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(Jordi Llisterri –CR) Probablemente no se puede comprender todo lo que se ha vivido estos días entorno al colegio de Sants-Les Corts de los Maristas sin ver la película Spotlight. No se trata de apuntar teorías conspirativas. Se trata de constatar la fuerza que todavía tiene el cine como medio de masas para configurar determinados relatos o imaginarios colectivos.

La película cuenta cómo desde la redacción de un diario en 2002 se destapó el gran escándalo del encubrimiento de los abusos a menores que de manera sistemática se producían en la archidiócesis de Boston. La información que publicó The Boston Globe provocó un alud de denuncias de víctimas hasta entonces silenciosas, la quiebra de la diócesis, y el ostracismo del cardenal Bernard Law. Su sucesor como arzobispo de Boston, el cardenal franciscano Sean O'Malley, preside actualmente la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores que creó el papa Francisco.

Pero hay una diferencia sustancial entre el relato de Spotlight y lo que hemos visto estos días: esto no es Boston. Por un lado, porque aunque lo pueda parecer, aquí no estamos hablando de una red de encubrimiento sistemático, lo que no niega lo más grave, que ha habido casos de abusos a menores. Y, por otra parte, porque aquí no tenemos una prensa como la americana. Veamos algunos elementos que lo indican.

El silencio de los maristas

Una de las principales críticas que han recibido estos días los maristas es su silencio ante los casos que se publicaban. Es evidente que los maristas no han tenido una gran agilidad informativa para responder a la crisis. Pero de ahí a deducir una voluntad de encubrimiento hay un abismo. Básicamente porque los maristas lo que saben hacer es impulsar y atender obras educativas, no gestionar crisis informativas. Ni tienen el gabinete de comunicación que pueda tener un ministerio o una multinacional. No se han gastado dinero en esto.

Lo que han hecho principalmente estos días los maristas es atender la comunidad educativa, intentar protegerla del acoso mediático y afrontar internamente las denuncias que llegaban (información sobre las denuncias que a menudo primero les llegaba por la prensa que por la vía policial). En Cataluña hay pocas entidades capaces de resistir el peso de tener encima todas las redacciones del país. Y las que son capaces de hacerlo no tienen al frente un licenciado en teología o un doctor en pedagogía.

Y, al contrario de lo que suele ocurrir cuando hay organizaciones o colectivos que ven peligrar su prestigio o intereses, las iniciativas que han surgido de apoyo a la escuela afectada no han sido promovidas desde la dirección de los maristas. Tanto de la cadena humana frente al centro, como de la concentración del sábado en la Plaza de Sants, o de la respuesta en las redes sociales, los maristas se enteraron cuando las habían convocado o alentado padres, alumnos y ex alumnos de la escuela.

La prevención

Hay un elemento que se ha destacado poco en este caso. La política de la prevención de los maristas. Se ha dicho que desde 2013 tienen un protocolo de prevención de abusos. Pero no estamos hablando de un trámite administrativo que han realizado como quien presenta la declaración de la renta, siempre intentando pagar lo mínimo posible. Estamos hablando de un trabajo que iniciaron en 2011 en todo el instituto marista a nivel internacional. Y en el que justamente participaron de forma activa los hermanos maristas que hoy están al frente de la provincia catalana y de la titularidad de las escuelas, Pere Ferré y Gabriel Villa-Real.

En este sentido, los maristas han sido una de las instituciones eclesiales que se han aplicado más a fondo en seguir las directrices de la Santa Sede contra los abusos a menores. Y no sólo con la tolerancia cero, que ya nadie se atreve a discutir públicamente dentro de la Iglesia, sino sobre todo en la detección y prevención en los ámbitos en los que se trabaja con niños. Para ello se documentaron ampliamente, también con instituciones civiles como el Consejo de Europa o la Fundació Vicki Bernadet, a la que la Fundación Champagnat ya le había dado un premio a finales de los noventa por su labor a favor de los derechos de los niños. Si en el caso del monitor de comedor en prácticas de este pasado diciembre actuaron con contundencia y ahora está ante el juez, no es una casualidad.

