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Per Francesc Riu i Rovira de Villar .
Las última semanas, un protagonista indiscutible en los medios de comunicación, y también en la calle, ha sido el ministro Wert. Si pretendía armar alboroto, ciertamente lo ha logrado. El pasado mes de diciembre escribí: “Alguien ha cometido un error muy grave: redactar un anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativasin tener suficientemente en cuenta la situación y las necesidades reales de las escuelas”.
Ahora, cuando el Proyecto de Ley ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, observo que algunos han creído que era preciso hacer todo lo posible para desprestigiar la iniciativa del ministro Wert, incluso atribuyendo al Proyecto de Ley cosas que yo no he sabido encontrar en ninguna de sus páginas. Me da la impresión de que éstos también han cometido un grave error.
No seré yo el que defienda todo lo que el Proyecto de LOMCE afirma, pero tampoco seré yo quien diga que todo lo que contiene es un disparate. En mi vida profesional he tenido muchas ocasiones, quizá demasiadas, de analizar leyes relativas a la educación escolar, desde la primera que desarrolló un aspecto del artículo 27 de la Constitución ‒la LOECE‒, hasta la última ‒la LOE‒, pasando por la LODE, la LOGSE y la LOCE. Lo he hecho hasta la saciedad.
Por ello, me gustaría que todos los que quisiéramos manifestar nuestra opinión sobre cualquier ley relativa a la educación supiéramos distinguir las razones políticas de las razones pedagógicas, aunque esta distinción no siempre sea fácil. Y también me gustaría que los argumentos aducidos, a favor o en contra, mostraran claramente que el texto de la ley ha sido leído con atención suficiente.
Ahora y aquí, quizá escribir lo que he escrito no es políticamente correcto. No tardaré en saberlo.

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