Cáritas triplica la ayuda en vivienda mientras no llegan soluciones

(CR) No se ha cansado de denunciar "reiteradamente el crecimiento escandaloso del número de familias afectadas por la grave problemática de los desahucios, y el retraso vergonzoso en la adopción de medidas que aborden de raíz el problema", pero mientras tanto Cáritas Diocesana de Barcelona ha triplicado las ayudas en materia de vivienda entre los años 2007 y 2011, pasando de 500.000 a 1,5 millones de euros. Han sido ayudas para evitar la pérdida de la vivienda o de un techo para familias en situación económica grave, que desde el 2011 se ha ampliado con el Servicio de Mediación en Vivienda (SMH) que desde el mes de septiembre de 2011 ha atendido a 900 familias:cerca de 3.500 personas. En 350 casos han encontrado una solución a su problema.

Así lo explica en una extensa nota que ha emitido hoy en la que se recuerdan los argumentos que Cáritas ha ido repitiendo durante los últimos años para poner "freno inmediato a la sangría de exclusión social que se está generando por los problemas de pago de las viviendas y que no ha encontrado un freno oportuno y justo en ninguna de las iniciativas que hasta hoy han sido adoptadas por el Gobierno".

Cáritas insiste en dar una "segunda oportunidad y rescate financiero a las familias" ya que bastaría con sólo "destinar un 1,5% de los fondos obtenidos por el FROB a rebajar la deuda de las personas. Eso permitiría salvar del desahucio a 30.000 familias". También exige con urgencia la reforma de la legislación sobre el endeudamiento de las familias y considera que las propuestas aprobadas el pasado julio por unanimidad por el Parlament de Cataluña "constituye una base óptima para acelerar la aprobación del nuevo marco legislativo estatal que las familias necesitan de forma urgente".

Una vez más denuncia que el verdadero problemas es la inexistencia de una política de vivienda y de oferta de vivienda de alquiler a precios sociales y que habría que aprovechar "la creación de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de Reestructuración Bancaria (SAREB), para la puesta inmediata en régimen de alquiler social, gestionada por las administraciones públicas o por entidades privadas sin ánimo de lucro, de las viviendas en manos de las entidades financieras, a precios máximos de 200 euros mensuales, y con duraciones de los contratos de un mínimo de 10 años ". Paralelamente, reclama una moratoria inmediata de los desahucios.

Este es el texto completo de la nota que ha publicado Cáritas Diocesana de Barcelona.

Cáritas Diocesana de Barcelona en relación a la actividad del servicio de mediación en la vivienda y el sobre endeudamiento de las familias

Hace ya cuatro años que ha irrumpido en nuestro país el gravísimo problema de la pérdida de la vivienda de residencia habitual por causa de las dificultades de las familias de poder hacer frente a su coste.

La disposición de vivienda es una condición indispensable para el desarrollo de la vida de las personas y de las familias, y para el mantenimiento de su dignidad humana. Nada hay más degradante y excluyente que la pérdida de la vivienda.

Evidentemente, disponer de una vivienda para vivir tiene un coste, tanto si es de alquiler como si es de compra, y es responsabilidad social y colectiva asegurar que este coste sea proporcional a los ingresos de las familias. Cuando a lo largo de la historia se han vivido momentos de desajuste entre estos dos parámetros (ingresos familiares y coste de la vivienda) -normalmente, debidos a fuertes inflaciones de los precios no seguidas por los salarios- las sociedades (y los gobiernos correspondientes) han adoptado medidas drásticas de ajuste, en forma de legislaciones protectoras de los usuarios de las viviendas. Siempre, en estas ocasiones, ha primado la idea de preservar el derecho a la vivienda y la dignidad humana, por encima de intereses de grupos económicos, por más legítimos que éstos hayan podido ser.

Las leyes de arrendamientos urbanos, proteccionistas, son ejemplo claro de este tipo de regulaciones que han tenido como objetivo conseguir que los inquilinos puedan mantenerse en las viviendas pagando importes proporcionales a sus ingresos y puedan seguir con su vida -alimentación , enseñanza,vestido, salud, cultura- con dignidad y normalidad.

Los parques públicos o sociales de vivienda son otro ejemplo de políticas tendentes a asegurar costos razonables y proporcionales para una población con ingresos insuficientes para hacer frente a precios del mercado libre, y tendentes a contrarrestar las oscilaciones del mercado libre de la vivienda ofreciendo seguridad de alojamiento a estas familias.

La grave problemática que desde hace cuatro años están viviendo muchas familias en España en relación a la vivienda no ha venido provocada por la entrada en un proceso inflacionista de los precios de los pisos, sino por la caída drástica de ingresos de las familias: entrada en el paro, recortes salariales, reducciones de jornada laboral, y por la insuficiencia de parques públicos o sociales que ofrezcan viviendas a precios asequibles y los ajusten de forma automática a las nuevas realidades sociales. La consecuencia a la que se ha llegado con todo esto ha sido dramática para un número impresionante de familias: no poder pagar la vivienda y perderla.