Pero además, el protocolo aprobado en 2013 no es sólo un procedimiento reglado sobre cómo actuar ante los abusos. Principalmente lo que conlleva es desplegar un plan de formación de educadores y padres y de prevención entre los niños, que culminaba ahora. La prueba documental es la web que tienen abierta y que ahora estaban empezando a difundir junto con el material dirigido a toda la comunidad educativa. Web que además tiene un buzón de contacto abierto que permite recoger cualquier consulta o posible sospecha sobre el tema.

Francamente, con todos estos antecedentes, cuesta ver a los maristas como un club de encubridores de pedófilos.

El argumentario de los maristas

Los maristas también tienen sus argumentos a favor en este caso, aunque no se haya conseguido instalarlos en el relato periodístico de estos días. Lo que explicaron sin ningún problema ante dos de los principales líderes mediáticos del país, Josep Cuní y Mònica Terribas. Vale la pena recordarlos por la poca visibilidad que han tenido los argumentos. Sobre todo, los que muestran como no ha habido voluntad de encubrimiento.

Por un lado, el dato clave es de junio de 2011, cuando unos padres comunican a la escuela la primera denuncia de la que hay conocimiento contra Joaquín Benítez. Se ha repetido que en ese momento los maristas ya presentaron una denuncia a la Fiscalía de Menores y que la demanda judicial no salió adelante porque los padres no presentaron ninguna denuncia para no meter a su hijo en un proceso judicial. De aquel trámite, los maristas no tienen ninguna noticia hasta después de cinco meses, cuando los Mossos les piden qué información tienen de Benítez. Ahora hemos sabido que quedó archivado. Curiosamente, si el 2011 costó cinco meses hacer la primera indagación, en 2016, cuando el caso se denuncia a los medios de comunicación, sólo pasan 48 horas antes de que el señor Benítez declare ante un juez. No hace falta decir nada más.

Entretanto hay versiones contradictorias sobre algunos aspectos que han publicado los medios y lo que dicen los maristas. Tanto sobre la información que los maristas dieron a los Mossos cuando fueron requeridos en 2011, como sobre la conversación que tuvieron los responsables de la escuela con Manuel, el padre que ha llevado el tema a los medios. Aquí ya hay un tema de percepciones y de versiones opuestas, pero los maristas no han querido entrar en una cadena de notas, comunicados y desmentidos que habría hecho las delicias de "Sálvame".

Pero hay otro dato que es importante. En 2011, cuando se descubre un caso de abusos y Benítez abandona la escuela, los hechos se comunican al claustro de profesores. No es razonable pensar que una institución con voluntad de encubrimiento hiciera eso. Sobre todo porque el claustro no es sólo un conjunto de asalariados. Como ocurre en muchas escuelas, entre el profesorado hay también padres de los alumnos que había tenido Benítez como profesor. Y, más aún, incluso ex alumnos de Benítez. Si los maristas querían hacer una operación para tapar el caso, no era la mejor estrategia. La reacción que se describe de ese momento en el claustro es la consternación de ver que nadie había podido detectar lo que estaba pasando. Ni con sus propios hijos.

Se puede criticar a los maristas –y bastante se habrán arrepentido– por no haber hecho más para seguir el caso en ese momento, o se puede considerar que se debería haber alertado a los padres. Un juicio que se puede hacer ahora, pero que no responde a la percepción del caso que se tuvo entonces o si hubieran tenido diez denuncias encima de la mesa en lugar de una. Tampoco se lo exigían los famosos protocolos que no se han dejado de citar estos días. Pero es necesario insistir en que de esta crítica a la acusación de encubrimiento hay un abismo. E incluso un problema legal: ¿una institución puede acusar públicamente a una persona de haber cometido un delito sin que lo haya dictado un juez? Quizás en estos casos lo más razonable es que las medidas cautelares que se tengan que tomar las dicte o las ordene una instancia judicial cuando tiene conocimiento del caso.

En cualquier caso, los maristas y Spotlight no son lo mismo. No hablamos del encubrimiento sistemático que practicaba la diócesis de Boston hasta que se denunció públicamente. Sobre los otros casos que se han denunciado en la escuela, queda pendiente certificar la veracidad y grado de las acusaciones y que los maristas puedan hacer un examen interno para saber qué pasó y porque no se detectaron. Y si hay algun responsable, tomar sin miedo las medidas pertinentes.

