La Iglesia católica en una Cataluña independiente

¿Cuál sería el papel de la Iglesia católica en una Cataluña como Estado independiente? Como esta hipótesis política, con los debates que conlleva, goza cada vez de mayor apoyo social, podemos reflexionar en torno a esa posibilidad desde una óptica eclesial. Despertar interrogantes es útil siempre que generen diálogo y búsqueda.

Primero, la opción por la consulta. El abad de Montserrat establece unos criterios, que pueden ser asumidos: «A través de la consulta se puede llegar a tener un conocimiento real y objetivo. Las objeciones legales no pueden ser nunca una excusa para rechazar el diálogo y, por lo tanto, se debe trabajar y apostar por la cohesión social, hacer un gran esfuerzo y una gran pedagogía para evitar una posible fractura social que sea irreparable y que deje heridas abiertas» (11/09/2013). Por otra parte, no creo que haya razones para que la Iglesia considere inaceptable que Cataluña siga unida a España como que se convierta en Estado independiente. Los ciudadanos deciden. El cómo hacerlo —de forma pacífica y democrática— es muy importante.

Segundo, Cataluña como Estado independiente. El Vaticano, pese a las presiones que pudiera haber, reconocería el nuevo Estado, como hace siempre. El Concilio Tarraconense pidió que se creara la «región eclesiástica» de Cataluña. La resolución 138 quedó aparcada. Ahora, con un nuevo Estado, la Conferencia Episcopal Tarraconense adquiriría un pleno valor jurídico y quedaría desvinculada de la Conferencia Episcopal Española. El Vaticano nombraría un nuncio. Se verían afectados los nombramientos episcopales.

Tercero, la Iglesia católica en el nuevo contexto de Cataluña. Valdría la pena abrir una reflexión sobre esta situación. Algunos partidos o grupos tendrían la tentación de hacer borrón y cuenta nueva para difuminar la Iglesia en una falsa multirreligiosidad. No sería pretensión de la Iglesia buscar privilegios, pero no sería justo menoscabar su papel histórico, previo a la constitución nacional de Cataluña, con todo lo que ello significa. Se trataría de encontrar la proporción. La libertad religiosa, como derecho universal, sería respetada, pero habría que ver cómo se articularía su ejercicio en el nuevo Estado. La Iglesia tendría que ser reconocida también en su capacidad de incidir en la educación, en la sanidad y en la acción social, todos ellos ámbitos de interés público. La sana laicidad es incompatible con recluir la fe en las sacristías. Habría que superar la tentación del anticlericalismo. La aprobación de la Constitución del nuevo Estado sería clave para enmarcar los derechos y los principios, más abiertos y menos polarizados que en el devaluado Estatuto catalán, que el Tribunal Constitucional, sin ninguna credibilidad, redujo a esperpento. Con amplitud de miras y sin prejuicios, podría crearse un nuevo marco de relaciones.