Trabajadores del hogar familiar ¿Qué derechos?

Eduardo Rojo Torrecilla

Eduardo Rojo Torrecilla es Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Barcelona

Durante muchos años, las personas que han trabajado al servicio de un hogar familia han tenido muy pocos derechos en materia laboral y de Seguridad Social, muy probablemente porque siempre se ha considerado este trabajo "de poco valor" (¿Será porque lo realizan mujeres, y desde hace unos años, la mayor parte de ellas son extranjeras extracomunitarias?). Afortunadamente, el mundo asociativo, las propias trabajadoras y grupos con sensibilidad social se movilizaron y reclamaron la mejora de su situación laboral, con propuestas dirigidas a los poderes públicos.

A mediados del 2011, se llegó a un acuerdo entre el gobierno y las organizaciones sindicales que implicaría después una importante reforma de la regulación jurídica laboral y los derechos de Seguridad Social. Ciertamente, no se equiparaba la normativa a la de los demás trabajadores asalariados (por ejemplo, sigue sin estar protegida la situación de desempleo), pero se mejoraban las condiciones de trabajo y se procedía a una regulación de protección social que implicaba nuevos derechos. Estos cambios tienen muchos puntos de conexión con la normativa internacional sobre esta materia aprobada por la Organización Internacional del Trabajo en junio de 2011 y que ya ha entrado en vigor. Muchas veces creemos que las normas internacionales tienen poca importancia, pero ésta la tiene, y mucha, ya que gran parte de la población trabajadora del hogar familiar en muchos países estaba totalmente sin derechos.

Pero, no todo sería tan bonito y sencillo. Pronto, poco después del cambio de gobierno tras el 20N, comenzaron las críticas a la nueva regulación, argumentando que era muy compleja y que imponía a los empleadores, en muchos casos personas de avanzada edad (al menos formalmente, porque en la práctica es muy diferente), una serie de obligaciones de tramitación de documentación que hacían difícil la contratación. Sin desconocer que toda norma es mejorable, y ciertamente lo era, no deja de ser curioso que las quejas se formularon sólo hacia un tipo de actividad que, repito, tiene escaso reconocimiento social. Hay otras actividades laborales que también plantean problemas (como ejemplo, las de las personas con discapacidad), pero no parece que el gobierno tenga tanto interés por cambiar su regulación.

No ha tardado el gobierno del Partido Popular a modificar la norma, argumentando que el anterior no funcionaba porque se había reducido el volumen de ingresos a la Seguridad Social. La pregunta que nos debemos hacer es si esto se produjo porque hubo menos contratación (no es así) o porque una parte importante de la remuneración se pagaba de forma irregular y, por tanto, no se cotizaba a la Seguridad Social.

La nueva regulación, convalidada por el Congreso el 31 de enero, con el voto en contra de la oposición, obliga a cotizar en cuantía económica superior a la anterior norma, al suprimir algunos tramos inferiores de la escala, y permite trasladar a la parte trabajadora toda la tramitación administrativa de la documentación para darse de alta, siempre que trabaje menos de 60 horas a la semana. Es necesario, eso sí, que haya acuerdo de las partes, y genera diversos problemas jurídicos que ahora no puedo abordar pero que seguro que se suscitarán algún día.

Habría sido conveniente esperar más tiempo para ver los resultados de la reforma, pero todo lo que hizo el anterior gobierno parece que debe ser modificado. Y mientras tanto, el personal del hogar familiar debe seguir luchando para defender sus derechos, en el marco de un entorno político y una situación económica que no ayuda precisamente a ello. La tarea de los movimientos sindicales y sociales sigue siendo totalmente necesaria.