Los casos del siglo pasado

A raíz de las denuncias públicas de estos días han salido otros casos de un pasado más lejano. De los maristas o del caso de La Salle de cuarenta años atras. Gente que ahora es totalmente adulta y la mayoría con casos prescritos penalmente. No se trata de menospreciar los dramas personales que han vivido las víctimas. Y en la responsabilidad de que haya tenido la Iglesia es evidente que hay que pedir perdón. Y si es necesario, como se ha hecho en otros lugares, actos de constricción pública. Pero también hay que poner las cosas en su contexto.

En algunos casos hablamos de épocas en las que cuando un profesor te daba una bofetada en la escuela, cuando llegabas a casa te daban otra. Y sobre todo de un momento en el que no había ninguna sensibilidad social sobre los abusos a menores o cuando se veía normal pegar a la mujer. Cosas que hoy nos revuleven el estómago.

También hay una cuestión puramente estadística. Si un ámbito en el que se producen abusos a menores siempre ha sido el escolar, y si estamos en una país en el que durante muchos años la presencia de los religiosos y clero en el mundo educativo ha sido determinante, es estadísticamente imposible que no haya casos de abusos protagonizados por religiosos y clérigos. Y, en la actualidad, si la red educativa sigue teniendo un 25% del alumnado escolarizado en centros de titularidad católica, es estadísticamente factible que haya casos de abusos en escuelas católicas. Si las escuelas dependieran del gremio de vendedores de rosquillas, sería un problema de los vendedores de rosquillas.

Es evidente que este argumento es muy peligroso. Como el argumento -cierto- que el 80% de abusos aún hoy se producen en el entorno familiar y no en el escolar. Son argumentos que no se pueden utilizar para exonerar las instituciones afectadas de su responsabilidad. Ni para mirar hacia otro lado: "Más le valdría que le ataran al cuello una rueda de molino y el lanzaran al mar, antes de que hiciera caer uno de estos pequeños" (Lc 17,2).

Pero hay que tener presente para contextualizar la aparición de los casos y no generalizarlos sólo como un problema eclesial. Es un problema eclesial, que además por su fundamento moral y evangélico cuando se produce un abuso es triplemente condenable. Pero que no sólo afecta a la Iglesia. Y, por tanto, si lo que preocupa son los abusos a menores, no se puede exigir sólo a la Iglesia que los solucione. Que también lo debe hacer.

El sistema

Volviendo a Spotlight, por ahora lo que hemos visto aquí es que han salido casos de personas que han denunciado haber sufrido abusos y que desgraciadamente han tenido que guardarlos en silencio durante mucho tiempo. Que no habían encontrado las herramientas para sacarlos a la luz. Pero una de las claves de la película americana es que no se quiere denunciar un caso o cincuenta, sino que lo que buscan los periodistas es poner de manifiesto que hay un sistema que permite que esto suceda.

De casos de abusos donde haya implicados religiosos es estadísticamente muy probable que salgan más. Pero en el caso de las escuelas y de la Iglesia en general, el cambio de mentalidad sobre este tema ya tiempo se ha hecho. Puede haber un tiempo en el que no se hacía así, ni en la Iglesia ni en tantos otros lugares. La nota de los obispos catalanes de la semana pasada es una prueba contundente de la sensibilidad actual y los últimos papas han hecho un trabajo ampliamente explicado en favor de la tolerancia cero. No estamos en el año 2000, ni en Boston.

El mismo Francisco ha sido bien claro varias veces. El pasado septiembre repetía en Filadelfia que "los crímenes y los pecados de los abusos sexuales no pueden ser mantenidos en secreto durante más tiempo. Me comprometo a celosa vigilancia de la Iglesia para proteger a los menores y prometo que los responsables deberán rendir cuentas". La semana pasada lo decía volviendo de México, tras reconocer la ingente tarea en este sentido de Benedicto XVI: "Un obispo que cambia a un sacerdote de parroquia cuando se detecta un caso de pederastia es un inconsciente y lo mejor que puede hacer es presentar la renuncia. ¿Clarito?". Clarito.

