntad de prorrogarlo de mutuo acuerdo.
