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Por La puntada .

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Quim Pons, forma parte de la Plataforma de Entidades Cristianas con los Inmigrantes.

En el momento en que estás leyendo estas líneas, unas 2.500 personas se encuentran internadas en los ocho Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) que se encuentran en España. Se trata de personas privadas de libertad por el hecho de no disponer de permiso de residencia. No han cometido ningún delito, sólo una falta administrativa.

Pero, ¿qué son estos centros? La ley nos habla "de establecimientos cerrados de carácter no penitenciario" en el que se encierra a personas que se encuentran en nuestro país sin la necesaria autorización administrativa de residencia. Hablando claro, hablamos de cárceles para inmigrantes sin papeles. Actualmente en España hay ocho centros de internamiento: en Madrid, Barcelona, ​​Valencia, Murcia, Algeciras, La Palmas, Fuerteventura y Tenerife. El internamiento es una medida cautelar para garantizar que se llevará a cabo la orden de expulsión que ha decretado un juez. La única privación que se debería dar en estos centros es la de "libertad ambulatoria", sin embargo, la realidad nos habla de muchas otras privaciones que afectan a derechos fundamentales de la persona.

¿Cómo se llega a un CIE? Según la legislación vigente, el internamiento en estos centros debería aplicarse como último recurso y el mínimo de tiempo posible, llegando a un máximo de 60 días. Sin embargo, la praxis nos habla de otra realidad. Actualmente se está internando muchas personas sin tener en cuenta las situaciones personales de cada caso, provocando con esta mala práctica verdaderos dramas humanos. No olvidemos que la sanción por falta administrativa de estancia irregular debería ser una multa; sin embargo, en la mayoría de los casos, se resuelve con una orden de expulsión. Según la legislación vigente, no se debería proceder al internamiento cuando se trata de personas que han tenido residencia de larga duración, personas que están recibiendo una prestación social, mujeres embarazadas cuando la ejecución de la expulsión puede poner en riesgo la salud de la madre o del niño, personas con enfermedades crónicas y personas con menores a su cargo. Sin embargo, esto no se cumple siempre y con cierta frecuencia encontramos personas internadas en estos supuestos. Esta mala práctica de ingresos, lleva a que el 47% de las personas ingresadas en los CIE no sean expulsadas. Es decir, ¡se están internando muchas personas que nunca deberían haber entrado en un CIE! Este alto porcentaje de personas que finalmente no son expulsadas, pone en entredicho la existencia de estas centros. ¿No se podrían considerar antes las circunstancias personales de cada caso y así ahorrarnos tantas situaciones de sufrimiento innecesario? Hay que denunciar que no se aplique el principio de proporcionalidad a la hora de aplicar la justicia en estos casos.

¿Cuál es la situación en el interior de los CIE? Al traspasar las vallas de estos centros de internamiento, lo que se ve es el drama que viven muchos hombres y mujeres. Palabras como desconcierto, confusión, rebelión, desesperanza, ruptura, ... expresan el el estado de shock psicológico que viven estas personas y sus familiares. Las condiciones de vida en estos centros son mucho más duras que las que se dan en un centro penitenciario. Se convierten en una inmensa sala de espera donde las horas se hacen eternas. Con un modelo de gestión policial, se dan tratos poco respetuosos por parte de algunos policías. La angustia de sentirte separado bruscamente de tus seres queridos y la tensión de no saber cuándo te expulsarán, en cualquier momento, sin previo aviso, el miedo con que viven al sentirse mezclados, de la noche a la mañana, con internos con antecedentes penales, la falta de información y desatención jurídica: ¿Por qué estoy aquí? ¡No soy ningún delincuente!; Las limitaciones en la atención socio-sanitaria, las dificultades de comunicarse con el exterior ... todo esto crea en estas personas una situación difícil de imaginar para los que nos encontramos fuera.

Para terminar, con la presencia de estos centros, se está criminalizando el rostro de la pobreza en las personas que se encuentran en nuestro país sin la autorización administrativa de residencia. Desde hace más de un año, se ha emprendido una campaña estatal que, manteniendo en el horizonte el objetivo de cerrar los CIE, está luchando para mejorar las condiciones de internamiento y la redacción de un Reglamento que vele por el respeto y ejercicio de los derechos de las personas internadas. Hay que denunciar, sin embargo, la falta de voluntad política para llevar adelante este Reglamento que hace más de tres años que se debería haber aplicado.

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