Las medidas que se han de tomar en una situación así deben abordar el nuevo fenómeno, pero, en el fondo deben conseguir lo mismo: equilibrar el coste de la vivienda con los ingresos familiares.

Cáritas Diocesana de Barcelona ha venido denunciando reiteradamente el crecimiento escandaloso del número de familias afectadas por la grave problemática de los desahucios, y el retraso vergonzoso en la adopción de medidas que aborden de raíz el problema. Las ayudas en materia de vivienda que Cáritas da a las familias usuarias ha triplicado entre los años 2007 y 2011, pasando de 500.000 euros a 1,5 millones de euros, para hacer frente fundamentalmente a pagos de alquileres, de cuotas hipotecarias, de realquileres, de pensiones, y, en definitiva, para evitar la pérdida de la vivienda o de un techo para las familias en situación económica grave.

Mediante el Servicio de Mediación en Vivienda (SMH), puesto en marcha en septiembre de 2011, Cáritas Diocesana de Barcelona ha podido reforzar y sustentar aún con más fuerza esta denuncia y ha podido abordar con profundidad las dramáticas situaciones de dificultad o imposibilidad de pago de la vivienda de nuevas familias.

La experiencia del primer año de existencia del SMH ha sido claramente reveladora del fenómeno: se han atendido 900 familias -cerca de 3.500 personas -, con gravísimos y angustiosos problemas de pago de su vivienda, muchas de las cuales nunca habría creído que podrían pedir ayuda o apoyo a una organización como Cáritas, y para las cuales, llegar a este punto ha ido precedido de sufrimiento, ansiedad, desorientación y depresión con pérdida de la autoestima.

Con el SMH, 350 familias han recibido asesoramiento y orientación y otras 350 han encontrado solución a su problema, bien porque se ha conseguido mantenerlas en su vivienda de origen, con reconversión de los préstamos hipotecarios o los contratos de alquiler, bien porque se las ha ayudado a encontrar una vivienda de alquiler con un coste más proporcional a sus ingresos actuales (35 casos no se han podido resolver por Cáritas y 165 están todavía en trámite de negociación con los bancos o con los propietarios).

Además de esto, el SMH ha atendido 240 consultas y tiene en estos momentos una lista de espera con hora de visita concertada de 120 familias. Es decir, que en su conjunto, el SMH en un año ha recibido la petición de 1.260 familias - unas 4.700 personas-, con una media de más de 100 familias mensuales.

El 76 por ciento de las familias atendidas por el SMH tienen hijos, el 67 por ciento tienen, como cabeza de hogar, una persona entre los 30 y los 49 años, el 37 por ciento de los integrantes de estos familias son menores de edad, y el 70 por ciento de las personas que integran estas familias están en el paro.

Estos datos divergen en gran medida de las de la media de la población de Cataluña (45% familias con hijos; 42% cabeza de hogar entre los 30 y los 49 años, 20% menores de edad; 22,6% personas en paro) y ponen una alerta clara con respecto a las graves consecuencias que el paro está teniendo en la vivienda de familias de edad adulta joven, con hijos, es decir , sobre los tramos de la sociedad que están en proceso de desarrollo y consolidación familiar y que deberían ser la base de sustentación de la sociedad en su conjunto: los menores de edad, los jóvenes y de las personas mayores jubiladas.

Ante esta realidad conocida de manera directa a través de su gestión diaria, Cáritas Diocesana de Barcelona considera inaplazable la adopción de medidas legislativas y normativas que pongan freno inmediato a la sangría de exclusión social que se está generando por los problemas de pago de los viviendas y que no ha encontrado un freno oportuno y justo en ninguna de las iniciativas que hasta hoy han sido adoptadas por el Gobierno.

Cáritas Diocesana se ratifica en las demandas que viene realizando desde el año 2009, algunas de las cuales han sido anunciadas en comunicados y ruedas de prensa o han sido recogidas en acciones coordinadas con otras organizaciones, singularmente con el Síndic de Greuges de Cataluña, el Colegio de Notarios, el Colegio de Abogados, el Tribunal de Justicia de Cataluña, la Secretaría d'Habitatge y la Taula del Tercer Sector Social de Cataluña.

1. Segunda oportunidad y rescate financiero de las familias

- No nos encontramos ante un problema coyuntural sino ante un fenómeno íntimamente vinculado a la crisis económica que exige, en consecuencia, blindajes de fondo.

- Es fundamental entender que la pérdida de una vivienda por parte de una familia ocasiona un drama social intolerable, pero a la vez, pone en marcha un proceso absurdo e incongruente de acumulación de viviendas ociosos en manos de entidades financieras. La única solución es, hoy por hoy -y previsiblemente por mucho tiempo -, destinarlos al alquiler, precisamente para las familias desahuciadas.

- Para romper este círculo vicioso incongruente y socialmente inaceptable, hay que evitar por todas las vías posibles la pérdida de las viviendas por parte de sus usuarios. La segunda oportunidad debería ser la regla de oro de todas las negociaciones, de todas las propuestas de intervención pública y de todas las modificaciones legislativas.

