ILP por una renta garantizada de ciudadanía

Laura Marino, asistente social y fedataria de firmas de la ILP.

El primer trimestre del año 2013 el índice de paro en Cataluña alcanzó el máximo histórico del 24,53% (según datos del Departamento de Empresa y Empleo). Si tenemos en cuenta que de las 900.000 personas paradas en Cataluña, un 35% no reciben ninguna prestación y que 300.000 familias tienen todos sus miembros en paro, nos podemos hacer una idea de la situación que vive Cataluña en estos momentos, en la que muchas familias se ven obligadas a la pobreza. Una de las herramientas para luchar contra la pobreza con las que contaba el Gobierno de la Generalitat era la Renta Mínima de Inserción (PIRMI), creada en 1989. Desgraciadamente, en agosto de 2011 el Gobierno sacó la condición de derecho subjetivo a esta prestación para pasar a estar sujeto a crédito suficiente, a la vez que se endurecían las condiciones de acceso. Por este motivo, el número de personas perceptoras de la RMI se ha ido reduciendo hasta las 30.000 que la cobran actualmente, muy lejos del volumen de personas que en estos momentos no tienen ningún ingreso.

Por este motivo algunas entidades y organizaciones se plantearon a principios de 2012 organizarse para presentar conjuntamente una iniciativa legislativa popular para regular una Renta Garantizada de Ciudadanía, derecho reconocido por el Estatuto de Autonomía de Cataluña en su artículo 24.3 y que hasta ahora los poderes públicos no han tenido la voluntad de desarrollar. El verano de 2012 se constituyó la Comisión Promotora para la ILP y el mes de enero de 2013 se presentó el texto de la ley a la mesa del Parlament de Catalunya, con su admisión a trámite y el reconocimiento como fedatarios de más de 280 personas. El 14 de abril se inició la campaña de recogida de firmas. Se necesitan 50.000 válidas para que el texto pueda ser discutido en el pleno del Parlamento.

El objetivo de la Renta Garantizada de Ciudadanía es que ningún ciudadano en Cataluña no viva por debajo del umbral de la pobreza y hacer más eficaz la lucha contra la pobreza por parte del gobierno de la Generalitat con una única prestación que garantice unos mínimos ingresos para poder vivir. La Renta Garantizada supondría unos ingresos de 664 € al mes por una persona. El importe aumenta en función de los miembros de la familia.

Las condiciones de acceso a la prestación serían las siguientes:

Ser mayor de 18 años (condición no necesaria en el caso de menores emancipados).

Vivir legalmente en Cataluña (excepto las mujeres "reagrupadas" que pierdan la residencia para separarse del marido).

Acreditar una residencia continuada en Cataluña de un mínimo de 12 meses.

Que no se dispongan de ingresos o que éstos no sean superiores a los contemplados por el Índice de Renta de Suficiencia de Cataluña (€ 7.967,73 anuales).

Una sociedad que garantiza que ninguno de sus ciudadanos viva por debajo del umbral de la pobreza es una sociedad más cohesionada donde las distancias entre niveles de renta no son tan grandes. En definitiva, es una sociedad más justa.

Uno de los argumentos contrarios al desarrollo de este texto legal será probablemente que no hay dinero, pero si tenemos en cuenta que tanto desde el Departamento de Bienestar Social como desde otros Departamentos como Enseñanza, se está destinando una parte de su presupuesto a la lucha contra la pobreza, podemos desactivar este argumento rápidamente porque si las familias tienen un mínimo para su subsistencia no necesitarán recibir otras prestaciones en especie (por ejemplo: becas de comedor para los niños escolarizados).

El lema de la campaña por la ILP es "Rescatamos a las personas". Los ciudadanos deben estar en el centro de la agenda política, deben ser su principal prioridad a la hora de gestionar los presupuestos públicos y de elaborar las políticas. Solo de esta manera podremos superar los momentos difíciles que socialmente estamos viviendo.