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Por La puntada .

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Xema Moya es miembro de Justicia y Paz

En los últimos meses hemos asistido con impotencia al desmantelamiento del estado del bienestar ganado en los últimos años de nuestra democracia. Los aspectos sociales más importantes de la sociedad: la sanidad, la educación, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda, etc., se han visto recortados en sus partidas presupuestarias para equilibrar el déficit fiscal del Estado. Si el año pasado el gobierno de España presupuestó recortes con una media del 17% respecto al año anterior (Educación y Cultura 21,20%, Sanidad 13,7%, Ayuda al Desarrollo 71,20% ..) para el Ministerio de Defensa era del 11, 04%; pero posteriormente la realidad ha sido del 6,33%. Este año los nuevos presupuestos continuarán en la misma línea de inversión mínima en temas sociales, pero no en Defensa. De alguna manera, a todos nos han afectado estos recortes aplicados sin ninguna consulta, y la población lo ha manifestado públicamente en la calle con gran indignación. Pero esta indignación sería mayor si todo el mundo supiera que nos gastamos 45 millones de euros cada día en Defensa (casi 1 € por español al día), o que sólo recortando ese gasto durante 7 días no debería haberse hecho congelaciones y rebajas salariales de los trabajadores públicos de la Generalitat de Cataluña. Desgraciadamente, los partidos políticos que gobiernan o han gobernado callan y prefieren recortar socialmente y tener felices a los militares y empresas que negocian con la venta de armas a países sin escrúpulos, que no respetan los derechos humanos.

Con estos antecedentes, debemos ser nosotros los que empecemos, de manera colectiva, a manifestarnos para reclamar al Gobierno la aplicación de recortes más importantes en el ámbito militar para destinarlos a gasto social, y de manera individual, a desobedecer civilmente en la contribución al mantenimiento de la estructura militar en el momento de hacer la declaración de la renta con nuestros impuestos, practicando objeción fiscal al gasto militar. La objeción fiscal no es "dejar de pagar impuestos"; consiste en desviar el importe de la objeción fiscal a proyectos sociales, a entidades que trabajan por la paz, para el desarrollo y los derechos humanos. Y se hace de manera clara ante Hacienda, marcándolo en la declaración de la renta, con una carta dirigida al ministro y el comprobante de ingreso hecho a la entidad.

Como toda desobediencia, esta desobediencia sólo puede implicar que Hacienda no acepte la objeción fiscal y nos puede reclamar esta cantidad desviada, más los intereses de demora: nunca una sanción. La realidad es que sólo un 5% de las declaraciones con OF son reclamadas y creemos que el estado español intenta ocultar el hecho, y que no se extienda el movimiento al resto de la sociedad, como ocurrió con el Movimiento de Objeción de Conciencia. A diferencia de otros países, para que sea delito fiscal, el importe defraudado debe ser de unos 100.000 € y siempre que sea con intención de defraudar, cosa que no sucede con la objeción fiscal, ya que se hace de manera clara y abierta.

Pero ante la realidad de seis millones de parados, una pobreza del 24% de la población infantil, paro juvenil al 55%, salarios más bajos, desahucios, sanidad y educación sin recursos, ¿cómo podemos permitir que el estado español se gaste 45 millones diarios a mantener una estructura que implica muerte y destrucción sin hacer nada? ¿Cómo podemos permanecer impasibles ante la compra de armamento sofisticado que en los próximos diez años incrementará la deuda en unos 30.000 millones de euros? Actualmente, los miles de objetores y objetoras fiscales al gasto militar tenemos claro que sólo con una desobediencia global de toda la sociedad negándose a continuar manteniendo el gasto militar desorbitado, se ejercerá una presión al gobierno de manera real y se le forzará a disminuir éste, con el consecuente aumento en temas sociales.

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