Frases como estas también se pueden encontrar de papas anteriores, pero la diferencia entre los discurso pasados ​​y la actualidad es todo lo que ha hecho la Iglesia en los últimos años para hacer limpieza y purgar sus culpas.

En este sentido, los datos finales de Spotlight tienen un punto demagógico. Hay una larga lista de diócesis en las que ha habido casos de curas pederastas y casos de encubrimiento. Pero una cosa es tener casos de abusos y la otra es que haya un sistema que lo promueva o mire permanentemente hacia otro lado. Y los que desde la Iglesia hoy hacen eso van contra la Iglesia. Hay que insistir en que eso no resta la doble o triple gravedad que representa cuando el abuso a un menor el perpetra un consagrado.

Sanación

En los famosos protocolos de los que tanto se ha hablado estos días, también hay algo no pueden prever: como ayudar a las víctimas de épocas pasadas en las que el delito ha prescrito. A las víctimas más recientes se les puede ofrecer la justicia, e incluso reparaciones económicas.

Pero en todos los casos lo que necesita la víctima es hacer un proceso de sanación personal que no sólo pasa por ver el culpable en la cárcel. Y, volviendo al aspecto mediático de estos días, también hay que preguntarse si la exhibición pública del daño vivido es una ayuda para las víctimas. Obviamente, para que un tema como éste deje de ser una plaga es necesario que las víctimas tengan instrumentos para romper su silencio. Y la proyección mediática ayuda a sensibilizar sobre el tema. Incluso es imprescindible para aproximarse a la solución del problema como ocurre, por ejemplo, con la violencia doméstica. Pero también habría que ver hasta qué punto los testimonios directos de los abusos expuestos en la plaza pública responden a una voluntad de sensibilización y hacen bien a las personas que lo relatan. La frontera entre la denuncia y la exhibición es muy complicada, y los periodistas tienen que ser muy cuidadosos en el momento de calibrarlo. Que queriendo hacer un bien, no se acabe haciendo otro tipo de daño. Ya no digamos cuando lo que se busca directamente es hacer subir la cuota de audiencia. Dejémoslo por ahora en el beneficio de la duda. Y mientras tanto se puede leer el artículo del marista Lluís Serra al respecto.

Quitarse el niño de encima

Finalmente, sobre lo que hemos visto estos días, no deja de quedar la sensación de que muchos han trabajado más para quitarse el problema de encima que para buscar soluciones. Las declaraciones de todos los agentes judiciales, de seguridad y políticos implicados parecían destinadas principalmente a justificar la propia actuación en el caso.

Además de la singular nota de la fiscalía, el ejemplo más evidente han sido las diversas declaraciones poniendo sobre la mesa la retirada del concierto al colegio de los maristas. No se entiende el interés que ha tenido la Generalitat y más aún el Ayuntamiento en incidir en este punto. En realidad, ninguna de las dos instituciones tiene la capacidad de hacerlo sin un procedimiento administrativo que demuestre que la escuela ha incumplido alguno de los compromisos que incluye el concierto educativo.

El concierto no es una gracia que concede un ministro o un concejal. Y sería difícil imaginar que en un caso similar en una escuela pública la respuesta de la administración fuera amenazar con cerrarla. Asimismo, la retirada del concierto no es una penalización a los maristas; es una penalización a los padres que llevan a sus hijos en esta escuela que, en el caso de los maristas de Sants-Les Corts, bastante pena han tenido.

Lo mismo se podría decir del pontifical que en cuatro días ha emitido el Síndic de Greuges, Rafael Ribó. Quien conoce el funcionamiento de una sindicatura sabe que los informes serios piden un tiempo de elaboración que no responde a los ritmos mediáticos. En este caso queda muy bien mostrar resolución y repartir culpas a diestro y siniestro. Pero, por ejemplo, es poco serio emitir un juicio sobre la actuación de la escuela, sin haber puesto los pies en el edificio y no haber hablado con sus responsables y, aún más importante, ni haberlo hecho con la comunidad educativa agravada. Es muy efectivo para llevarse portadas pero no para dar respuesta a la defensa de los derechos de los ciudadanos. Qué medios puso la Sindicatura para promover el seguimiento e implantación del protocolo que ahora se ve tan necesario?