- Si la economía de un país se puede permitir un Fondo de Rescate de Ordenación Bancaria (FROB) para amortiguar la carga de deuda que soportan los bancos, cuanto más no debería articular un mini FROB para ayudar a las familias sobreendeudada, y evitar así la pérdida de la vivienda que las conduce a la desesperación y a la exclusión social.

- Sólo el destino de un 1,5% de los fondos obtenidos por el FROB a rebajar la deuda de las personas permitiría salvar del desahucio a 30.000 familias que no tienen ingresos suficientes para abordar el coste de sus hipotecas y están abocadas a la pérdida de la vivienda de uso habitual.

- De la misma manera que se acepta que bancos y cajas reconozcan pérdidas contables y se les permite compensarlas con las nuevas ayudas, el mini FROB para las familias debería servir para compensar el diferencial de deuda que las personas no pueden asumir, rebajando la deuda hasta valores soportables para estas familias en sus circunstancias actuales.

2. Regulación y legislación urgente del tratamiento del sobreendeudamiento de las familias

- La proposición de Ley de medidas contra el sobre endeudamiento personal y familiar y de protección frente a procedimientos de ejecución que afectan a la vivienda habitual, aprobada por unanimidad por el Parlament de Cataluña el mes de julio, constituye una base óptima para acelerar la aprobación del nuevo marco legislativo estatal que las familias necesitan de forma urgente.

- Se trata de rescatar del sobreendeudamiento a familias sencillas y inexpertas. La desigualdad de plan de relación entre deudor y acreedor se está reconociendo por jurisprudencias de otros países y por el Consejo económico y social Europeo.

- Se establecerá una instancia a la que las familias con problemas graves de pago de sus viviendas puedan dirigirse para encontrar asesoramiento y apoyo en la negociación. Los mecanismos de mediación o de intermediación para dirimir conflictos de deuda excesivo de particulares, establecidos legislativamente en muchos países, se introducirán en España y con celeridad, como única vía para garantizar la igualdad de trato para todos y para conseguir una implicación real y efectiva de todas las entidades financieras.

- Hay que modificar de forma inmediata el RD Ley 6/2012, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos ("Código de Buenas Prácticas"), reconociendo el fracaso total que ha supuesto hasta la fecha por su falta de realismo al abordar el perfil de las familias que se pueden acoger a ello y al fijar los precios irreales de las viviendas, abriéndolo para hacerlo realmente efectivo.

3. Parque público y social de viviendas de alquiler

- La acumulación de viviendas vacías por parte de las entidades financieras no es sólo un despropósito en términos económicos sino un escándalo social cuando hay población mal alojada o sin hogar.

- Un parámetro fundamental a tener en cuenta en cualquier solución es que hoy las familias afectadas por problemas de pago de su vivienda difícilmente pueden hacer frente a costes superiores a los 150 euros mensuales, afectadas como están por el paro pero también por la pérdida de poder adquisitivo debido al descenso de sus ingresos. Y que, la falta de este tipo de oferta nos está conduciendo fatalmente a un alarmante aumento de personas realquiladas y en infravivienda.

- En consecuencia, el problema que hoy afecta a España no es sólo un problema de solvencia de las familias sino un verdadero problema de política de vivienda y de oferta de vivienda de alquiler a precios sociales.

- Es necesario, por tanto, aprovechar la creación de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de Reestructuración Bancaria (SAREB), para la puesta inmediata en régimen de alquiler social, gestionados por las administraciones públicas o por entidades privadas sin ánimo de lucro, de las viviendas en manos de las entidades financieras, a precios máximos de 200 euros mensuales, y con duraciones de los contratos de un mínimo de 10 años.

- Hay que retirar el anteproyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas porque contribuiría a agravar aún más la extremadamente frágil situación de muchas familias que viven en alquiler o que vivirán a partir de la pérdida de su vivienda de compra.

4. Moratoria inmediata de los desahucios (de hipotecas y de alquileres) de viviendas de primera residencia mientras no se hayan resuelto todos los temas anteriores.

Son estos cuatro ejes de trabajo, que deben acelerar de forma coordinada, los que nos han de permitir superar la grave situación actual de forma coherente.

Entendemos que se han agotado todos los plazos de prudencia que podían aconsejar medidas de prueba y error en la conducción de la dramática situación descrita y conocida hoy por todos. Los datos son claros y las experiencias demuestran las enormes carencias que tenemos para situar nuestras familias en un plan de solvencia económica razonable en relación con sus viviendas.

Cualquier medida parcial e incompleta no hará más que agravar aún más la situación, alargando la agonía de los más débiles. Pedimos por tanto, un acuerdo entre todos los agentes, públicos y privados, para aprobar en el plazo más corto posible el marco legislativo que invierta la situación, nos permita avanzar y no retroceder, como está ocurriendo ahora, hacia el derecho a la vivienda universal e infundir confianza y sosiego en la población.

Barcelona, ​​12 de noviembre de 2012