Justícia i Pau presenta un informe en que se analiza el impacto negativo de la industria militar en la economía del Estado español

(Justícia i Pau) El 24 de abril por la mañana,Arcadi Oliveres, presidente de Justícia i Pau, y Pere Ortega y Camino Simarro, miembros del Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs de Justícia i Pau, han presentado en rueda de prensa, en la sede de la entidad, el informe “El complex militar-industrial. Un paràsit en l’economia espanyola”. La publicación examina la industria militar en el Estado español y analiza su impacto en el conjunto de la economía española, un impacto no precisamente positivo, puesto que contribuye a agravar la actual crisis económica.

Cómo se muestra a lo largo del informe, la industria militar en el Estado español ha contribuido, por un lado, al aumento de la deuda pública y, por otro lado, ha provocado una burbuja en la producción de armas a la cual no puede hacer frente el Ministerio de Defensa.
 
Oligopolio de las armas
 
El informe empieza con un análisis de la industria militar en España, su historia y los principales cambios ocurridos en este ámbito durante los últimos años, y a continuación profundiza en el análisis del sector industrial militar con cifras desglosadas por subsectores de defensa, lo cual pone al descubierto la existencia de lo que se denomina el oligopolio de las armas. Este oligopolio, a su vez, pone de manifiesto la internacionalización de la industria militar mundial y el rol que juega el Estado español en la globalización de esta. Las cuatro empresas que se señalan del oligopolio (EADS-casa, Navantia, Indra y General dynamics / santa Bárbara) ocupan lugares destacados en el ranking mundial de la industria militar.
 
También se han querido mostrar algunos de los intereses ocultos que se mueven detrás de la industria militar, lo que el presidente Eisenhower denominó como complejo militar industrial. Saber quién es quien en este sector ayuda a comprender mejor por qué el Ministerio de Defensa se compromete con desorbitados contratos reconocidos como innecesarios.
 
Todos los datos recogidos en el informe proceden de los balances facilitados por las empresas o de la base de datos SABI, todos ellos contrastados con los existentes en el registro mercantil.