Con todo esto, se ha conseguido que estos días se hablara más de si los protocolos exigen un papel arriba o un papel abajo, que de lo que realmente importa: qué pueden hacer mejor todos los agentes implicados en la protección de los menores para garantizar sus ​​derechos.

La escuela desconcertada

El tema de la aparición de la retirada del concierto no es un tema menor. De entrada, hoy los niños están tan protegidos o desprotegidos en una escuela pública, concertada o privada. En todas partes puede haber personajes indeseables y niños sin capacidad de defenderse.

Por otra parte, focalizar el tema en el concierto da a entender que los maristas (y en general la Iglesia) hacen escuelas para ganar dinero. Ocho escuelas, doce obras sociales (entre ellas hogares de acogida de niños tutelados o centros de día), una escuela de formación, cuatro casas de colonias, un movimiento juvenil, ocho grupos scouts, una ONG, y un centro de espiritualidad. Todas estas iniciativas que hoy gestionan los maristas están destinadas a los niños y, como las escuelas, prácticamente todas están dirigidas y gestionadas por laicos. Salta a la vista que la finalidad no es el ánimo de lucro. Puede haber habido maristas infieles a sus votos, pero en se conoce ninguno que haya muerto rico.

Y con el tema del concierto una vez más hay quien ha aprovechado el caso para reabrir el debate sobre el modelo educativo catalán. La doble red de servicio público estuvo ampliamente avalada en el Parlamento de Cataluña en una de las leyes de máximo consenso de los últimos años, la Ley de Educación. Sin embargo, parece que cualquier excusa es buena para cuestionar la escuela concertada, que como todo el mundo sabe y es profecía, es el principal problema que tiene la educación en este país. Un modelo educativo que además sería económicamente insostenible si mañana todas las escuelas concertadas entregaran las llaves del centro a la Generalitat para que se hiciera cargo de ellas. Siempre se habla de cuánto dinero se dedican a los conciertos, pero nunca se habla de que se ahorra la administración con cada plaza de escolarización que se ofrece en la concertada. Y sobre todo no se quiere admitir el debate de fondo, el porqué la educación no puede estar también en manos de la iniciativa social, si además es un modelo que ha funcionado y con el que en muchos casos la concertada sigue estando al frente de la innovación y de la renovación pedagógica.

Ah! Pero es verdad. Nadie se había dado cuenta que estamos en plena campaña de preinscripción en un momento en el que la curva demográfica amenaza la continuidad de los centro de educación infantil y primaria. Y siempre hay quien tiene el trabuco a punto. Sólo hay que recordar la polémica sobre el currículum de la asignatura de Religión.

La investigación periodística

Volvamos a Spotlight. La película es una historia ya contada en el cine sobre el cuarto poder y como la prensa puede ejercer de contrapeso cuando otros no hacen bien su trabajo. Pero, con todos sus defectos, el periodismo americano tiene una tradición de periodismo de investigación que no existe en nuestro país. Muchas de informaciones de nuestra prensa que se dan bajo el nombre de exclusiva de supuestos equipos de investigación responden simplemente a la filtración interesada de un dossier. Además, respecto al año 2000, actualmente la redacciones también han sufrido los recortes de la crisis, que se han aplicado básicamente con criterios mercantiles. La información es cada vez más una mercancía, no un derecho ciudadano. Y la inmediatez rampante sólo funciona a base de tópicos y arquetipos.

Sólo hay que recordar que The Boston Globe dedicó un año a investigar antes de publicar un sola línea sobre el tema. Un año en el que cuatro personas estuvieron cobrando la nómina en el periódico, y que además, formaban parte de un equipo consolidado de investigación. Hoy no hay ningún periódico que dedique recursos a una estructura como esta. El caso de los maristas se inicia "sólo" cuando un señor se embarca en una rueda informativa de denuncias y todo el mundo se pelea por tenerlo en su plató. Y, como hemos visto con un fallecimiento reciente, el sistema parece no tener límites en una locura informativa en la qual lo que cuenta es quién sale el primero, no el quién dice cosas más exactas.

