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El próximo día 7 de julio tendrá lugar un acto público organizado por un amplio colectivo de entidades cristianas, entre ellas Justicia y Paz en Cataluña, para visualizar nuestra adhesión al Pacto Nacional por el Derecho a decidir.

Esta iniciativa quiere ser un ejercicio de coherencia. En primer lugar, de coherencia con el arraigo y vocación de servicio a Cataluña de las entidades adheridas (movimientos, asociaciones, comunidades religiosas, fundaciones, centros culturales ...), que deriva de nuestra opción de amor al país al que pertenecemos, fundamentada en nuestra fe cristiana. Y este amor al país no puede ignorar de ninguna manera que, en estos momentos, una gran mayoría de los catalanes ha expresado repetidamente, a través de movilizaciones absolutamente singulares y extraordinarias, y a través de su Parlamento democráticamente elegido, que quieren ser consultados sobre el estatus político que consideran justo para Cataluña, considerada una nación con plenitud de derechos.
 
Ante esta innegable realidad, que afecta a una cuestión tan importante para la vida social y el futuro del país, ¿podíamos permanecer callados y desentendernos? ¿Podíamos pensar que este debate no nos afecta? ¿Sería razonable creer que toda esta inmensa mayoría social se equivoca y no merece ser escuchada, o que simplemente es tan inmadura e inculta que actúa bajo el efecto de una perversa y oscura manipulación? ¿Y deberíamos aceptar con nuestro silencio que esta mayoría social tenga que renunciar a esta aspiración simplemente ante la negativa expresada por el Estado español? Creemos sinceramente y de todo corazón que no.
 
Pero nuestra iniciativa es también un acto de coherencia con el pensamiento social de la Iglesia, que ha expresado de forma repetida e insistente, que los pueblos y naciones tienen ciertos derechos que deben ser respetados, derechos que se apoyan en principios morales antes que en normas jurídicas. En multitud de encíclicas, textos, discursos de los Papas del siglo XX y de otros organismos católicos, sintetizados en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (véase por ejemplo su núm. 157), ha expresado que los pueblos y naciones (realidad cultural que agrupa a las personas) no deben ser confundidos con los Estados (forma juridicopolítica al servicio de las personas) y tienen el derecho a existir, a desarrollarse, a mantener la propia identidad, lengua y cultura, a autogobernarse, a ser considerados sujeto político, a ser protagonistas de su historia y de su destino y, por tanto, en ciertas condiciones que hay que juzgar caso por caso, derecho a constituirse en Estado independiente.
 
Y no se puede negar que Cataluña, como han expresado repetidamente los obispos catalanes, es una realidad nacional, fundamentada en una identidad cultural diferenciada, fruto de una historia de más de mil años. Por tanto, como nación que es, goza de la plenitud de sus derechos.
 
El hecho es que ahora esta nación, en su mayoría social, quiere mayoritariamente ser consultada sobre la posibilidad de un nuevo marco jurídicopolítico, porque cree sinceramente y siente dolorosamente que no tiene el encaje que merece dentro del Estado español. Porque cree que es gravemente maltratada en su personalidad, en su cultura y lengua, en el trato económico, en su autogobierno, en su participación y presencia en la realidad política estatal.
 
Si esto es así, queremos expresar nuestra convicción profunda de que lo justo, razonable y democrático es hacer posible esta consulta, por las vías y los procedimientos que puedan garantizar la libertad y la pluralidad, y en el momento que la prudencia política considere más oportuno. Y si de esta consulta resulta una voluntadad claramente mayoritaria, las autoridades políticas competentes, mediante el diálogo y la negociación, la deberán llevar a la realidad de la forma más justa y favorable al bien común.
 
En definitiva, nuestra acción quiere hacer visible un compromiso con el país que amamos. Un compromiso libre, consciente y maduro. Evidentemente, ello no quiere decir que no nos preocupen gravemente muchas otras cuestiones de la vida social, de aquí y del mundo, como avala nuestra trayectoria y nuestro trabajo diario, pero esto no debe bloquear lo que ahora queremos expresar.
 
Sabemos que nuestro posicionamiento podría no ser entendido por todo el mundo o no ser compartido por otros cristianos. Asumimostambién este riesgo. Pero queremos dejar claro que la nuestra no es una opción política ni ideológica por un determinado estatus político para Cataluña: ni en favor de la independencia, ni a favor de ninguna otra forma políticojurídica concreta. Como entidades de iglesia queremos ser neutrales al respecto, más allá de las opciones personales de cada uno. La nuestra es simplemente una opción en favor de un principio ético: el respeto a la voluntad mayoritaria que exprese el pueblo de Cataluña, sea cual sea, sobre su estatus político.
 
A la vez, nos ofrecemos como entidades y personas a contribuir al necesario diálogo sobre esta compleja y delicada cuestión, tanto dentro de Cataluña como con nuestros hermanos cristianos del resto del Estado español.