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Resulta casi imposible andar por Barcelona y no ver un lacito amarillo, aunque sea pintado en el suelo, junto a la frase «Libertad presos políticos». Se refiere en este momento a Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras y Joaquim Forn. No son los únicos presos preventivos. Hay dos, también, que pasan más inadvertidos como Sandro Rosell y Joan Besolí, que llevan casi cerca de nueve meses por presuntos delitos económicos. Y muchos más. He leído un texto que me ha hecho pensar: «La prisión preventiva —cuando de forma abusiva procura un anticipo de la pena, previa a la condena, o como medida que se aplica ante la sospecha más o menos fundada de un delito cometido— constituye otra forma contemporánea de pena ilícita oculta, más allá de un barniz de legalidad. (…) La cuestión de los detenidos sin condena se debe afrontar con la debida cautela, desde el momento que se corre el riesgo de crear otro problema tan grave como el primero, si no peor: el de los reclusos sin juicio, condenados sin que se respeten las normas del proceso.» Su autor no es nadie que lleva un lacito amarillo en la solapa, nadie que sea independentista, nadie que trabaje en la redacción de un periódico, sino el papa Francisco en su discurso a una delegación de la Asociación Internacional del Derecho Penal, pronunciado el 23 de octubre de 2014. Su análisis alcanza aspectos de gran actualidad. Solo dos perlas más: «Vivimos en tiempos en los que, tanto por parte de algunos sectores de la política como por parte de algunos medios de comunicación, se incita algunas veces a la violencia y a la venganza, pública y privada, no solo contra quienes son responsables de haber cometido delitos, sino también contra quienes cae la sospecha, fundada o no, de no haber cumplido la ley» y «no se buscan solo chivos expiatorios que paguen con su libertad y con su vida por todos los males sociales, como era típico en las sociedades primitivas, pero además de esto algunas veces existe la tendencia a construir deliberadamente enemigos: figuras estereotipadas, que concentran en sí mismas todas las características que la sociedad percibe o interpreta como peligrosas».

Dos intervenciones de políticos relevantes ofrecen claves para comprender, en este caso, el uso de la prisión preventiva referida a líderes catalanes. Sáenz de Santamaría dijo en Girona durante la campaña electoral: «¿Quién ha hecho que hoy por hoy ERC —el PDCAT no, que ya no es el PDCAT, sino que son Junts per Catalunya—, y el resto de los independentistas no tengan líderes porque están descabezados? Mariano Rajoy y el PP.» El objetivo está claro: descabezar, con ayuda de la justicia. Los medios: prisión preventiva, suspensiones e inhabilitaciones de todo aquel que pueda ejercer un liderazgo. Alfredo Pérez Rubalcaba, a finales de enero, afirmó: «El Estado pagará el coste de quitar a Puigdemont de en medio.» No se mide el coste. Sea cual sea. El precio puede ser la misma Constitución. Todo vale, ilegalidad incluida, para el Estado.