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Los diccionarios describen el significado del vocablo democracia con expresiones semejantes a esta: “Forma de gobierno en la que el pueblo ejerce la soberanía mediante la elección de sus gobernantes”. Y también: “Comunidad o estado gobernado democráticamente”. Sin embargo, todos sabemos de gobernantes elegidos democráticamente que, una vez asumido el poder que el pueblo les ha concedido, actúan de forma muy poco democrática, y con esta expresión manifestamos que ejercen el poder sin garantizar debidamente los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos que les han elegido democráticamente.

En la actualidad es habitual que los estados reconocidos como democráticos hayan proclamado los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos en las Constituciones respectivas. Por ejemplo, la Constitución Española de 1978 dedica todo el Título primero a describir los derechos y libertades fundamentales sobre los que construimos nuestra democracia. El primero de los artículos de este Título establece: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España” (artículo 10). La ignorancia práctica de este precepto constitucional pondría en grave riesgo nuestra democracia. Reconozcamos y lamentemos, una vez más, que nuestra democracia no es modélica en este aspecto. Es decir, podemos mejorar.

Uno de estos derechos fundamentales de los ciudadanos es el derecho de todos a la educación, que debe ser necesariamente ejercido en un marco de libertad de enseñanza (artículo 27). No es preciso recordar que el alcance del derecho a la educación y las implicaciones de la libertad de enseñanza son cuidadosamente descritos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los tratados y acuerdos internacionales asumidos por todos los estados verdaderamente democráticos.

En el ámbito del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza, quizá conviene recordar que los padres son sujeto de derechos fundamentales cuando se trata de garantizar la educación de sus hijos; por ejemplo, los padres han de poder ejercer el derecho a decidir el tipo de educación que desean para ellos, incluida la formación religiosa y moral, así como el derecho a elegir la escuela que consideren más adecuada según sus convicciones o preferencias. Todo ello comporta que las personas físicas y jurídicas gocen de libertad para crear y dirigir escuelas y para ofrecer proyectos educativos claramente diferenciados y asequibles a todos. La uniformidad no es propia de las democracias, porque impide el ejercicio de una verdadera libertad.

Como consecuencia indiscutible, los gobernantes tienen la obligación de garantizar a todos los ciudadanos el ejercicio del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza sin ningún tipo de discriminación. En los países democráticos, las leyes aprobadas por los legítimos representantes de los ciudadanos tienen esta finalidad, no otra.

Estoy seguro de que algunos de los que habéis tenido la paciencia de leer hasta aquí ahora os preguntaréis: ¿A qué viene este discurso?

Responderé con cuatro preguntas que también son respuestas:

                ― ¿Qué clase de país es el nuestro que, después de unas elecciones democráticas, siempre aparece alguien que cree que ha llegado el momento de ignorar el derecho de todos a la educación en un marco de libertad de enseñanza, como si esta opción fuese la única manera de construir una verdadera democracia?

                ― ¿No seríamos más democráticos si los gobernantes favoreciesen que todos los padres pudiesen ejercer el derecho a elegir escuela y el tipo de educación que desean para sus hijos?

                ― ¿No seríamos más democráticos si los gobernantes fomentasen el ejercicio de la libertad de enseñanza y la existencia de escuelas con proyectos educativos diferentes, al alcance de todos los ciudadanos sin discriminación de ninguna clase?

                ― ¿Qué explicación puede tener que, desde 1978, los partidos políticos de nuestro país se hayan mostrado incapaces de llegar a acuerdos globales sobre el modo de conjugar estas tres palabras: democracia, educación y libertad? ¿Qué clase de país estamos construyendo?