La actualidad religiosa desde Cataluña

La Plataforma de Entidades Cristianas con los Inmigrantes, que agrupa diversas entidades dedicadas a la atención y el trabajo con este colectivo, rechaza la eliminación del derecho a la asistencia sanitaria a extranjeros sin residencia.
 
En un comunicado dicen que esta medida "representa una grave e inaceptable involución en materia de derechos humanos"y que está "enviando un mensaje populista y muy peligroso de estigmatización de los extranjeros ". Por otra parte, la veintena de entidades que apoyan la declaración dicen que el ahorro económico que representa será mínimo y que puede incluso tener un coste económico superior "cuando muchas patologías acaben derivando en enfermedad grave" o contribuya "a colapsar los servicios de urgencias".
 
Este es el texto de la declaración:
 
Comunicado de la Plataforma de Entidades Cristianas con los Inmigrantes en torno a la eliminación del derecho a la asistencia sanitaria a las personas extranjeras sin autorización de residencia.
 
En relación al Decreto Ley 16/2012 del Gobierno español con el que se introducen diferentes modificaciones legislativas en la asistencia pública sanitaria, la Plataforma de Entidades Cristianas con los inmigrantes quiere hacer públicas sus consideraciones al respecto:
 
1. El mencionado Decreto Ley, entre muchas otras medidas que no son objeto de nuestra atención aquí, elimina del derecho a la asistencia sanitaria a las personas extranjeras sin autorización de residencia en España, un derecho reconocido hasta ahora por la Ley de Extranjería. La asistencia ya sólo se mantendrá en los casos de urgencia por accidente o enfermedad hasta el alta médica, mujeres embarazadas y menores de 18 años.
 
2. Desde nuestro punto de vista, esta medida, de dudosa constitucionalidad, representa una grave e inaceptable involución en materia de derechos humanos, al restringir gravemente el derecho a la protección de la salud y a la asistencia médica de las personas afectadas, reconocido en el art. 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, poniendo también en peligro su derecho a la vida y despreciando su dignidad humana. Asimismo, supondrá un factor de inseguridad y exclusión social para estos colectivos, lo que se añade a la creciente precariedad que sufren ya, enviando un mensaje populista y muy peligroso de estigmatización de los extranjeros.
 
3. En nuestra opinión, esta medida no se puede justificar por la intención de reducir el déficit público, dado que el ahorro económico que representa en el conjunto del presupuesto sanitario es mínimo. Al contrario, es más que probable que, en muchos casos, el hecho de no prestar la asistencia médica oportuna generará posteriormente un coste económico superior, cuando muchas patologías acaben derivando en enfermedad grave. Además, esto puede contribuir a colapsar los servicios de urgencias. Tampoco se puede justificar por el hecho de que existan casos de fraude en la utilización de los servicios de salud por parte de algunas personas extranjeras ("turismo sanitario"). En todo caso, se necesitan medidas para evitar o reducir el fraude que se pueda producir, en vez de eliminar la asistencia de forma generalizada en todo un colectivo.
 
4. Desde nuestro punto de vista, esta medida se integra en una tendencia preocupante de políticas que, en el actual contexto de crisis económica, perjudican especialmente a los colectivos sociales más vulnerables y que debilitan gravemente el Estado del bienestar o Estado social . Esta forma de Estado es una conquista irrenunciable dey la justicia social, que Europa debería mantener y reivindicar como modelo de referencia global.
 
5. Por todo ello, instamos al Gobierno español a rectificar esta medida y a continuar ofreciendo asistencia médica a toda persona que lo necesite. Como recuerda continuamente la Iglesia, "cualquier emigrante es una persona humana que, como tal, tiene derechos fundamentales inalienables que deben ser respetados por todos en cualquier situación" ( Benedicto XVI, Caritas in Veritate, 65 ). Comprendemos la exigencia de reducir el déficit público, pero entendemos que existen otras políticas que pueden obtener los mismos resultados sin poner en peligro prestaciones tan esenciales como son la educación básica y la atención sanitaria universales y gratuitas. La reducción del déficit se puede conseguir con la racionalización del gasto público en diferentes aspectos: la disminución del enorme gasto militar español, la lucha más activa contra todas las formas de corrupción, de abuso de los servicios públicos y de fraude fiscal, la mejora en la gestión y el uso más responsable de los servicios públicos, y un reparto más equitativo de las cargas públicas en función de los niveles de renta, entre otros.
 
 
Barcelona, ​​3 de mayo de 2012
 
 
ACO, Caritas, Cintra-Benallar, Con Vino Vim, Cristianismo y Justicia, Cristianos por el Socialismo, Delegación de Pastoral Obrera de Barcelona, ​​Delegación de Pastoral Social de Barcelona, ​​Ekumene, Fundación Escuela Cristiana, Fundación Migra-Studium, GOAC-HOAC, Grupo de Juristas Roda Ventura, Juego, Justicia y Paz, Interculturalidad y Convivencia, Parroquia de Santa María del Pi, Pastoral Con Inmigraciónn (PAI), Religiosas en Barrios, Unión de Religiosos De Cataluña (URC), Bayt-Al-Thaqafa, Iniciativas Solidarias, Fundación La Salut Alta, y Comunidades de Vida Cristiana.