La práctica periodística

El episodio informativo sobre los maristas también deja algunos ejemplos dignos de estudiar a los expertos en deontología. No se trata de matar al mensajero, pero el mensajero, sobre todo cuando emite juicios, también debe revisar su actuación.

Por ello, es lícito preguntarse sobre algunas cosas que hemos visto estos días. Cinco ejemplos. Entrevistar por televisión al hermano del abusador confeso cuando se sabía que padecía una importante discapacidad mental. Emitir una entrevista casi 24 horas después de ser grabada cuando el contexto informativo y los datos disponibles habían cambiado. Hacer un llamamiento público a presentar denuncias a través de un medio de comunicación, como si un periódico fuera un juzgado de guardia, con el objetivo de poder publicarlas primero. Modular los argumentos a favor o en contra de los maristas según las exclusivas que conseguía cada medio. O ver que curiosamente hay periódicos que publican más cartas de los lectores a favor de los maristas y los hay que se ve que han recibido menos. Son cinco cosas que han pasado. Y que habría que revisar.

No es un problema de los maristas

El cuestionamiento de la escuela concertada y la dimensión mediática del tema son sólo dos ejemplos de porque el problema que ha habido a la escuela de Sants-Les Corts no es un problema de los maristas. Por un lado, y el más importante, porque el problema de los abusos a menores es un problema social, no de una escuela. Pero por otro lado, a un nivel más interno, el mismo acoso que han sufrido los maristas lo puede sufrir cualquier institución eclesial.

No se trata de volver a las teorías conspirativas. Pero no hay ninguna institución eclesial con capacidad de responder mediáticamente a una crisis comunicativa como la que han vivido los maristas. No se puede desear a nadie que tenga que estar bajo el foco de todas las redacciones del país y que deba responder con una relación de fuerzas de cien contra uno. Y no es una situación que se afronta dejando el caso en manos de un buen abogado o afiliándose al partido del nosotros solos. Y si tienen alguna duda del impacto de Spotlight, miren lo que está pasando en Lyon, donde la película también ha servido para reabrir el tema. O en Australia.

Asimismo, el desprestigio que provoca este tipo de crisis no afecta sólo la marca maristas. Afecta toda la concertada y a toda la Iglesia. Por lo tanto, si alguien se pone en posición de espectador o cree que cerrando la radio el tema deja de existir, se equivoca. Y esto afecta tanto cualquier cristiano -por lo que se refiere a un cambio de mentalidad sobre las actitudes y medidas a tomar para prevenir los abusos-, como los máximos responsables de las principales instituciones religiosas de Cataluña -por lo que se refiere a la necesidad de abordarlo conjuntamente e impulsar las decisiones que no se hayan tomado en este ámbito-. En esto, también hay que seguir al papa Francisco. Y cada uno por su lado no podrá hacer nada ni se solucionará el problema.

Resumiendo

Quince días después del primer caso denunciado en los periódicos parece que todo se ha ido calmando. Que el problema ha quedado acotado a un colegio de los maristas y que "a nosotros no nos ha tocado". Mientras algunos sectores mediáticos están convencidos de que han sido The Boston Globe catalán. Con ello se puede pensar "tema resuelto". Y otros se frotan las manos sobre los palos que ha recibido la Iglesia.

Para ello habría que preguntarse si estos quince días han servido para garantizar mejor la protección a la infancia en nuestro país o sólo para discutir sobre quien cumplió el protocolo o para tener una buena exclusiva. Y preguntarse si la Iglesia ha aprendido cómo afrontar colectivamente una situación como esta, y como mirar los ojos a las víctimas y no sólo como salir del mal paso o pasar el problema al tejado de otro. Todo lo que sea silencio alimenta el imaginario de Spotlight.

Hay víctimas que lo están esperando. Esperando que todo aquel que tiene alguna responsabilidad sobre instituciones vinculadas a la educación y a los niños y con incidencia en la opinión pública se pregunten: ¿qué puedo hacer yo para evitar y prevenir los abusos a menores?