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La transición española quiso evitar la reproducción de los errores del pasado, especialmente alejar el fantasma de una nueva guerra civil. La Constitución, redactada bajo una hipotética amenaza militar, quiso crear un marco de convivencia. Tuvo aciertos en el texto, aunque también carencias y limitaciones. El artículo 3 se destinó al castellano y las demás lenguas, que fueran reconocidas como oficiales en su comunidad autónoma. La prohibición franquista fue neutralizada con un nuevo planteamiento: «La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.» Éste era el plan visible.

Una interpretación de la realidad española permitía destacar dos focos problemáticos. Primero, Euskadi con la violencia de ETA. Se contrarrestó con una adjudicación del concierto vasco, extendido a Navarra. Una aventura pondría en juego sus privilegios. Un modo de atarlos sin perder la vigilancia sobre ETA. Segundo, Cataluña, junto con Valencia y Baleares. Su poder económico podría poner en jaque al Estado. Aquí la tarea consistía en fortalecer el centro, Madrid, concentrando en la capital un poder omnímodo. Pero no bastaba. Había que impedir que entre Valencia, Cataluña y Baleares se crearan sinergias. Había que impedirlas. ¿Qué tenían en común al margen de un pasado histórico común? La creación de riqueza y la lengua. La riqueza se trasvasaría a otras comunidades autónomas a través de aportaciones desorbitadas «al fondo de solidaridad». Así serían más débiles. Había que paralizar también el corredor mediterráneo, pero sobre todo había que destruir la unidad lingüística. El catalán, prohibido durante la dictadura, recibió un pequeño impulso ya en tiempo de Franco gracias al Concilio Vaticano II que propuso el uso de lenguas vernáculas en la liturgia. El PP con la connivencia del PSOE consiguió la ruptura lingüística en Valencia. Todavía hoy existe un pulso entre los lingüistas con su gobierno autónomo, que quiere congelar el Diccionari normatiu valencià (DNV), elaborado por la Academia Valenciana de la Lengua, sólo por la segunda acepción de una entrada entre las más de 90.000. La definición de valencià defiende la unidad de la lengua: «Llengua romànica parlada a la Comunitat Valenciana, així com a Catalunya, les Illes Balears, el departament francès dels Pirineus Orientals, el Principat d'Andorra, la franja oriental d'Aragó i la ciutat sarda de l'Alguer, llocs on rep el nom de català.» En Baleares, la persecución que lleva a cabo el PP es demoledora. En Aragón se inventaron el LAPAO, para evitar llamarlo catalán. Una tarea más había que realizar en Cataluña: dinamitar la inmersión lingüística, tan alabada en foros internacionales. Se acusa al independentismo de fragmentar la sociedad, cuando en el fondo la división social era un objetivo del plan oculto, que ahora ejecuta el ministro Wert. Ah… y los intelectuales españoles en silencio.