Jordi Llisterri -CR / ACN Que la comparecencia de las víctimas de abusos de curas y religiosos sería un rosario de acusaciones contra la Iglesia era de esperar. Pero la sorpresa han sido los numerosos reproches a la actuación actual de la administración pública y la respuesta que han encontrado las víctimas cuando han hecho públicos sus casos. Éste ha sido el inicio de la primera sesión de la Comisión de Investigación sobre la Pederastia del Parlamento (CIPE). Han comparecido algunas de las víctimas más conocidas mediáticamente como Miguel Hurtado, Manuel Barbero y Alejandro Palomas.
La intervención más contundente ha sido la del escritor Alejandro Palomas, que denunció haber sufrido abusos en La Salle, y ha arrancado su intervención diciendo que nada esperaba de esta comisión. También criticó que sólo cinco diputados estuvieran en la comisión (y uno se había marchado antes de terminar) como muestra del desinterés por el tema. Asimismo, Palomas tuvo que corregir la presidencia de la Comisión cuando la presentó como representante de la Plataforma Tolerancia 0, porque esta entidad ya no existe.
Otro momento tenso fue cuando una víctima de un marista, Josep Roqueta, al final de su testigo recriminó a los parlamentarios que se hubieran pasado el rato mirando el móvil. Los miembros de la comisión no han hecho más que disculparse y pedir qué medidas concretas esperaban que aprobara la comisión. Parte de las peticiones, como el tiempo de prescripción de los delitos, se encuentran fuera del ámbito competencial del Parlamento.
Los testigos de los abusos eclesiales no han aportado ningún nuevo dato que no se conociera. Pero han acusado a las instituciones públicas de no hacer nada. Por un lado, de no ser suficientemente contundentes en la exigencia de responsabilidad en la Iglesia, pero sobre todo por las carencias de los sistemas de prevención, atención y formación que hoy están realizando las administraciones educativas, sanitarias y de seguridad pública.
Alexandra Membrive, psicóloga, víctima y presidenta del Mundo de los ASI, ha sido la más contundente en este ámbito. Ha repasado las acciones que se podrían realizar en el ámbito de la prevención y la atención a las víctimas y que, según su criterio, no realizan catorce departamentos de la Generalitat. Denunció que la ayuda de la administración a los menores víctimas de abusos acaba cuando cumplen la mayoría de edad. Asimismo ha descrito la falta de empatía de muchos profesionales de la administración cuando atienden a estos casos.
Los testigos han puesto como ejemplos la carencia de campañas de información y prevención o de un teléfono de denuncia y ayuda para los menores afectados. Membrive también ha explicado que los medios de comunicación deberían dejar de focalizarse en el testimonio personal de las víctimas y que sobre todo deberían dar voz a los expertos que propongan soluciones para abordar el problema social de los abusos a menores.
Aurora Martín, víctima de abusos dentro de su propia familia, ha reclamado que las leyes protejan más a la infancia y que la normativa aprobada se aplique en toda su extensión. Como muestra del desinterés de las administraciones por este tema, ha expuesto la carencia de datos y estudios actualizados. También ha asegurado que casi ningún pedófilo se rehabilita estando en prisión.
Miguel Hurtado, víctima de un monje de Montserrat, ha denunciado que la Abadía reciba un millón de euros en subvenciones públicas cada año y no quiera reparar a las víctimas. Palomas ha pedido la retirada de la financiación pública a los centros docentes en los que se hayan cometido o encubierto abusos. Barbero, también ha criticado a la Generalitat porque no ha retirado el concierto educativo a los Maristas. Y ha denunciado que el profesor que abusó de su hijo, que pasará unos 14 años en prisión, costará unos 500.000 euros a las arcas públicas mientras no se destinen recursos a las víctimas.
Junto con Roqueta, Barbero ha asegurado que los casos conocidos que afectan a los Maristas son sólo una mínima parte de lo que ocurrió en una situación de encubrimiento sistemático. Y que aunque recibieron una indemnización, dijeron que los responsables de los Maristas siempre actuaron con prepotencia. En este caso, también insistieron en que el Departamento de Educación nunca les ha apoyado y se han quejado porque TV3 recortó el documental que emitieron sobre los maristas. Roqueta ha argumentado que la Generalitat todavía encubre a los Maristas porque en 1936 Josep Tarradellas cobró un rescate por los hermanos maristas secuestrados por los milicianos revolucionarios, que finalmente fueron asesinados.
En las comparecencias y en las intervenciones de los grupos parlamentarios se han puesto de manifiesto las distintas percepciones de la comisión. Las dos víctimas que han denunciado a profesores de los maristas han criticado que se haya tardado siete años en realizar una comisión parlamentaria y que ésta debería focalizarse sólo en los maristas. Una posición que ha recibido el apoyo de la CUP y los Comunes y han recriminado al resto de grupos parlamentarios de haber entorpecido a la comisión. ERC, y especialmente PSC y Junts, se han centrado en las medidas de prevención que querían proponer los comparecientes.
Los tres testigos víctimas de eclesiásticos han recriminado a la Iglesia que todavía siga tapando casos y no indemnice a los afectados. Y han situado el problema en una situación de privilegio que todavía tiene la Iglesia, citando ejemplos como las inmatriculaciones, la financiación pública o la concordancia.
Aunque el Plan de Trabajo que se aprobó se iniciaba con las aportaciones de los expertos para dar contexto al problema de los abusos, la comisión tendrá su segunda sesión el 15 de mayo con más comparecencias de víctimas.
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